A pesar de lo que intentó instalar la oposición, la Organización de Naciones Unidas (ONU) no hizo crítica alguna a la situación del sistema de justicia de Argentina ni le pidió al gobierno por su independencia. Ayer el Estado argentino concluyó su examen ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sus políticas en esa materia entre 2018 y 2022. De las 287 recomendaciones elaboradas por un centenar de países se destacan las que instan a fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres y a garantizar el aborto en todo el territorio nacional, a erradicar la violencia policial y los discursos de odio, a proteger a los pueblos originarios y a implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana a favor de Milagro Sala. El proyecto de informe, a cargo de representantes de China, Gabón y el Estado Plurinacional de Bolivia, hizo trizas la falacia instalada por algunos medios y dirigentes sobre la supuesta preocupación de la ONU por la cuestión de la independencia judicial en nuestro país. De las cuatro recomendaciones enfocadas en la Justicia, tres fueron en sintonía con las preocupaciones del gobierno del Frente de Todos por las prácticas de lawfare con la complicidad de las más altas instancias judiciales, en tanto la cuarta, de Alemania, se fundamentó en un informe de 2019 por el hostigamiento del gobierno de la alianza Cambiemos hacia los jueces y fiscales que se resistían a subordinarse a sus políticas de persecución y criminalización de dirigentes políticos y sociales.
La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezada por su titular, Horacio Pietragalla Corti, expuso el lunes ante el Consejocon sede en Ginebra, Suiza, sobre el amplio abanico de problemáticas que persisten en materia de derechos humanos y sobre las políticas públicas para afrontarlas. La audiencia fue en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que cada país debe rendir cada cuatro años y abarcó temas como el impacto de la deuda externa sobre la pobreza, la persecución judicial con fines políticos (con los casos de Sala y de la vicepresidenta Cristina Kirchner como paradigmas), la pérdida de credibilidad del Poder Judicial, los discursos de odio y la violencia institucional. Los funcionarios recibieron elogios por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que prestigian al país ante el mundo, por las políticas de género y diversidades, por la legalización del aborto, entre otros temas, aunque los medios que construyen la agenda de la oposición se encargaron una vez más de tergiversar la realidad. “La ONU rechazó el reclamo de lawfare del Gobierno”, tituló La Nación. “Dura respuesta de la ONU al Gobierno: debe respetar la independencia la Justicia”, soñó Clarín.
El proyecto de informe con las 287 recomendaciones, que se conoció ayer, refuta esa operación de prensa coordinada por los dos diarios más poderosos del país, pues apenas cuatro de ellas estuvieron enfocadas en la justicia y en ningún caso se corresponden con lo difundido: Bolivia saludó la denuncia del lawfare, Chile se pronunció en sintonía con el gobierno argentino, Eslovaquia en términos similares, y Alemania pidió por la independencia de jueces y fiscales con una salvedad importante: se hizo eco de un informe de Naciones Unidas de finales de 2019 en el que se denunció el plan de hostigamiento del gobierno de Mauricio Macri hacia aquellos magistrados que no comulgaban con sus ideas.
Alemania tomó en consideración el informe que durante el último año del gobierno cambiemita remitió el relator para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, después de reunir denuncias sobre los desmanejos de la administración macrista con la justicia. “Contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, en el caso de Alemania resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
“En esa comunicación, el relator advertía que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había llevado adelante ‘actos de intimidación y presión’ a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, y que estos ‘habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo’”, agregó.
García Sayán había expresado su preocupación aquel año ante lo que se denunció como un plan sistemático de acoso a quienes no se alineaban con Macri dentro de la justicia: desde la procuradora Alejandra Gils Carbó –forzada a renunciar luego de actos extorsivos que incluyeron a su familia– hasta el juez federal Alejo Ramos Padilla –que entonces investigaba el espionaje macrista personificado en el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D'Alessio– pasando por la fiscal Gabriela Boquin, hostigada por pretender que la familia Macri pague lo que corresponde por la deuda del Correo Argentino.
Recomendaciones y compromisos
El proyecto de informe que recibió ayer por la mañana la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, con las recomendaciones de la comunidad internacional para la Argentina, destaca como aspectos positivos los esfuerzos en materia de derechos humanos y, en particular, las políticas para combatir la violencia de género y la discriminación contra mujeres y el colectivo LGBTIQ+.
Las políticas de género fueron las que recibieron mayor atención (64 de las 287 recomendaciones se refirieron al tema), lo que marca su relevancia en todo el mundo. En paralelo con una valoración positiva de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se remarcó la necesidad de fortalecer los esfuerzos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y garantizar el acceso al aborto en todo el país.
Otro tema central (con 31 recomendaciones) fue la violencia institucional, con énfasis en la necesidad de tomar medidas efectivas para erradicar la violencia policial, la tortura y mejorar las condiciones de las cárceles. En 21 oportunidades, las recomendaciones alertaron sobre la necesidad de que el Congreso designe al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre las principales observaciones también estuvieron la protección de los pueblos originarios y las infancias, el acceso a la salud, la erradicación de los discursos de odio y la discriminación, y la necesidad de adoptar e implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana en favor de Milagro Sala.
La Argentina, a su vez, asumió compromisos voluntarios para profundizar políticas en curso sobre temas diversos: fortalecer las investigaciones y el acompañamiento a las víctimas de las causas por crímenes de lesa humanidad; inaugurar este año del Espacio Memoria de Campo de Mayo; seguir impulsando la sanción de una Ley Integral contra la Violencia Institucional; continuar promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de los reclamos territoriales de comunidades indígenas; sancionar una nueva Ley de Discapacidad, crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados, y trabajar para sensibilizar la sociedad sobre la necesidad de erradicar los discursos de odio y discriminatorios. En los próximos meses, el Estado argentino deberá dar respuesta a las recomendaciones recibidas en el informe, cuya implementación será analizada en el siguiente ciclo del Examen Periódico Universal.
