Un mensaje interno y otro internacional. La cúpula de Juntos por el Cambio estuvo muy activa en las últimas horas. Además de la rosca parlamentaria para enfrentar la investigación sobre los lazos entre el PRO y la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de los distintos partidos se reunieron para definir qué hacer con las provincias en las que hay riesgo de ruptura del frente provincial (entre ellas, Córdoba y Mendoza). Finalmente salieron con un comunicado en el que amenazaron con "sancionar a los dirigentes de la coalición que incumplan la resolución de la mesa nacional" que fija reglas para la competencia en internas. Fue un mensaje de Patricia Bullrich al mendocino Omar de Marchi, dos a no quererse. Además, los distintos partidos enviaron una carta a la ONU para contestar a la presentación que hizo el Gobierno nacional ante ese organismo internacional sobre la situación de la democracia en la Argentina. 

Como informó este diario, Juntos por el Cambio está al borde del quiebre en diversas provincias. Las autoridades del radicalismo se quejaron en el último encuentro de la mesa nacional de la actitud en Mendoza de De Marchi, que va camino a la ruptura y a competir por fuera del armado de Juntos por el Cambio. Bullrich se comprometió a ordenar la situación. En un encuentro posterior de la mesa nacional del PRO, Bullrich se cruzó con De Marchi: ella le facturó que es aliado de Horacio Rodríguez Larreta, él, que ella prioriza sus acuerdos con el radical Alfredo Cornejo. Todo ante la mirada del jefe de Gobierno -que no dijo nada-, de María Eugenia Vidal y del resto de la cúpula del PRO.

El martes por la tarde, Bullrich recibió a los presidentes de los otros partidos: Gerardo Morales, por la UCR; Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica, y el peronista Miguel Angel Pichetto. Allí conversaron sobre la situación de las provincias que más preocupan, entre ellas Mendoza, pero también Córdoba, donde Luis Juez no está dispuesto a acatar el reglamento que bajó la mesa nacional de Juntos por el Cambio en septiembre del año pasado y que lo obliga a competir en una interna partidaria con Rodrigo De Loredo. En Rio Negro, la UCR avanza un acuerdo con el oficialismo local, lo que denuncian el PRO y la Coalición Cívica. En Chubut, hay diferencias sobre qué candidato apoyar. En Tucumán el PRO y la UCR no se ponen de acuerdo sobre las candidaturas.

"Todos los partidos deben buscar la unidad y las mejores propuestas para la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe resolver en sus economías, en los problemas sociales y laborales", dice el comunicado que escribieron los presidentes de los partidos nacionales. "Este es el resultado derivado de un oficialismo que cambió las reglas en muchas de las provincias", fue el intento de pasar bajo la alfombra las desavenencias propias.

Y luego vino la amenaza: "En caso de incumplimiento de la resolución que establece el reglamento interno de la Mesa Nacional y a las estrategias nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio, los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas". Fue una advertencia, entre otros, para De Marchi. Aunque en la reunión del PRO Bullrich lo amenazó con algo más: interventirle el partido.

A la ONU

Luego de discutir las cuestiones internas, los presidentes de los partidos también comunicaron una carta que enviaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos para responder a la presentación que hizo el Gobierno nacional sobre el estado de la democracia en la Argentina.

En la carta se dedicaron a "desmentir" todo lo que denunció el informe del Gobierno argentino. Consideraron "insólito" que se hable de lawfare -aún cuando surgieron chats que despiertan sospechas de connivencia entre el PRO y la Corte Suprema-, se quejaron de que se mencione la toma de deuda como un "criminal endeudamiento" y también repudiaron la idea de que Milagro Sala podría estar detenida de forma arbitraria.

Aseguraron que el informe solo tiene "como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia con la condena a la actual Vicepresidente (SIC) de Argentina, Cristina Ferrnandez de Kirchner por hechos de corrupción". La palabra "corrupción" se repitió en la carta otras seis veces.

"Frente la supuesta condena al discurso de odio, pretende silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libre expresión", afirmaron en el documento, donde no hubo mención alguna al atentado que sufrió la vicepresidenta hace unos meses. No cuestionaron nada de lo que dijo el oficialismo al respecto, simplemente optaron por hacer como que nunca ocurrió. Por último, se quejaron de que denunciando estas cuestiones "se hace daño a nuestra imagen en el mundo".