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Este jueves, argumentando la falta de respuesta de las autoridades municipales, los taxistas marplatenses llevarán a cabo una nueva medida de fuerza, la segunda de la semana. Ante la inacción de los funcionarios municipales de General Pueyrredón, promenten intensificar las medidas si no se resuelve la cuestión de fondo: el trabajo ilegal de las aplicaciones como Cabify, que viola una ordenanza municipal, con la presunta anuencia del intendente de Juntos por el Cambio Guillermo Montenegro y el secretario de Movilidad Urbana, Dante Galván.
“En 2019, el entonces intendente Carlos Arroyo, de la misma fuerza política que el actual, aprobó una ordenanza municipal que prohíbe el trabajo de las aplicaciones”, relata Pablo Sanchez, secretario general de la Sociedad de Conductores de Taxis, que nuclea a propietarios y choferes. “Había controles de cumplimiento muy estrictos, hasta que directamente dejaron de operar. Pero a este intendente le simpatizan. Hace poco, en la bienvenida al Dibu Martínez a su ciudad natal, organizada por el municipio, Cabify era el auspiciante principal”.
Luego de varios reclamos infructuosos, los taxistas denunciaron penalmente a Galván, titular del área involucrada, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El martes se concentraron mil autos en Playa Grande durante varias horas pero, al no recibir ningún tipo de respuesta oficial, se movilizaron en bloque por toda la ciudad y cortaron puntos neurálgicos del centro, hasta finalizar en la ruta 2.
“La ordenanza de 2019 está vigente porque nadie la derogó. Lo que promueven es el trabajo ilegal. Por eso la respuesta es una nueva movilización a partir del mediodía del viernes. Los taxistas, que ampliaron la denuncia al propio Guillermo Montenegro, creen que será aún más masiva que la anterior, porque los remiseros también se sumarán. “Montenegro dice en Twitter que nos va a denunciar. Yo no recibí ninguna notificación. En todo caso es una contradenuncia porque nosotros a él ya lo denunciamos”.
La Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo paradigmático de lo que ocurre en el mercado de transporte cuando las aplicaciones tienen acuerdo con el gobierno local. Uber comenzó a operar amparado por Horacio Rodríguez Larreta. Su política de dumping redujo considerablemente la flota de taxis existente. Cuando lograron casi eliminar la competencia, los viajes que costaban la mitad que en taxi pasaron a costar el doble o más. “Perdieron todos: los taxistas, los consumidores y los choferes de aplicaciones, porque ellos cobran lo mismo. La diferencia la hace la empresa”, advierten.
