Después de días con fuertes protestas en el norte salteño, casi todas centradas en la acuciante necesidad de contar con agua apta para el consumo humano, el gobierno de Salta informó ayer que "Ante los continuos cortes de ruta en el norte provincial que afectan la circulación de ciudadanos, productores, servicios de salud y abastecimiento", el gobernador Gustavo Sáenz convocó a una reunión al procurador General de la provincia, Pedro García Castiella; al fiscal federal general, Eduardo Villalba; al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; al fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, y la auxiliar fiscal federal Roxana Gual.
Según se informó oficialmente, en la reunión se consideró que "cada vez que se libera un corte de ruta, se reducen en gran medida los controles de colectivos, camiones y vehículos particulares". La conclusión fue que debido a los cortes de ruta en zonas de frontera, aumenta el "riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas".
Tras esa afirmación, el gobierno salteño informó que la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación "consensuarán un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas". Aunque estas expresiones parecen indicar que la justificación de las medidas serían las dificultades para ejercer el control en la zona de frontera, lo que se dijo luego apuntó más bien a responder a los reclamos de parte de la población que en los días previos usó algunos medios de comunicación para expresar su enojo por las protestas.
El gobierno dijo que el protocolo "buscará dar respuestas a la preocupación de la ciudadanía que ve afectado su derecho de circulación". Y añadió que en la reunión el gobernador sentenció: “Se debe garantizar el derecho a la protesta sin afectar la libre circulación”.
"Es complejo. La idea es tomar medidas para armonizar y lograr un equilibrio entre el derecho a expresarse, a reclamar, que tienen los manifestantes con el derecho a circular, entonces vamos a tratar de abrir una instancia de reclamo previo para que podamos evitar el corte de ruta”, explicó el fiscal federal Eduardo Villalba, el único de los participantes de esa reunión que accedió a hablar con Salta/12.
El fiscal reconoció que “muchas veces el corte de ruta se origina en reclamos justos, como es el agua", pero señaló que entre que se inicia el corte de ruta hasta que "se activan los mecanismos de la fiscalía, del gobierno de la provincia, ya han pasado minutos u horas de corte, provocando un gran perjuicio a la gente”. Y por eso se procura llegar a “una articulación con la Policía de la provincia a los efectos de tratar de evitar el corte, atendiendo el reclamo y si es justo".
El poncho en el norte
Ayer también el gobierno difundió por sus canales de comunicación la presencia del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, el jueves en el departamento San Martín "para tratar la problemática que se originó a raíz de los cortes de ruta, que impiden la libre circulación".
El jueves por la noche el funcionario se reunió con representantes de las organizaciones que pusieron el grito en el cielo por las seguidilla de protestas que ocurrieron en los días anteriores: la Sociedad Rural Salteña y Prograno. La primera estuvo representada en el encuentro por Carlos Segón, y la segunda, por Francisco Vidal. También participaron los intendentes de Embarcación, Carlos Funes; de Tartagal, Mario Mimessi; de General Ballivián, Samuel Córdoba, el interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán. Y estuvo también el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, y el Delegado de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova.
El gobierno indicó que en la reunión hubo coincidencia en que "el derecho a la protesta puede ejercerse, pero al mismo tiempo respetar el derecho a la libre circulación". Y se explicaron las razones de la mayor molestia de las organizaciones del empresariado agropecuario, en medio de la prolongada sequía que azota a la región, se pronostican lluvias para estos días, lo que habilitaría "una pequeña ventana de siembra, pero a raíz de los cortes en la circulación por las rutas, los productores no pueden encarar esta actividad".
Según el parte oficial, los intendentes "manifestaron su preocupación por el cansancio que tienen los pobladores de las distintas comunas por la modalidad de protesta". De los Ríos respondió de manera acorde: "Más allá de la legitimidad que pudieran tener las protestas, el derecho a protestar no puede invalidar el derecho a circular”.
Algunos asistentes expresaron que lo de los cortes de ruta se agrava porque en los caminos alternativos se instalan grupos de personas que cobran "peajes", por lo que pidieron mayor presencia policial en estas vías.
Si bien en los días anteriores hubo una sucesión de protestas que llegaron a la instancia del corte de ruta, ayer, el día en que se conoció la decisión de instrumentar un protocolo de seguridad para afrontar esta modalidad de protesta, solo se registraba un piquete en General Mosconi.
El 24 de enero radio Aries, de Salta capital, difundió un informe elaborado por un vecino de Tartagal, Diego Solaris, quien en 2022 contabilizó 184 cortes de rutas. El vecino recordó que en 1996 fue a vivir a esa ciudad del norte salteño y destacó que más de 30 años después siguen con los mismos problemas. "La política tiene una deuda muy grande con el Departamento San Martín", aseguró.
