Los principales indicadores oficiales vinculados con el mercado laboral para el primer trimestre de 2017 reconocen las consecuencias del modelo de acumulación económica iniciado en diciembre de 2015. El agravamiento de la situación socioeconómica, en particular en el conurbano bonaerense, se visibiliza con el índice de desocupación que alcanzó el 9,2 por ciento a nivel nacional y el 11,8 por ciento para los partidos del Gran Buenos Aires. Tratar de interpretar los resultados registrados del mercado laboral en el conurbano, sin contemplar su estructura y coyuntura productiva representaría un error metodológico, pero fundamentalmente conceptual.
La provincia de Buenos Aires concentra el 50 por ciento del valor agregado industrial y el 30 por ciento del total de establecimientos productivos del país. De ese total, el 50 por ciento se encuentran en el conurbano bonaerense; es decir, el 15 por ciento del total nacional.
De ese entramado productivo, el 95 por ciento del total de empresas localizadas en el conurbano son Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Mipymes), las cuales concentran cerca del 70 por ciento del empleo. La participación de las Mipymes es aún más elevada (99 por ciento) cuando se circunscribe el análisis a la construcción, la industria y el comercio; actividades fuertemente dependientes del mercado interno.
Por su condición (tamaño empresarial) son rehenes del monopolio de los insumos básicos en el inicio de la cadena de valor y de las cadenas de comercialización al final de las mismas, lo que estrecha al máximo su capacidad para trasladar a precios los aumentos en sus costos.
La industria textil, la de calzados, cuero y marroquinería, la fabricación de muebles, tienen una destacada participación en el entramado industrial, pero principalmente en las Mipymes, que son justamente las actividades más afectadas por el ingreso de productos importados.
El conurbano posee: a) un denso tejido productivo; b) predominantemente pyme; c) que concentra gran parte del empleo; d) que vende casi en su totalidad su producción al mercado interno; e) que son el eslabón más débil de la cadena y f) con una fuerte participación de sectores vulnerables al ingreso de productos importados.
Ganadores y perdedores
Un modelo de crecimiento representa una definición política e ideológica y, como tal, genera apoyos, resistencias, tensiones y problemas. Las medidas macroeconómicas adoptadas en los últimos 19 meses son congruentes y coherentes con un proyecto político que trazó una clara línea divisoria de ganadores y perdedores, impactando de manera diferencial sobre cada uno de los sectores productivos y territorios, según la estructura productiva y el grado de inserción internacional en el que se trate.
En el primer grupo (ganadores) se encuentran: los grandes exportadores de granos, el minero y el energético que presentan características en común: a) Baja participación en el PIB (entre los 3 sectores apenas alcanzan los 13 puntos); b) no son grandes demandantes de mano de obra; c) poseen una concentración productiva considerable; d) tienen elevada rentabilidad y son generadores de divisas (que en muchos giran sus utilidades al exterior sin reinvertir en el territorio). El otro vector de rentabilidad definido es la valorización financiera a través de una política de altas tasas de interés con el fin de contener la inflación.
Esas reglas de juego establecidas a partir de diciembre de 2015 (devaluación, apertura comercial y aumento de las tarifas de los servicios públicos) para la expansión de estas actividades, provocaron simultáneamente la fuerte contracción de otras actividades (perdedores) como la industria, el comercio y la construcción.
En el caso particular de las pymes el desplome del mercado interno (con “precios nuevos, salarios viejos”, destrucción de puestos de trabajo y modificación de la canasta de consumo), sumado a la apertura de importaciones y al aumento de costos (materias primas e insumos dolarizados con actualización tarifaria de los servicios entre 400 y 1000 por ciento) resultó un cóctel implosivo que está poniendo en jaque su sostenibilidad en el corto plazo.
La caída en los márgenes de rentabilidad de las actividades (tanto por volumen como por unidad) provocó que sólo en 2016, la cantidad de empresas cerradas alcanzara los 4462 casos. De ese total, más de 2500 firmas correspondían al segmento de las micropymes, de hasta 10 empleados. Además, en 2016 se redujo un 1 por ciento el empleo formal, lo que equivale a 68.314 puestos de trabajo.
Los niveles de producción del entramado pyme se encuentra entre un 40 a 70 por ciento por debajo de su capacidad instalada, haciendo inviable afrontar simultáneamente las obligaciones salariales, tributarias y operativas.
En ese contexto, la reducción de la jornada laboral (con menos turnos por día y menos días por semana), las suspensiones y los despidos de personal son algunas de las medidas que forzadamente adoptan las firmas para ajustarse a su nueva realidad.
La prolongación de la situación recesiva como resultado (y ausencia) de las políticas nacionales, está provocando que diversos municipios (Moreno, General San Martín, Luján, entre otros) declaren la Emergencia pyme en sus distritos, viéndose forzados a realizar esfuerzos tributarios locales (desgravaciones impositivas, planes de pago, moratorias) en un contexto de marcada merma de las recaudaciones municipales.
En el túnel
La sombría realidad productiva tiene su correlato en el agravamiento de la situación social. Las pymes representan una de las fuerzas que puede ayudar a sacar a la economía de la recesión o profundizar aún más las dificultades existentes, según las decisiones que se tomen en los próximos meses.
A juzgar por los resultados obtenidos, no parece esperanzador los próximos kilómetros dentro del túnel. La “Ley Pyme” o el “Plan de Transformación Productiva”, aun reconociendo la crisis, no aportan soluciones de fondo a la situación existente, básicamente porque no atacan el problema principal que es la caída de la demanda agregada. Más que un plan para hacer más competitivos a sectores industriales “sensibles”, pareciera ser un proceso deliberado de desindustrialización asistida por el Estado.
Los juicios laborales y la presión tributaria no pueden constituirse en razones que puedan justificar la caída sostenida en los niveles de actividad de las pymes. Tales elementos estuvieron presentes en gran parte de los últimos 15 años, cuando los ingresos aumentaban como consecuencia del crecimiento de la demanda interna.
La falta de crédito, el aumento de costos, la apertura indiscriminada de importaciones y la ausencia de políticas de estímulo a la demanda agregada ponen en jaque e impiden el desarrollo de las firmas, situando la economía del Gran Buenos Aires lejos de una senda próspera en el horizonte de mediano plazo.
La pérdida de puestos de trabajo en forma masiva y las consecuencias que se avecinan sobre las variables sociales y aumento de inseguridad ya son conocidas y representan un sendero al que dos años atrás era impensado regresar.
En definitiva, la emergencia en el conurbano ya no es sólo productiva, sino labora y social.
* Economista.
