“¡No la sacaron todavía, la piba sigue acá, tirada en el piso!” es el grito desesperado de una presa de la Unidad Penal Nº 8 de Los Hornos, en La Plata, que se viraliza en redes desde el martes, un día después de encontrar muerta a una compañera del Pabellón 1, Andrea Navarro Tejeda. La primera versión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue suicidio por ahorcamiento, pero las mujeres dicen que el cuerpo estuvo tirado en el piso casi seis horas, sin ninguna sábana verduga. "Veían cómo se moría y nadie hizo nada para poder salvarla. No se suicidó", aseguran. Familiares y amigxs de detenidxs autoconvocadxs se movilizan hoy a las 11 a la UP Nº 8 de Los Hornos "para reclamar por el asesinato de Andrea Tejeda y acompañar a sus compas", bajo la consigna Ni Una Menos en las cárceles. Basta de asesinatos en prisión. SPB asesino".

El Colectivo Nacional de Detenidos/as expresó en un comunicado que en este último tiempo "lxs detenidxs están muriendo en manos del personal penitenciario, ya sea por golpizas, por abandono o negligencia. El derecho a la vida no tiene validez en el ámbito penitenciario. Una mujer con antecedentes depresivos, sin asistencia psicológica, sin contención y abandonada sola en una celda donde se puede suicidar es sinónimo de homicidio por negligencia".

Desde la organización advirtieron que si bien "la última instancia siempre es el reclamo a través de medidas de fuerza, manifestación de protesta, cortes de calles, acampes, motines, quemas, disturbios, represión", la situación en las cárceles "es tan extrema que se está considerando recurrir a estas medidas de fuerza para que alguien tome en serio el problema, se ocupen de resolverlo y dejen de morir personas privadas de la libertad". Están sufriendo la violación y vulneración de muchos de sus derechos más esenciales, agregaron, "y ninguna autoridad parece querer tomar cartas en el asunto, a nadie en este sistema estatal le preocupa lo suficiente como para involucrarse y frenar esta locura". 

Alrededor de la adolescente de 19 años, a poco de salir en libertad, no había destino posible para ese final, por eso se vociferó el reclamo colectivo contra su muerte, contra todas las otras muertes que se vivencian en ese lugar de encierro, y los trapos se prendieron fuego sobre las rejas, porque las violencias y los suicidios anunciados no se aguantan más. “Es abandono de persona”, denunciaron también, por el cuadro depresivo de Andrea y la falta generalizada de asistencia sanitaria integral y en salud mental. "La salud en las cárceles es una falta de respeto, es una burla a cualquier persona, es una verdadera violación al derecho a la salud, falta de personal profesional, falta de insumos, de compromiso, abandono en las áreas de internación. Enfermarse estando detenido es casi una condena a muerte", declaró el Colectivo.

Andrea Navarro Tejeda / Facebook

Su causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, juego de palabras trillado en el sistema penitenciario, a la larga un borrón, cuando se intenta dilucidar si las muertes violentas en contexto de encierro ocurren en situación de suicidio, instigación al suicidio, femicidio, transfemicidio o travesticidio. Sus compañeras no quieren correr riesgos: exigen que se hagan públicos los resultados de la autopsia ordenada por el fiscal Marcelo Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, reclaman Justicia por Andrea, y se manifiestan contra las políticas represivas, no preventivas y de matriz punitivista que recaen sobre mujeres, personas trans y travestis, los colectivos históricamente más vulnerados. Según el Informe Anual 2022 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante 2021 se registraron 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la Justicia de las personas alojadas en cárceles y en comisarías provinciales.

La muerte de Andrea “fue abandono de persona”, no solo por las horas que habrían transcurrido hasta que el personal médico llegara a su celda, como revelaron, sino además por la falta de acompañamiento en salud mental, otra de las principales carencias manifestadas, junto con la falta de controles ginecológicos, en tanto no hay personal especializado en la unidad y no reciben atención extramuros (Ver nota de Miranda Carrete en esta edición). “La desatención por parte de profesionales y la falta de continuidad de tratamientos prescritos, son los principales problemas denunciados. En más de 120 casos las víctimas habían sido diagnosticadas antes de ser detenidas y su tratamiento se suspendió por el encarcelamiento. Además, se detectaron situaciones de espera de más de un año para recibir revisión médica”, alerta el informe de la CPM. “Las cuestiones de salud no atendidas provocaron la mayor causal de muertes en contextos de encierro. En 2021, un total de 199 personas murieron en cárceles provinciales contra 178 en 2020: un incremento de la tasa de fallecimientos que pasó de 4,2 a 4,4 cada 10.000 personas en 2021.”

Dos años después, el Colectivo Nacional de Detenidos/as lamenta en su comunicado la perpetuación del mismo escenario."Siguen muriendo personas, siguen si acceder a la salud, siguen enfermando por mala alimentación, siguen sufriendo ilegalmente la restricción de otros derechos que no deberían ser afectados por la ejecución de la pena".

Ahora el fiscal Romero deberá determinar cuánto de esa muerte se desprende de las “deplorables condiciones de encierro” denunciadas por los organismos de derechos humanos, o de vulneraciones cotidianas, como las circunstancias personales que atravesaba la joven y en caso de negligencia médica a la hora de su atención. Andrea era apenas, como publicó la abogada y docente Claudia Cesaroni en sus redes, “una piba de 19 años”, atrapada, al igual que sus compañeras, en un modelo de gestión y administración del dolor "que combina la práctica sistemática de la tortura con el ejercicio de una violencia patriarcal para infringir un particular sufrimiento a las detenidas, por su condición de mujer”, declara el hábeas corpus colectivo que las propias internas de la UP Nº 8 de Los Hornos habían presentado en 2019. Las inspecciones realizadas por la CPM constataron entonces que las violencias “se reiteran en los restantes alojamientos de las mujeres como patrón estructural de violencias persistentes”. Las cosas no cambiaron demasiado.

Una de las mujeres que conversó esta semana con el periodista Jesús Cabral, de Tiempo Argentino, prefirió no dar su nombre por miedo a ser castigada y trasladada, “como nos hacen siempre que pedimos que se cumplan nuestros derechos”. La CPM confirmó, precisamente, que muchas mujeres “son sometidas a aislamiento extremo (24 horas en pabellones SAC-Separación de Area de Convivencia) sin motivos, prohibiéndoles el acceso a la educación, el trabajo o la comunicación con el exterior”.

Hasta hoy, poco y nada se sabe sobre lo que ocurrió con Andrea, solo circulan las sospechas y los miedos que el mismo encierro se va tragando, en una sobrepoblación sometida al disciplinamiento patriarcal. Los números delatan el aumento de la intemperie: A fines de 2021 “había 2.405 mujeres y 112 personas trans y travestis detenidas en el SPB, el 5% del total de la población privada de su libertad. Ambas poblaciones aumentaron con respecto a 2020”, remarca la CPM. Con un cupo estipulado para 1.057 mujeres, “significa que en 2021 la sobrepoblación fue del 60%, 23 puntos más respecto a 2020”, concluye. El foco está puesto en el carácter diferencial de las vulneraciones de derechos a mujeres y personas del colectivo lgbtiq+. Por ejemplo, “en la cantidad de personas detenidas sin condena: mientras que en detenidos varones el 52,5% son procesados, en el caso de mujeres asciende a 59,8% y en la población trans y travesti al 73,2 %”.

“El racismo mata, la cárcel no repara”, un texto del Colectivo YoNoFui sobre el crimen de Fernando Báez Sosa -https://lobosuelto.com/el-racismo-mata-la-carcel-no-repara-colectivo-yo-no-fui-, expresa tanto de lo dicho hasta aquí. Que las cárceles son provocadoras de daño, pero que también las estelas de un asesinato “abren posibilidades”. Aun en medio del dolor y el desconcierto, alienta la nota, “es imprescindible crear espacios para elaborar colectiva y socialmente lo acontecido y lo que está sucediendo”. En esta búsqueda, se trata de repensar prácticas y demandar nuevas políticas convivenciales entrerrejas, "tensionar la burocracia del poder punitivo", como plantea en sus investigaciones la socióloga y especialista en género y derecho, Irma Cecilia Colanzi, y promover la construcción de narrativas contrahegemónicas que pugnan por estar vivas, para seguir haciendo memoria abierta, verdad y justicia por Andrea y por todas.