Si la aceptación de las remarcaciones excesivas y la corrección de las mismas es efectiva se verá y dependerá del poder de control del Gobierno, pero por primera vez en mucho tiempo las grandes empresas del consumo masivo decidieron alinearse con la pauta oficial de aumentos que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa. Página/12 accedió al contenido de cartas que empresas de la talla de Unilever, Coca Cola, Procter and Gamble, Colgate, Johnson y Mastellone enviaron a comercios grandes y pequeños en las cuales piden "desestimar las listas anteriores" que "son erróneas" y aclaran que "la lista vigente a partir del 1 de febrero tendrá un aumento de 3,2 por ciento aprobado por la Secretaría" de Comercio. El factor central fue una presión fuerte del gobierno sobre los dólares para importar: "o bajan los precios o no hay divisas", les espetaron. 

Incluso algunas, que habían pasado listas con aumentos de iguales productos con variaciones mínimas con aumentos de hasta el 50 por ciento, los volvieron a atrás. Uno de los casos, los detergentes de Procter and Gamble, que a fines del 2022 les habían variado características mínimas del packaging para aumentarlos hasta un 50 por ciento. Allí el Gobierno vio una maniobra y obligó a retrotraer el precio. 

Un adelanto en Precios Justos

Estas cartas que da a conocer este diario contienen información y diferentes análisis. El primero es que, tal como planteó la Secretaría de Comercio en las reuniones con 13 grandes firmas del consumo, se adelantó al 1 de febrero la segunda etapa de Precios Justos (vencía el 28 de febrero), y durará hasta junio, previo a las PASO. Y que además se bajó del 4 por ciento al 3,2 por ciento la pauta de incremento para todos aquellos productos que no están dentro de la canasta de 2000 congelados de Precios Justos. Este punto es importante porque las empresas están aceptando bajar un punto porcentual de aumento un mes antes de terminar la primera etapa de Justos, cuando podrían, si quisieran, seguir aumentando el 4 por ciento que era lo acordado hasta el 28 del mes. 

Según fuentes del propio mercado, fue el ministerio de Economía el que presionó sobre las empresas para que aumenten lo pautado como un ultimátum para recibir los dólares para las importaciones, tal el acuerdo que se rubricó con las firmas. Para el Gobierno, más allá del IPC general del INDEC, es prioridad que los precios de los alimentos y canasta básica se encolumnen con subas de al menos la mitad que hace unos meses. 

Por ejemplo, esas mismas empresas que hoy aceptan aumentar un 3,2 por ciento, en junio, julio, agosto y septiembre venían remarcando los precios entre 8 y 20 por ciento. Con Massa en la mesa de negociaciones, aún en un tema muy micro pero relevante, se revirtió un proceso de aumentos muy por encima de una inflación que ya era alta cuando Martín Guzmán era ministro de Economía. Lo llamativo de estas comunicaciones formales, también, es la velocidad del anuncio y que está vez se hizo formal. Hace sólo unas semanas que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se viene reuniendo con 13 empresas del consumo masivo para bajarles las nuevas indicaciones de subas no mayores al 3,2 por ciento. 

Economía unificó personería

Un empresario de una firma grande nacional atribuye esta actitud de las empresas al orden que impuso el propio Gobierno con Economía teniendo injerencia directa sobre otras áreas que sirven para presionar en los controles. La referencia es para el trabajo conjunto de Comercio Interior y Exterior con AFIP, Aduanas, el Banco Central y Hacienda. Con la información que se deriva de esas carteras, Massa y Tombolini cuentan con más herramientas de comportamiento de las firmas, para presionar en las negociaciones por los precios. 

Esa mecánica, por caso, fue la que descubrió que muchas de las empresas de consumo masivo venían haciendo importaciones anticipadas para favorecerse con el tipo de cambio, mientras tenían remarcaciones de precios injustificadas en mayores costos. Ahora, en Comercio trabajan para que no pase lo que, también, viene ocurriendo: que esas mismas empresas envían menores volúmenes de mercadería de lo que está previsto en Precios Justos. Este diario alertó sobre grandes firmas con hasta un 30 por ciento sobre 100 de envío de mercadería a los supermercados. 

"Es el mayor desafío que nos queda", aseguran en Comercio. Para el Gobierno, además, es clave que estos acuerdos se reflejen en el IPC en una cuenta, que es la siguiente: que el rubro Alimentos y Bebidas esté al menos 1,5 puntos porcentuales por debajo de la inflación general del mes de enero, teniendo en cuenta que es lo que más pesa de manera pareja en los bolsillos de los sectores medios y bajos.