La Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá suma denuncias contra el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. La última, presentada ayer, es por el saqueo de un sitio ancestral donde hay piezas arqueológicas que podrían ser parte de un cementerio prehispánico, que la maquinaria de Vialidad de la provincia dejó al descubierto en el terreno de la familia Cruz Moyoja, donde las topadoras también arrasaron terrazas de cultivos, sembradíos y árboles autóctonos.

Ayer integrantes de la Comunidad presentaron denuncias formales por saqueo arqueológico en el Ministerio Público de la Acusación y en Gendarmería Nacional, a la que solicitaron que que se paralice la obra de construcción de una cancha deportiva nueva en el territorio de la familia Cruz Mojoya. El Estado provincial expropió esta propiedad mediante una ley aprobada en tiempo record, cuando ya estaba planteado el conflicto con la comunidad caspaleña con la gestión de Morales, que avanza sobre territorio comunitario kolla. 

Gustavo Ontiveros, antropólogo e integrante de la organización Comunidades Indígenas Libres de Jujuy, contó que tras ver las imágenes que circularon "sobre el daño a una parte del antigal en Caspalá, en la propiedad de Cruz - Chapor", junto a Pablo Cruz presentaron ese material en la fiscalía penal. "Han arrasado con parte de cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares. Además, se destruyeron estructuras de andenes arqueológicos, antiguos. Algunos pueden ser prehispánicos posiblemente”, explicó.

Otra denuncia se realizo en Gendarmería Nacional por daño al patrimonio, “esperamos que se investigue la destrucción y posible saqueo de esas estructuras arqueológicas prehispánicas e indígenas”, señaló el antropólogo.

Además, pobladores caspaleños deslizaron que los trabajadores de Vialidad podrían haber extraído objetos de esas estructuras ancestrales. "Ya que se verificó la sustracción de objetos”, informó la abogada Silvana Llanes, representante de la comunidad. Explicó que en la denuncia, “respecto a la propiedad del Pablo Cruz, donde se encontraron los antigales, se planteó el robo de objetos que se encontraban en el mismo y los daños causados de forma innecesaria a los rastrojos". 

También indicó que en el marco de la denuncia realizada tanto por la presidente de la Comunidad Kolla de Caspala, Lucía Apaza, como por Pablo Cruz, ayer se presentó toda la documental solicitada por el fiscal para dar curso a la investigación.

También denunciaron en la Fiscalía la “violación a la ley 3866, que es provincial, y la ley nacional 2574, que es para la protección del patrimonio arequeológico, y por la polémica de la expropiación y toma de tierras ahí en Caspalá. Está la violación del artículo 75 inciso 17 (de la Constitución Nacional). Específicamente, es una destrucción y saqueo contra la identidad. Ese antigal y esas estructuras, los objetos de ese lugar, son parte de la identidad de Caspalá y se está destruyendo. Por eso mismo se hizo denuncia también por la falta de observancia del Convenio 169", informó Ontiveros.

El conflicto de Caspalá fue generado por el propio estado provincial, que no respetó las normas legales que reconocen derechos a los pueblos originarios, entre ellos, el de preservar su cultura. Por ejemplo, el gobierno dispuso construir el edificio del colegio segundario en el predio de la cancha comunitaria, a pesar de que el colegio ya tenía destinado otro terreno. Para suplir la destrucción de la cancha, decidió expropiar el terreno de la familia Cruz Mojoya y construir ahí un nuevo espacio deportivo. En ninguna de estas decisiones se realizó la consulta previa, libre e informada a la que están obligados los estados. 

En la compactación del terreno de la familia Cruz Mojoya se dio con el antigal. Para avanzar en la expropiación y la construcción de la nueva cancha, el gobierno provincial envió efectivos policiales, incluidos del cuerpo de Infantería, que custodian las máquinas de Vialidad de la provincia y los predios usurpados.

De los terrenos arrasados, uno es el de la cancha comunitaria, donde el gobierno provincial sostiene que se construiría una escuela, mientras que el otro es de más de 3 hectáreas que fueron expropiadas a Pablo Cruz Moyoja para construir una cancha que el pueblo ya tenía.

Durante el fin de semana los maquinistas trabajaron cumpliendo órdenes y destruyeron el sitio arqueológico. Este cementerio no pudo ser detectado antes por los trabajadores del Estado porque no hubo estudios de impacto ambiental, ni social .

“Morales quiere construir una cancha sobre un cementerio indígena y andenes de cultivo indígena con el aval de la justicia de Jujuy”, resaltó un comunero que acompañó a los afectados caspaleños.

Asi también, durante el fin de semana las Comunidades Indígenas Libres de Jujuy celebraron la asamblea 60 en Uquía, en la Quebrada de Humahuaca, y plantearon la grave situación de Caspalá. Expresaron su apoyo y repudiaron las acciones del estado provincial contra la comunidad kolla de Caspalá.

Además, entregaron notas dirigidas al gobernador Gerardo morales; al vicegobernador y presidente la Legislatura Provincial Carlos Haquim, y a diputados de los diferentes bloques. También presentaron notas al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola; al ministro de Cultura y turismo, Federico Posadas, para que se frene la obra en el antigal de Caspalá.

En tanto, en esta localidad, la esposa de Pablo Cruz, Ramona Chapor, junto a sus niños, resiste la destrucción del terreno. "Estoy sola, atemorizada, no sé a dónde vamos a ir, dicen que me dejan en la calle", expresó la mujer sobre el desalojo dispuesto por la provincia. "La hacienda no tiene qué pastar, no están comiendo porque las máquinas limpiaron el terreno", desesperó Chapor. 

Persecución laboral 

También son especialmente afectos por el conflicto de Caspalá cinco trabajadores de la escuela secundaria N° 57 y de la escuela N° 237 a quienes el Ministerio de Educación de la provincia les notificó que les iniciarán sumarios administrativos.

El abogado Lucio Plaza asumió la defensa legal del docente Roberto Farfán y de Arminda Báez, Benedicta Batallanos, Ramiro Coronel y Lorenzo Cruz, que cumplen servicios en el área de Servicios Generales.

En los descargos dirigidos a la ministra Teresa Bovi, se adjuntan exposiciones policiales, denuncias de funcionarios de la Comisión Municipal de Caspalá, notas que detallan como se fueron tejiendo esas denuncias permanentes contra los trabajadores que dan cuenta de una persecución laboral a las y los trabajadores.