Desde la asunción de Mauricio Macri al cargo de Presidente de la Nación, la Argentina evidenció un cambio significativo de rumbo económico que tiene al endeudamiento público externo como un instrumento clave de sus propósitos. Si bien el ritmo de endeudamiento público ya registraba una tendencia levemente creciente en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el volumen del nuevo endeudamiento, las condiciones a las que se contrajo y el esquema económico general que enmarcan las medidas relativas al financiamiento público, sufrieron un cambio conceptual estratégico y de no menor magnitud a partir de la llegada del gobierno de Cambiemos.

Al 31 de diciembre de 2016, la Deuda Pública Total (deuda pública bruta que incluye deuda no presentada al canje) ascendió a 275.446 millones de dólares (54,2 por ciento del PIB), lo que implica un aumento de 34.781 millones con respecto al 31 de diciembre de 2015 (un crecimiento del 14,5 por ciento versus un 2,4 por ciento que creció en 2015 respecto al año 2014). El hecho a destacar es que en apenas 400 días de gestión, la deuda externa (en manos de residentes extranjeros) alcanzó los 86.500 millones de dólares (17 por ciento del PIB), 35,8 por ciento por encima de la registrada a finales del último trimestre de 2015. 

Adicionalmente, se observa que la fuerte tendencia de endeudamiento observada durante 2016 se ha acelerado, puesto que entre enero y abril de 2017 se emitieron entre bonos y letras del Tesoro más de 22.675 millones de dólares (cerca del 30 por ciento corresponde a deuda externa), lo que implica que en tan sólo cuatro meses ya se emitió más de la mitad de todo lo emitido en 2016.

Aunque el nivel de reservas del BCRA prácticamente se duplicó desde el 2016, el ratio Deuda Pública Externa/Reservas, aumentó de 248 a 280 por ciento en septiembre de 2016, lo que, junto con otros indicadores de sustentabilidad de la deuda (DPE/PBI y DPE/Exportaciones), refleja un franco deterioro en la capacidad de pago de los compromisos asumidos por el país.

En otras palabras, la divisas necesarias para el pago de la deuda (capital e intereses) a lo largo de 2017 y 2018, asciende a la abrumadora de suma de 90.000 millones de dólares, y si sólo se consideran intereses (al suponer que el capital se cancela con nueva deuda) la suma es de 22.401 millones, lo que representa casi la mitad de las reservas actuales del BCRA.

En vista de que, tal como estima el gobierno (Presupuesto Nacional enviado al Congreso), la economía no tendrá un superávit comercial en los próximos años, el círculo vicioso de tomar deuda nueva para pagar deuda vieja, es un hecho inexorable que habla de la debilidad estructural del modelo y condicionará fuertemente la marcha de la económica nacional.

Déficit y fuga

Además de presentar serios problemas de insolvencia, el esquema impulsado por el gobierno de Cambiemos, plantea el retorno al endeudamiento externo abusivo sin una orientación clara al crecimiento y el desarrollo nacional. El proceso de endeudamiento descrito se ha orientado a financiar un creciente déficit fiscal (nacional y provincial), la fuga de divisas y el movimiento especulativo de capitales. 

Este nuevo proceso de endeudamiento público se caracteriza además por un incremento en los avales y garantías para el endeudamiento de los gobiernos provinciales. Desde inicios de 2016 hasta abril del 2017, las emisiones provinciales en moneda extranjera (incluyendo CABA) alcanzaron un total de 10.126 millones de dólares. 

Estos bonos con jurisdicción externa se adjudicaron a una tasa de rendimiento promedio del 7,72 por ciento anual y una amortización media de 8 años, lo que refleja que para las provincias, el arreglo con los denominado “fondos buitre” no ha significado una mejora sustancial en el costo de financiamiento, hecho que repercute directamente en el requerimiento nacional de divisas para el repago de los compromisos.

El endeudamiento externo y la fuga de capitales son dos caras de una misma moneda, sobre todo cuando se liberaliza el movimiento de capitales y se facilita el acceso irrestricto a la divisa, como ocurrió con el cambio de gobierno. Esto confirma el problema de insolvencia del esquema actual. Una economía que permite que salga del sistema productivo formal un monto millonario de divisas se dirige inexorablemente al estrangulamiento externo y a la crisis del Balance de Pagos, como ya sufrió el país en otras oportunidades.

Existen muchos argumentos para pensar que el proceso de endeudamiento público que está impulsando el actual gobierno, se aleja peligrosamente de los intereses nacionales y del bienestar general de los argentinos. 

La política económica y de endeudamiento público que está llevando a cabo el gobierno de Cambiemos, es un tema de ineludible tratamiento y atención, puesto que se condiciona y determina fuertemente la independencia económica y la soberanía nacional, dos aspectos que se encuentran fuertemente arraigados en la conciencia y la identidad nacional.

* Fundación Pueblos del Sur.