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El endeudamiento externo y sus consecuencias en la pobreza, los discursos de odio y sus efectos con su punto más terrorífico en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y la persecución judicial con fines políticos (y con ella el armado de causas) que implica un descrédito para el Poder Judicial, fueron algunos de los ejes planteados por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, ante la Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Son cuestiones que dijo, ponen en juego el funcionamiento democrático. El Estado argentino es examinado por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Es un test que se debe pasar sobre la situación, precisamente, en derechos humanos en el país, frente al cual recibirá recomendaciones de otros países.
La exposición tuvo la particularidad de señalar y asumir algunos de los problemas más graves vigentes. Esa enumeración incluyó la desbordada situación carcelaria y la violencia institucional. A la vez marcó avances en distintas políticas. Hubo especiales felicitaciones, que sorprendieron a la delegación, sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, a las políticas sobre género y diversidades y a la aprobación de la Ley de que habilitó el acceso legal a aborto y la atención pos aborto.
En un insólito y engañoso recorte, por la noche los portales de La Nación y Clarín decían que "Naciones Unidas pide a la Argentina asegurar la independencia del Poder Judicial" o que "la ONU le pidió a la Argentina que respete la independencia judicial". Y subrayaban que esto ocurre en medio del impulso del juicio político a la Corte Suprema.
La primera cuestión clave es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitirá sus recomendaciones oficiales recién el viernes. Hubo representantes de 108 estados presentes este lunes y solo uno hizo una referencia a la adopción de medidas para fortalecer la independencia judicial. La mayoría de los comentarios de distintos Estados a título individual, fueron elogios. El propio Consejo publicó en Twitter una síntesis de la audiencia donde esto se advierte con claridad.
En su exposición ante el Consejo, Pietragalla mencionó dos cuestiones que no pasaron inadvertidas: primero, llamó a "abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática, que han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos y que se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales.
Esto se vio agravado por sucesos de los últimos meses que culminaron en el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta". El funcionario señaló que esto no ocurre solo en Argentina y mencionó "el asalto a los tres poderes del Estado por parte de grupos que responden al expresidente Jair Bolsonaro" en Brasil y, en Colombia, el intento de atentado contra la vicepresidenta Francia Márquez.
Luego señaló que "otro desafío que enfrenta nuestro país y gran parte de la región latinoamericana para poder garantizar la vigencia de los derechos humanos es el fenómeno de la pérdida de legitimidad del Poder Judicial, entre otras razones por la práctica del lawfare o guerra jurídica".
"Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar proceso políticos y definir la agenda política y la opinión pública", sostuvo Pietragalla, para quien el uso político de expedientes judiciales avasalla "derechos fundamentales de las víctimas directas de su accionar" mientras despliega su finalidad de "eliminar al adversario".
Esa manipulación del derecho penal, agregó, "recurre a la prisión preventiva como pena anticipada". Entre los ejemplos que puso, Pietragalla citó la detención arbitraria de Milagro Sala y la edificación de causas contra Cristina Fernández de Kirchner, como la de la obra pública en Santa Cruz, donde las "obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso" y se le rechazó, entre otras cosas, la producción de prueba.
"Las causas se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de la proscripción política mientras se garantiza la impunidad para las personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal".
La cuestión de la deuda externa contraída durante el gobierno de Mauricio Macri también estuvo presente en el discurso, y sus efectos "perjudiciales" para la vigencia de los derechos humanos". Entre 2018 y 2019 el gasto público en Argentina en salud cayó un 21 por ciento, en educación 36 por ciento, en agua potable 39 por ciento y en vivienda 59 por ciento. Esto, explicó, se está tratando de modificar.
Mientras distintos medios intentaban desvirtuar la exposición de Pietragalla y las reacciones, el Consejo de Derechos Humanos sintetizó en las redes sociales que, en cuanto a la deuda y los discursos de odio el secretario dijo que el Estado argentino está en busca de soluciones y mencionó la problemática de la pérdida de legitimidad judicial.
Luego el organismo destacó que el funcionario dijo que se transformó el proceso de Memoria Verdad y Justicia en una política de Estado, que se capacita a las fuerzas de seguridad en Derechos Humanos y se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Agregó que se aprobó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, y que se tomaron medidas para defender el derecho a la salud, incluida a salud sexual y reproductiva y mental. Señaló el mismo organismo las políticas de no discriminación, el apoyo a los derechos de los pueblos indígenas y refugiados, y de los niños, niñas y adolescentes.
Después de la enumeración, el Consejo explicó que "los Estados" (que no es lo mismo que la ONU) elogiaron las mejoras en la situación de derechos de las mujeres, niñas y niños y LGBTI, el combate de la violencia de género y la creación de un ministerio. También subrayó el combate a los discursos de odio, establecimiento del Comité contra la tortura, las medidas para acceso igualitario a la educación, la reducción de la pobreza y las desigualdades, entre otras.
Hubo mención especial para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Pietragalla había enumerado algunos datos como la existencia de 1117 condenados por crímenes de lesa humanidad en 643 causas desde 2006 así como la restitución de identidad a 132 hijos e hijas de desaparecidos apropiados en el régimen dictatorial, dos de las cuales fueron en los últimos días. Sumó la creación de archivos, programas, centros de Memoria, y la señalización de sitios de memoria también.
Al mencionar lo que algunos Estados recomendaron, que no es la posición final y oficial de la ONU, sino la de Estados que levantaron la mano: "Que se asegure la independencia judicial y de los fiscales", que en definitiva es la gran batalla que se intenta dar pero que encuentra a la oposición política, al poder económico, mediático y judicial también aliados en la vereda contraria, contra el gobierno.
También, entre lo esperable, se recomendó la mejora en las condiciones carcelarias, el control de los abusos de fuerzas de seguridad (algo que el macrismo en su informe ante el mismo organismo intentó justificar), que sigan los esfuerzos por erradicar la pobreza, las disparidades en salud, la garantía del acceso a la educación, que se armonice la legislación sobre discapacidad, que sigan los esfuerzos contra la violencia de género, también por la implementación del aborto legal, que se designe un Defensor/a del Pueblo (cargo vacante desde 2009), que se mejore la asistencia a los migrantes. Para la comitiva que acompaña a Pietragalla, las felicitaciones fueron mucho más fuertes que las observaciones.
