Tomando como base un informe de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura, otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de Tucumán, el abogado Carlos Garmendia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, realizó una denuncia penal afirmando que 20 presos fueron sometidos a golpizas con tonfas por policías de Infantería, de la patrulla motorizada y de la Comisaría de Yerba Buena.

Según la denuncia, la agresión ocurrió en la madrugada del lunes último, cuando los detenidos estaban durmiendo. Además, uno de los jóvenes manifestó que fue violado por los efectivos en ese contexto, lesiones que fueron constatadas por un médico legal.

Por otro lado, se presentaron dos habeas corpus, ambos superados por la denuncia penal que disparó la investigación en curso. Uno habeas corpus fue presentado por el abogado José Ginés Araez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la jueza Elizabeth Raddi lo rechazó pero lo declaró en abstracto con legitimación colectiva. El otro habeas corpus, cuyo presentante se desconoce, fue rechazado in limine por el juez Lucas Taboada, que a la vez dispuso el traslado de los detenidos. 

Esos siete traslados comenzaron a realizarse el jueves a la madrugada por personal policial, durante el día los familiares manifestaron que no les informaban correctamente el paradero de los prisioneros y recorrían comisarías sin encontrarlos. Uno fue llevado de vuelta a la comisaría de Yerba Buena. Salta/12 consultó a la jueza de ejecución Ana María Iácono, quien indicó que se los envió a comisarías de Marti Coll, Los Pocitos, Tafi Centro, Villa Mariano Moreno, uno de ellos fue a la Unidad 3 y dos al Servicio Penitenciario, sin especificar a dónde fue a parar cada uno. El miércoles ya se habían realizado otros traslados de al menos 4 presos.

La denuncia penal del delegado de la Secretaría de DDHH de la Nación recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. El organismo tomó las primeras medidas el martes. Se constituyó en la comisaría de Yerba Buena para entrevistar a los jóvenes torturados, cuyas edades van de los 20 a los 30 años. Dos forenses del Cuerpo de Medicina Legal constararon lesiones. Además, se secuestró el libro de guardia y los teléfonos celulares de policías.

El director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, consultado por Salta/12, dijo que además de denunciar, se comunicaron con la fiscalía para pedirle que tomara "medidas rápidas" que son algunas de las que ya tomaron y están conformes. Además precisó que enviaron una nota formal al jefe de policía de la provincia "para que ponga especial atención en el resguardo físico de estas personas que siguen estando detenidas bajo la misma fuerza que los había torturado (...) También pedimos que los saquen de esa comisaría".

El funcionario nacional, advirtió que "lo que no puede suceder es que no se informe a sus abogados, familiares, ni defensores dónde están". "Desde la Secretaria vamos a estar día a día siguiendo que esto se lleve hasta las últimas consecuencias", manifestó.

El comisionado por la sociedad civil del mecanismo provincial contra la tortura, Fernando Korstanje, dijo a Salta/12 que la comisaria y subjefa de la Comisaría de Yerba Buena, Fabiana Villagrán, fue quien estuvo a cargo de la dependencia cuando se produjeron las torturas. La funcionaria fue trasladada a otra dependencia policial, "a cuatro cuadras", después de esta denuncia.

Korstanje intervino luego de recibir una denuncia de la pareja de un preso, alojado en un calabozo colectivo donde permanecían hacinados 20 internos, la mayoría incluso cumpliendo condena, en la Comisaría de Yerba Buena. La mujer relató que en la madrugada del lunes ingresó un escuadrón de la Infantería a golpear a los 20 detenidos cuando se encontraban durmiendo.

El comisionado recibió en su teléfono celular denuncias y fotografías de cuerpos lacerados, mediante mensajes de otros familiares y allegados de los prisioneros. Ante ello fue a inspeccionar la dependencia y entrevistar a las víctimas a las 11.05, acompañado por Mariana Perea, integrante del Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa (CDESCO), organización que cuenta con aval del Comité Nacional de Prevención de la Tortura para realizar monitoreos en las instituciones de encierro. Después, pasadas las 15, llegó también la abogada Claudia Ochi, defensora de un prisionero torturado.

Los testimonios de las torturas

Korstanje solicitó entrevistarse en privacidad con los internos. Los detenidos manifiestaron temor a nuevas represalias y solo se mostraron dispuestos a hablar de manera colectiva. El comisionado relevó los testimonios.

Los prisioneros son 20 en un calabozo común de 4 por 4 metros. Relataron que en horas de la marugada, mientras se encontraban durmiendo, fueron sacados de la celda por un grupo de Infantería de más de 30 hombres, que los arrojaron desnudos al patio, obligándolos a apilarse unos sobre otros, golpeándolos con cachiporras por la espalda. También indicaron que en la Comisaría los únicos que no fueron torturados fueron dos detenidos que se alojan en lo que llaman un "calabozo VIP".

Korstanje contó que los 20 torturados se levantaron las remeras y se bajaron los pantalones para enseñar las heridas causadas por el personal policial. Él tomó fotografías que adjuntó luego al informe de la Comisión y ante la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

Relevó además que dos de los detenidos padecen epilepsia, sufren frecuentes convulsiones por falta de medicación, y fueron golpeados igual que los demás. El comisionado recibió el testimonio de un detenido que fue quemado con cigarrillos por negarse a apilarse desnudo sobre otro detenido.

Una violación sexual

Korstanje dijo que otro joven, ya habiendo sido trasladado el miércoles último a otra dependencia policial, le informó que fue violado por efectivos con la tonfa, estas lesiones fueron constatadas por el médico forense.

El interno cumplirá la totalidad de su condena en mayo de este año, la pena que tenía era de un año y tres meses. El comisionado expresó particular preocupación por el joven, debido a que había sido señalado por la comisaria Villagrán y por el comisario Marcelo Risso Patrón "como líder" del grupo.

Korstanje contó que el joven se había cosido la boca y los párpados antes "porque le negaron la libertad condicional, pese a tener todos los informes positivos", por un informe del Consejo Correccional, que dijo "que no les consta que durante la condena haya hecho educación, talleres, tratamiento psicológico. No lo hizo porque está encerrado en un calabozo las 24 horas", señaló.

Hacinamiento

Korstanje relevó que la mayoría de los detenidos "son condenados que no deberían estar en esa Comisaría". Indicó que el Estado no les provee alimentación (lo que calificó como "la primera tortura"), y los familiares deben llevarles la comida de forma diaria. "No salen a tomar sol, salen solo una hora a la semana para la visita con familiares. Todo el resto, es encierro", sostuvo.

Además, indicó que en esas circunstancias no se aplica ninguna medida que posibilite la reinserción porque no tienen acceso a la educación, "el que entra analfabeto sale analfabeto", tampoco pueden acceder a talleres de oficios, ni tienen a la posibilidad de realizar deportes o estirar las piernas en un patio. Tampoco acceden a terapias psicológicas.

Korstanje dijo que midió antes el calabozo en cuestión en una inspección anterior cuando había 28 detenidos juntos, y es de "4 por 4" y tiene la letrina adentro.

Señaló que hay una problemática grave de hacinamiento en el sistema penitenciario y por eso los presos con condena terminan cumpliendo la pena en las comisarías y a disposición de los comisarios, que deciden incluso traslados sin control judicial.

Przybylski dijo que el hacinamiento es un problema nacional y lo atribuyó a un "exceso de prisionalización" que hace que las cárceles se saturen, y que los presos pasen a las comisarías donde observan innumerables problemas. "Son los jueces los que disponen las prisiones preventivas, (hay) mucha gente presa por delitos de tentativas de hurto, delitos que deberían tener otro tipo de solución o salida desde el sistema penal. La prisión tiene que estar para casos graves y con condena", manifestó. Señaló que ya hay condenas contra el Estado argentino por este tema.  "Estas discusiones son problemáticas para tratar desde la política", consideró y planteó que hay que cambiar algunas "leyes perjudiciales".

Por la situación denunciada en la comisaría de Yerba Buena, la Comisión informó a la jueza de ejecución Ana María Iácono, también a la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de Tucumán, Graciela Sare, y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Simulación de un motín

Los detenidos denunciaron ante la Comisión que los efectivos les arrojaron zapatillas al techo para armarles una causa por fuga. Korstanje contó que pidió una escalera, y cuando subió al techo, encontró dos zapatillas de diferentes pares pertenecientes a distintos detenidos.

El comisionado dijo que la versión del inexistente motín fue dada por el jefe de la Unidad Regional de Yerba Buena a la prensa. Cuestionó que los periodistas hayan dado espacio a familiares solo para preguntarles por un supuesto "boquete" que no existió y que no indagaran por las torturas.

Las explicaciones de la comisaria

Villagrán fue el lunes por la tarde fuera de su turno a la Comisaría para dar su versión a la Comisión y a la prensa. Korstanje indicó que la funcionaria dijo que el fin de semana venía gestándose un clima de malestar por reducción de visitas y pedidos de traslados a unidades penitenciarias.

La comisaria habría manifestado que ella es vista por sus compañeros y por los detenidos como “blanda”, quizás "por su condición de mujer", por lo que ante los ruidos extraños y golpes en las paredes les solicitó a los internos que cesaran en su actitud y que retiraran frazadas que impedían ver lo que sucedía adentro. Aseguró que recibió una negativa de parte de los internos y por eso solicitó el auxilio de Infantería.

Sobre los golpes de los internos, la comisaria "manifestó que ella estuvo presente en todo momento y no es testigo de que los internos hayan sido golpeados", señaló el informe de la Comisión contra la Tortura. Además la funcionaria indicó que probablemente se hayan producido los golpes dentro del arresto en circunstancias en que la Infantería sacaba a los presos que se negaban a salir, pero negó que hayan sido apilados en el piso del patio y castigados.

La comisaria dijo al comisionado, a la miembra de CDESCO y a la abogada particular que los internos “mienten”. También se le consultó si grabó el procedimiento de Infantería y dijo que no lo hizo porque después "se viralizan cosas" y que tampoco había cámaras en la Comisaría.

Sin embargo, Korstanje dijo que los presos le indicaron que Villagrán sí grabó con su celular, y que una buena investigación debería constatarlo. Además, las fotografías y las lesiones constatadas por los médicos forenses evidencian la tortura.

Explicaciones e intentos de "sobornos"

Korstanje señaló que al entrevistar al comisario Marcelo Risso Patrón les explicó que la noche anterior estuvo a cargo de la dependenca la comisaria Villagrán y que lo había llamado como a las 3 de la mañana para informarle que en el arresto los detenidos tenían quejas porque el sábado, por falta de personal, se había reducido el horario de visitas. Las protestas se expresaban en golpes en las rejas y en las paredes y, como el edificio es viejo, se temía que pudieran llegar a hacer un boquete.

"Respaldó la decisión de Villagrán de convocar a la Infantería de la Unidad Regional Norte a cargo del comisario mayor Beltrán y oficial principal Fiorenza", indicó Korstanje.

El comisario dijo que en la madrugada llegaron dos equipos de Infantería de 7 efectivos cada uno, más la guardia que se encontraba en la Comisaría y la patrulla motorizada. También aseguró que no sabía nada sobre la golpiza a los detenidos, pero tenía constancia en ese momento de "la queja por golpes".

Korstanje dijo que lo único que aparece como causal de la represión fue el reclamo por la reducción de la visita del sábado, que no es vista como un derecho de los internos. El comisario le habría expresado que “se mal acostumbran" y "un día que les recorto las visitas se enojan”.

Agregó que los familiares de los internos dijeron que Risso Patrón "intentó calmar" la situación pero también sobornarlos con favores, "vamos a andar bien, no va a pasar más, no denuncien así no los traslado", les habría dicho. El comisionado agregó que el comisario trató de estar en las entrevistas con los presos y familiares.

Sin presupuesto para prevenir la tortura

Korstanje firmó un informe que fue presentado ante la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, organismo que encomendó a Garmendia que hiciera la denuncia penal.

La Comisión contra la Tortura tiene a su cargo la elaboración de los registros de muertes en custodia y torturas, Korstanje señaló que no tienen asignado ningún presupuesto para cubrir lo más elemental como viáticos, un abogado o abogada, ni oficina.