Una de las últimas noticias que llevará el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, al Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es que en la Argentina 132 personas que fueron apropiadas durante la dictadura restituyeron su identidad. La cuota emotiva estará dada por el hecho de que él es parte de ese número, uno de los hombres y mujeres que conocieron quiénes eran gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

La situación de las políticas de verdad y justicia ocupará una parte importante de la exposición del próximo lunes. En el informe que el gobierno presentó a finales del año pasado, ya había marcado la diferencia con el último EPU que se hizo en 2017 y quedó en manos del entonces secretario Claudio Avruj. “El proceso de memoria, verdad, justicia y reparación es nuevamente una política de Estado en Argentina. Con sus diversas vicisitudes, el juzgamiento de estos crímenes ha avanzado considerablemente”, dice la presentación que ya se hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El avance del proceso de juzgamiento puede cuantificarse. Hay 1117 personas condenadas por delitos de lesa humanidad y 168 que fueron juzgadas y resultaron absueltas. Son 643 las causas que se iniciaron desde 2006, cuando se pusieron en marcha los juicios a los genocidas después de casi dos décadas de impunidad. La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en 278 expedientes.

Durante esta gestión, se creó un cuerpo de peritos para que examine a los imputados y se conformó una unidad especial de investigación en delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica, que es el área en la que los tribunales plantean más obstáculos a la hora de avanzar.

En materia de sitios de memoria, se realizaron alrededor de 250 señalizaciones y el gobierno trabaja en la conformación de un espacio de memoria en Campo de Mayo. En paralelo, se impulsa la candidatura del espacio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como patrimonio de la Unesco.

Pero siguen existiendo deudas en el proceso de verdad y justicia, como advirtieron el CELS y Memoria Abierta. “Aún falta que el Estado desclasifique, realice un relevamiento exhaustivo, que se haga público el inventario y que se permita el acceso a la mayoría de los archivos de inteligencia producidos por las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado", escribieron.