Una pieza clave del montaje que Canal 13 presentó hace una semana como una entrevista espontánea a un niño de once años, que se adjudicaba la comisión de graves delitos, es un ex policía bonaerense exonerado en 2005 por el entonces ministro León Arslanian y denunciado hace dos meses nada menos que por la diputada Elisa Carrió como actor central de una red policial-judicial-política que garantiza cobertura e impunidad a redes delictivas en Lanús y Lomas de Zamora. Se trata del ex comisario inspector Daniel Alberto Villoldo, actual subsecretario de Seguridad de Lanús, mano derecha de Diego Kravetz y dueño de la camioneta VW Amarok patente JQW419 sobre la que se apoyaba el cronista de Periodismo Para Todos (PPT) mientras le hacía preguntas al chico. El dato lo descubrió el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que denunció a Villoldo como presunto jefe de un grupo parapolicial que el día anterior secuestró al menor para extorsionarlo y que ya lo había denunciado en 2010 como la cabeza de una red de trata de personas. Kravetz y Villoldo fueron también quienes el 30 de marzo respaldaron con su presencia al comisario inspector Marcelo González en el operativo que según Carrió exhibió “la brutalidad policial en toda su dimensión”, cuando más de veinte policías entraron con armas de fuego y tiraron gas pimienta en un comedor de Villa Diamante donde había ochenta niños.
El programa que conduce Jorge Lanata difundió un informe en el que un niño a quien presentan como “El Polaquito”, que en teoría apareció espontáneamente mientras hacían una nota sobre un robo a un jardín de infantes de Villa Caraza, aseguró haber matado a “un transa” y baleado a un hombre que quiso robarle un botín. El MTE que encabeza Juan Grabois denunció de inmediato que se trató de un show armado entre funcionarios de Seguridad del municipio que encabeza Néstor Grindetti, de Cambiemos, y el programa de Canal 13. “El niño no estaba de casualidad en lugar”, le advirtió Grabois a Lanata durante una entrevista por Radio Mitre, en la que denunció que el chico fue víctima de un “amedrentamiento por parte de agentes de la policía local y personal de civil”. Kravetz “le entregó al menor, no se haga el tonto”, le pidió al periodista Rolando Barbano, protagonista del diálogo. “¿Cómo llega el menor ahí? A partir de que la policía local se lo hace llegar a su producción. ¿Qué, apareció alegremente y usted vio a un pibito que dijo quiere hablar?”, lo increpó. “Sí, lo tengo filmado haciendo eso”, fue la respuesta.
“En ningún momento sostuvimos que el niño llegó o se fue en un patrullero ese día. Sabemos que la coacción fue previa. Ponen esa versión en nuestra boca también para desacreditar la denuncia”, advierte el MTE en un documento que difundirá hoy, titulado “Hechos, delitos e ideas en torno a un caso de violación alevosa de los derechos del niño”. “Tampoco conocemos con exactitud el grado de conocimiento o participación que la producción y periodistas de PPT pudieran tener en las circunstancias anteriores a la nota, aunque cuanto menos la documentación confidencial del niño no pudo haber sido obtenida por medios legales”, advierte la organización, y agrega que “existieron contactos previos con las autoridades del área de seguridad que son indicativas de cierta connivencia”.
El documento del MTE, que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), señala a funcionarios de Lanús y policías bonaerenses “por coaccionar al niño el día anterior a la entrevista dentro de un vehículo marca Corsa”, uno de los tres que usarían habitualmente hombres de confianza de Villoldo. “Desconocemos la identidad de los adultos que estaban dentro del patrullero”, apuntan antes de reclamar una investigación judicial seria y advertir sobre “la impunidad que suelen gozar los poderosos en la Argentina”. “Tenemos elementos suficientes para sostener que existió participación en los hechos de un grupo parapolicial que opera en Lanús” comandado por Villoldo, afirman. Recuerdan que lo denunciaron en 2010 como responsable de cuatro prostíbulos en Lomas de Zamora y que la diputada Carrió lo denunció en mayo “por su participación en el entramado de corrupción de La Salada”.
La denuncia de la líder de la Coalición Cívica remarcó que Villoldo fue dado de baja en la Municipalidad de Estéban Echeverría y pasado a retiro obligatorio en 2005 “luego de una inexplicable ‘desaparición’ de casi 200 kilos de cocaína que se encontraban bajo su custodia”. Destaca que “se lo vincula insistentemente con la explotación de prostíbulos” y relativiza que no esté acreditado en expedientes porque “contaría con cobertura judicial”. “Sus relaciones con piratas del asfalto y dueños de boliches en infracción (Bailable Kla-A) son un secreto a voces en Lanús”, relató Carrió, socia del Pro y la UCR en Cambiemos.
Los antecedentes de Villoldo no le impidieron hacer carrera en el municipio que encabeza el ex hombre del Grupo Socma y luego ministro de Hacienda de Mauricio Macri en la ciudad. El 9 de diciembre de 2015, por decreto 3122, Grindetti lo designó a cargo de la Subsecretaría de Videovigilancia, Sistemas y Comunicaciones, clave para obtener y filtrar a la prensa amiga imágenes de las cámaras de seguridad como las que usó Canal 13 para ilustrar su informe. Llamativamente, el decreto omitió su primer nombre y optó por asentar “Alberto Villoldo”, detalle útil para despistar a quienes quisieran indagar sobre su pasado. El 19 de enero de 2016, por otro decreto, asumió como Subsecretario de Seguridad, cargo en el que se mantiene a dos meses de la denuncia de Carrió. Según el portal Real Politik, Villoldo cobra 36 mil pesos, tiene tres propiedades en la provincia, se mueve en cuatro autos y usa cuatro celulares. Su esposa Cristina Germán tiene un puesto en la Dirección General de Cultura y Educación, y cobra 44 mil pesos. Carrió menciona el nombramiento de su “joven abogada hija” como auxiliar letrada del juez Esteban Baccini como prueba de “la conexión judicial, política y policial en zona sur”.
Cruzar los límites
El documento del MTE denuncia a Lanata y a la productora ARTEAR de “infringir alevosamente” las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y los pactos internacionales que los protegen. “La ilegalidad es manifiesta y no dudamos que las actuaciones finalicen con las correspondientes sanciones tal como establece la legislación vigente”, se esperanza la organización de Grabois, quien decidió no hacer declaraciones hasta el 7 de agosto cuando el MTE realice su Marcha por Tierra, Techo y Trabajo.
La responsabilidad de Lanata “es ni más ni menos que el uso ilegal de la imagen del niño”, recuerda. Evita explayarse sobre las motivaciones del conductor (“imponer cierta ideología para intervenir en un debate social y criminalizar a los pibes pobres que están sufriendo, y obviamente después echarle la culpa a las organizaciones sociales, cuando ustedes son un ladrillo claro en el muro de exclusión de esta sociedad”, le dijo en la radio) y admite conocer “las represalias siempre latentes cuando enfrentamos el poder”. “Nuestros dirigentes y organizaciones de base sufrirán el escarnio”, anticipa el MTE, y enfatiza que la emisión de PPT “cruzó los límites”. “El respeto a ley no puede depender de la audiencia de un programa o la popularidad de su conductor. Muy por lo contrario, cuando son figuras públicas, poderosas y de gran influencia las que desconocen los límites de la legalidad en forma ostensible para lograr sus objetivos, el daño a la sociedad democrática es enorme”, destaca.
A los funcionarios que participaron del montaje televisivo el MTE los acusa de infligir la ley penal juvenil bonaerense porque “lejos de proteger (al niño) como corresponde a su función pública, cuanto menos lo expusieron al interrogatorio”. En el caso de Kravetz, además de su presencia en la calle al servicio de Canal 13, señala que divulgó el nombre de pila del chico en un programa del canal América y “reivindicó su conducta por considerar que ‘aportaba al debate’ sobre la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de ‘reconolizar’ el territorio”.
El último capítulo del espectáculo montado alrededor de la figura de “El Polaquito” comenzó el jueves, cuando trascendió que un juzgado de menores había ordenado la internación del niño, y expuso una vez más a Kravetz en TV sugiriendo que no lo podían encontrar, cuando en realidad estaba al fin a resguardo de funcionarios de minoridad. “Es bochornoso que con posterioridad al escándalo se hayan filtrado las resoluciones de un juzgado de familia en el marco de un expediente reservado”, advierte el MTE al recordar “los incansables esfuerzos” de Fernanda, la madre, que había pedido mucho antes su internación. “Siempre había una excusa: nunca había vacantes, no había condiciones”, apuntó. El jueves, sin embargo, la resolución judicial de internarlo “derivó en la intempestiva, espasmódica y efectista presencia policial, municipal y televisiva en el domicilio de la abuela del niño”, hasta donde llegaron cronistas de América mientras Kravetz salía al aire.
Los funcionarios de niñez de la provincia, que debían hacer efectiva la orden judicial, “conocieron en todo momento el paradero del niño y su madre, alojados en un lugar seguro y confidencial, al resguardo de represalias e intromisiones en su intimidad”, aclara el MTE, que pide a los medios de comunicación “que respeten esta necesaria confidencialidad” y a los organismos del Estado “que eviten filtraciones”. “A partir de que el área de niñez tomó el control de la situación desplazando a la Secretaría de Seguridad (de Lanús), las cosas se encaminaron un tanto mejor. Sin embargo, es evidente la falta de herramientas, recursos y capacitación de los organismos públicos para abordar estas situaciones”, destaca.
“La situación de vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes es producto de la exclusión, la injusticia social, la desigualdad económica y la penetración del narcotráfico”, concluye el MTE. “El mal accionar de las fuerzas de seguridad y los organismos estatales son la expresión institucional de este descalabro estructural que azota a la Argentina. Los medios de comunicación tienen también una enorme responsabilidad. Le solicitamos que dejen de divulgar imágenes e información falsa sobre el caso y que en lo sucesivo, tanto en este como en otros casos que involucren niños, sigan las directrices de la Unicef”, reclama, y vuelve al rol clave del Estado y de funcionarios como Kravetz y Villoldo. “El accionar cuasimafioso del área de seguridad en Lanus y en tantos otros distritos del país donde la ilegalidad se oculta bajo el rótulo populista de la ‘mano dura’ ni mejora la situación de seguridad ni contiene adecuadamente a los niños, muy por el contrario, genera más violencia y mayor criminalidad”.
