Las acciones de los vecinos en los acampes de San Ramón de la Nueva Orán y Embarcación (ambas en el departamento Orán) y en Tartagal (departamento San Martín) continuarán esta semana. En la cabecera departamental de Orán, los usuarios en lucha están convencidos de que si no resisten, cambiará poco. Esta semana, durante las noches de corsos, los caciques de las distintas comparsas exhibirán carteles en contra del tarifazo. Se decidió esa acción directa en el acampe frente a las oficinas de Edesa, como un modo efectivo de despertar conciencia y solidaridad.
La sociedad anónima que controla la energía eléctrica salteña, Edesa, activó un tarifazo sostenido desde el pasado octubre de 2022 y los usuarios se negaron a pagarlo cuando las tarifas de diciembre llegaron a cifras imposibles de afrontar. La semana pasada, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto que crea una tarifa diferencial por zona cálida. El gobierno persigue aliviar el bolsillo de los vecinos de los departamentos del norte salteño, Orán, San Martín y Rivadavia, también en Anta, departamento del sur provincial. El punto es cómo.
“Nosotros tomamos la iniciativa del gobernador, pero ahora queremos participar en la redacción de la norma reglamentaria”, adelantó a Salta/12 Josefa Cardozo, referente del acampe en San Ramón de la Nueva Orán. Los puntos que aprobó la asamblea la semana pasada y quieren incluir en la reglamentación son dos: un solo valor de la energía que equipare las tarifas del norte salteño con grandes ciudades como CABA o Córdoba, y que la bonificación de la tarifa diferenciada por zona cálida sea del 80%.
Sobre las nuevas medidas de acción directa, Cardozo brindó más detalles. “Estamos discutiendo protestar sobre la cinta asfáltica en el cruce de Pichanal (entre las rutas nacionales 50 y 34). También, convocar a una caravana en todas las localidades con acampes para mostrar nuestra fuerza”. En realidar serían camintas que se harían en cada localidad. Luis González, referente en el acampe de Embarcación, confirmó a este medio que continuarán con el bloqueo a las oficinas de Edesa de esa localidad. Mañana realizarán una marcha para crear conciencia entre los vecinos. Concluirá frente a la oficina de la empresa eléctrica en Embarcación.
El calor extremo, con temperaturas que alcanzan los 45 grados y una sensación térmica aún mayor, completan un combo insostenible. La empresa que distribuye la energía eléctrica, Transnoa, también se encuentra en el ojo de las críticas de los vecinos. El nombre reaparece en cada ciudad con acampe de usuarios que no dejan de postear fotos que documentan las fluctuaciones cotidianas de la tensión. Un merendero ubicado en los alrededores de Orán (Barrio Libertad) y que pertenece a la organización Nuestra América fue devorado por las llamas el fin de semana. Los vecinos suponen que el siniestro fue generado por las altas y bajas permanentes en la tensión del suministro eléctrico.
El acampe de Tartagal tuvo algunas dimisiones de organizaciones populares piqueteras el fin de semana. Tres agrupaciones se retiraron del acampe: Octubres, Nueva Independencia, y La 29. Continúan Izquierda Latinoamericana, Dignidad y Somos Barrios de Pie. Quienes aún continúan en pie de lucha, sospechan que las divisiones son estrategias instigadas por autoridades provinciales. “La verdad es que hay una distorsión de la lucha donde se mezclaron cuestiones personales de grupos piqueteros. Vinieron a romper, pero el acampe sigue y quedaron las fuerzas más grandes del departamento San Martín”, manifestó Héctor Soria, de Somos Barrios de Pie Tartagal.
Esta semana las organizaciones que permanecen en el acampe de Tartagal decidirán si pactan o no una tregua, mientras descomprimen y esperan que el gobierno reglamente el DNU N° 50 sobre una tarifa diferenciada por zona cálida. “Se trata de un acta acuerdo que firmaríamos con el gobierno. Sumaremos nuestros pedidos puntuales, como una tarifa diferenciada social y otra comercial. Sabemos que la provincia tendrá un encuentro con Nación (asistirá a la empresa con 1.300 millones de pesos), pero nosotros queremos una solución concreta de la provincia”, adelantó el referente de Somos Barrios de Pie.
El interlocutor de los vecinos y organizaciones con la empresa será el cura Elio Cruz. Los referentes sociales acordaron plantear al Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta y al gobierno un compás de espera hasta que se defina cómo se aplicará la bonificación tarifaria por zona cálida. “Si en 20 días, que es el plazo que establece el DNU, no tenemos novedades concretas, el acampe se trasladará a la ruta (por la nacional 34) y no descartamos realizar cortes”, precisó Soria.
La Unión lucha por el agua
“Estamos peleando con el calor y sin agua”, contó a éste medio Abel Pereyra, referente de la comunidad originaria Barrio Municipal. Se encuentra dentro de la planta urbana de la localidad de La Unión, en el departamento Rivadavia. “Desde mi niñez no contamos con agua potable, tengo 40 años ya. Por eso estamos luchando”. Se trata de una planta urbana con alrededor de 2500 habitantes. Son estimaciones, porque según el Censo 2010, la población sobrepasaba levemente los 2300.
La Unión integra el municipio de Rivadavia Banda Sur, uno de las tres jurisdicciones comunales del departamento Rivadavia. Se encuentra sobre derivaciones del río Bermejo, una serie de humedales secos y degradados, que forman parte del Chaco semiárido. La relación de la población salteña con la búsqueda de agua segura es más bien reciente. El primer pozo de la localidad fue excavado por YPF, cuando todavía era una empresa cien por ciento estatal. El segundo pozo de agua se realizó durante la gestión de Mauricio Macri. La obra del tercero comenzó la semana pasada, en el paraje El Islay, diez kilómetros al sur de La Unión.
“La Unión lucha por el agua” es la página en la red social Facebook de la Asociación de Vecinos Unidos que el 11 de enero pasado realizó una presentación por vía administrativa. Básicamente, solicitaron a las autoridades del Estado salteño (municipal y provincial) que arbitren los medios para garantizar el suministro de agua potable apta para consumo humano. Simplemente dijeron basta. El último pozo excavado durante la gestión presidencial de Macri y con Juan Manuel Urtubey en provincia no tuvo en cuenta los estudios geológicos de los reservorios de agua en la zona. Por lo tanto, de la planta de tratamiento de la estatal Aguas del Norte los desechos tóxicos (arsénico y otros minerales) van a parar directamente a una laguna cercana. Ese ojo de agua o madrejón es fuente de provisión de agua para pobladores y animales de dos comunidades originarias del Pueblo Wichí: Ñandutí y Asunción.
“No sabemos por qué no revisaron los estudios que se realizaron hace años sobre la calidad de los acuíferos en esa zona”, dijo Cristina Rossetto, la única técnica del INTA en Rivadavia Banda Sur. Veterinaria de profesión, trabaja con los pequeños productores ganaderos criollos de todas las localidades que se encuentran en ese municipio (Santa Rosa, Rivadavia, las principales sobre la ruta provincial 13).
“La última sequía importante fue en 2009. Ahora atravesamos una nueva. Es muy duro ver morir a los animales (vacas y cabras principalmente) por falta de agua y por hambre. El deterioro físico les provoca morbilidades, por lo que pueden contraer cualquier enfermedad que al final, también los mata. La provincia, ocasionalmente envía forraje y medicamentos básicos para el botiquín del pueblo (por La Unión). Nada más”.
“El problema en La Unión es que la población tiene agua a partir del sistema de cañerías”, explicó la técnica. Al sistema de distribución del agua potable lo financió Nación. “Los abogados de ALFA nos están ayudando para que tengamos acceso a toda la obra de El Islay, No queremos que nos pase lo mismo que con el último pozo”, continuó. “El 80% del agua que se extrae de allí se desecha, es la que va a parar a la laguna que se encuentra cerca de dos comunidades wichí. Solo es utilizable el 20% para abastecer el pueblo”.
Las autoridades de la Asociación de Vecinos Unidos de La Unión son patrocinadas gratuitamente por el equipo de abogados y abogadas con visión de servicio comunitario (ALFA), la Red de Organizaciones Sociales de Niñez y Adolescencia Territoriales Argentina (RONAT), y la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. En el primera solicitud que ingresaron, se basaron en la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) y su reglamento (ley provincial 8.173). Solicitan que el municipio de Rivadavia Banda Sur facilite toda la información sobre montos de inversion y detalles de todas las obras para lograr el tan deseado abastecimiento de agua potable en la localidad en los últimos cinco años. También, que las autoridades muncipales y provinciales expliquen claramente de qué manera aseguran la calidad del agua, la localización exacta de los pozos, redes y plantas potabilizadoras. Finalmente, que detallen el tipo de tratamiento de los desechos del retrolavado en la única planta del pueblo.
“El problema de las comunidades es gravísimo”, recordó Silvia Soria, aludiendo por igual a criollos y originarios. “Hace más de 30 años que no tenemos agua potable para consumo humano”, ratificó. Es docente en la escuela secundaria de la localidad, que se encuentra en el sur del enorme departamento salteño de Rivadavia. “La primaria de esa escuela, que recibe a 750 chicos, no tiene agua potable, tampoco agua corriente. El personal de limpieza resuelve sus tareas con jarros”, relató. “El intendente (por el histórico Leopoldo Cuenca) siempre nos dice que no hay fondos y que no puede hacer nada”, completó el vocal de la comunidad originaria Barrio Municipal, Aldo Pereyra. Cuenca lleva 19 años como jefe comunal de esa localidad.
“Lo que sucede es que no podemos estar comprando agua mineral todos los días”, dijo Pereyra. “Un botellón de 20 litros cuesta 600 pesos y una botella de un litro, 200. No podemos gastar ese dinero todos los días por cada miembro de nuestras familias”. El vocal explicó que desde la intendencia reparten un tacho de mil litros por cada familia indígena. Son alrededor de 40 y la cantidad de agua no alcanza para la semana. "Uno o dos días, y hay que esperar hasta el nuevo reparto. Queremos agua segura y potable en las canillas”, reclamó.
El 19 de enero pasado, el municipio de Rivadavia Banda Sur posteó en redes sociales: “en estos días llegarán los materiales para comenzar la obra del acueducto a cargo de la empresa Betton. El acueducto recorrerá diez kilómetros (...) desde este nuevo pozo hasta la planta de ósmosis inversa que la empresa Aguas del Norte tiene en La Unión. Allí se procesará el agua que luego mediante la red nueva llegará a los vecinos de la zona”. Sin embargo, los vecinos temen que el líquido no sea “bueno” y no solucione los problemas de la localidad. “Prometen el pozo desde 2021 y ahora dicen que estará listo en tres meses. No queremos continuar así. Necesitamos agua segura para poder vivir”, concluyó Silvia Soria.
