Una grúa maniobra un container de más de diez metros de largo. Está asignándole un lugar en la estiba de la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires, en la parte donde se realizan las verificaciones exhaustivas de la carga, porque recibieron una alerta roja. En este caso, la alerta llegó porque hace más de sesenta días que el container llegó de China y nadie comenzó con los trámites necesarios para su retiro. En los papeles, el container estaba lleno de insumos informáticos. Pero no. 

Anteojos Ray Ban, imitaciones de remeras del Arsenal, fundas de teléfonos celulares, auriculares, pantuflas, buzos, zapatillas, vapeadores, medias. Una cajita con un parlante y dos cargadores, que parece responder a un pedido particular. Está repleto de bolsas de residuos y cajas y cajitas y bolsas y bolsitas con mercadería que pretendía entrar de forma ilegal al país.

- ¿Por qué nunca lo vinieron a retirar, sabiendo que eso podía  activar la alerta?, le pregunto a Corina Etchevest, jefa de Fiscalización Terminal 4.

- Con el cambio de gestión se generó miedo. La bajada es taxativa, y los controles son muy rígidos. El señor se puede haber arrepentido de querer entrar mercadería de forma ilegal. 

Las multas de Aduana a las empresas se sextuplicaron en seis meses. Desde que Guillermo Michel, hombre cercano a Sergio Massa, tomó el mando de la Dirección General de Aduanas (DGA) en julio del 2022 se duplicaron los operativos de control de exportaciones e importaciones y se multiplicaron aún más las notas en los medios. 

Desde irregularidades con las importaciones o exportaciones de neumáticos, zapatillas, aceite de soja e insumos electrónicos- las más comunes- hasta máquinas para minar criptomonedas, instrumentos musicales, semen de caballo, un toro Angus reproductor y hasta la aparición de un cráneo de un niño momificado que tenía destino a Brooklyn, Estados Unidos son algunos de los operativos que el organismo comenzó a comunicar periódicamente a los medios de comunicación con el objetivos de disciplinar a potenciales infractores. 

"Y funcionó", asegura Michel mientras come pollo asado en el edificio de Azopardo 350 desde el que funciona, desde 1910, la DGA: "Se pudo generar una percepción de riesgo en las empresas". En los números, la gestión celebra el aumento de 667 por ciento en los cargos y multas que se aplicaron entre el primer y segundo semestre del año: hasta la llegada de Michel, se analizaron 14.134 operaciones aplicando cargos suplementarios y multas por 132,7 millones de dólares. Desde julio, las operaciones se duplicaron -33.150 - y los cargos y multas aplicadas ascendieron a 1.018,4 millones de dólares.

Las operaciones de control estuvieron mayormente focalizadas en importaciones, que concentraron el 81 por ciento de los operativos. "El denominador común", explicaron desde el organismo en un informe al que accedió este diario, es " la triangulación comercial nociva, que impacta en el egreso indebido de divisas". "El negocio hoy es la brecha: no es que la gente declara un bien y trae otro, sino que lo registran con un monto que es mayor al real para acceder a dólares al tipo de cambio oficial y hacer negocio con el dólar puré", traduce Michel. 

Los rubros que cometieron una mayor cantidad de ilegalidades fueron minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos con productos provenientes fundamentalmente de Estados Unidos.

Festival de cautelares

En el mismo tono, la nueva gestión de la Aduana formó parte de otra decisión que hoy celebra: hace tres meses el ministerio de Economía cambió el sistema para autorizar las importaciones, reemplazando las SIMI por las SIRA con la promesa de agilizar los procedimientos.

"Antes de la implementación de las SIRA había 2.600 millones de dólares en cautelares, ahora ya no queda ninguna", celebró el titular de la Aduana, "desde que comenzó SIRA se presentaron pocas cautelares y no se ha perdido ninguna". El organismo que conduce el hombre cercano a Massa tiene un plantel de dieciséis abogados que trabajan exclusivamente para analizar estas medidas. De acuerdo al análisis del organismo, las empresas desisten de presentar amparos judiciales porque el sistema nuevo cuenta con mayor cantidad y procesamiento de información, y genera una alerta si los importadores realizan una utilización abusiva de cautelares, complicando aún más la operación. 

Además del disciplinamiento, el organismo pretende aumentar los controles físicos con tecnología para hacer más eficiente el trabajo de fiscalización. Para eso, intimó a todas la aduanas en las fronteras del país a que instalen un escáner de arco, que permite escanear 160 camiones por hora, casi cinco veces más que los actuales. Hasta ahora hay un solo aparato de este tipo en el país: aquel implementado por la operadora APM Terminal, que tiene la concesión de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires. "La tecnología que hay hoy en las terminales es de 2015", aseguran desde el organismo. Como demanda una inversión de por lo menos 6 millones de dólares la intimación, que vencía en noviembre de 2022, se prorrogó por tiempo indeterminado.

En diálogo con Michel haciendo foco en el trabajo que hace la DGA para evitar el contrabando de mercaderías, la pregunta acerca de los señalamientos por la corrupción en el organismo es inevitable: "Es complicado porque se maneja dinero, pero tiene un nivel de estigmatización mucho mayor que el que debería tener, e incluso que se da en otros espacios privados", responde al tiempo que cuenta que se elevan permanentemente sumarios por irregularidades. "Pero no voy a hacer campaña con esto, no voy a denunciar públicamente a empleados por el simple hecho de querer ser candidato a algo. Ese no es el tono, yo prefiero actuar por las vías institucionales", refuerza el titular del organismo que, a diferencia de los operativos, prefiere mantener estos procedimientos con un bajo perfil.