El presidente Alberto Fernández decidió incluir por decreto al temario de sesiones extraordinarias el tratamiento del proyecto de creación del "Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescente", conocida como "Ley Lucio", que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, aprobada por unanimidad.
A través del Decreto 45/2023, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Fernández y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, se dispuso la incorporación en el temario de la iniciativa que establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el asesinado niño Lucio Dupuy.
La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, había solicitado el pasado martes en una nota enviada al presidente que se incorpore al temario de extraordinarias esa iniciativa aprobada con amplio consenso por la Cámara baja.
El proyecto está inspirado en el caso Lucio Dupuy, el niño que murió debido a los golpes sufridos en la provincia de La Pampa, en el que fueron acusados su madre y pareja y en el que el próximo 2 de febrero se conocería su sentencia.
Ley Lucio
El proyecto sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.
El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
