“Un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional” decidió la Corte Interamericana (CDH) hace casi 25 años. Ese principio es fundante para justificar la pertinencia jurídica de un eventual indulto del presidente Alberto Fernández a la dirigente social Milagro Sala. El mandatario declaró que el artículo 99 inciso 5 de la Constitución constituye un escollo porque sólo autoriza esa facultad respecto de delitos sujetos a la jurisdicción federal.
Este cronista opina, para nada en soledad, que AF puede y debe indultar. Se han violado derechos fundamentales garantizados por tratados internacionales que tienen rango constitucional superior a las leyes nacionales y a las constituciones provinciales. Juez natural, plena defensa en juicio, libertad mientras no exista condena firme, proporcionalidad de las penas, trato digno en el arresto y en la prisión, por citar algunos de los más chocantes.
Se añaden las razones humanitarias también contempladas en el derecho interamericano. El cumplimiento de una condena exorbitante agravaría las condiciones de salud de Milagro a niveles que es cruel consignar. La vida, por encima de todo. Los valores prevalecen (tendrían que prevalecer) sobre la seca e incompleta letra de ley. La axiología no es una rama seca del derecho, sino su savia.
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El domingo 22 se desarrolló la cuestión en este mismo espacio, se remite a esa columna para ahorrar repeticiones. En la semana que hoy termina este cronista recibió comentarios, aportes, correcciones valiosas. Se tratan de glosar acá.
En esos días se produjeron dos hechos importantes vinculados a Sala.
Trágico y significativo, el fallecimiento de su hijo Sergio Chorolque Sala. Costó mucho que se “autorizara” el velatorio en la casa donde Milagro cumple la condena. Se recomienda la crónica de Mariana Mamani publicada en Página 12 el viernes 27. El desarrollo de la ceremonia, el prepotente despliegue policial, sumaron humillación al dolor. Añaden motivos para clamar por la inmediata libertad.
Personalidades de distintos organismos de derechos humanos se reunieron con los presidentes de Brasil y Argentina. Lo central era reencontrarse con Lula da Silva, celebrarlo, manifestarle solidaridad antes la tentativa golpista de la derecha. La reunión se prolongó por encima de lo agendado, bastante más de una hora. Lula desparramó afecto con las Madres y las Abuelas. Hubo tiempo para que los asistentes plantearan ante ambos mandatarios el calvario de Milagro y la necesidad de ponerle fin. Nora Cortiñas, Taty Almeida, Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, las voces más insistentes.
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El Presidente, aseguran en Olivos, está dispuesto a estudiar si hay margen para el indulto. Repasar la jurisprudencia de la CDH o los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solventen la responsabilidad nacional por las violaciones de derechos básicos cometidos en sede provincial.
En el Gobierno estiman que para que eso proceda es imprescindible que haya un pronunciamiento o cuanto menos un trámite iniciado ante dichos organismos. En caso contrario, interpretan, podría achacarse que AF excede sus competencias al indultar o conmutar, una alternativa sobre que se vuelve más abajo.
La anterior intervención de la CDH que exigió prisión domiciliaria en vez de cárcel para Milagro no sirve al efecto. Versó sobre las condiciones de encarcelamiento, no sobre la pena efectiva. Se dictó en otro expediente judicial.
Este cronista sigue pensando que el prurito es excesivo aunque no irrazonable. Un punto discutible. Eso sí, es imposible e inhumano esperar a que haya una decisión definitiva de alguno de esos organismos. Tardaría años… está todo dicho.
Lo factible, intermedio, es que los organismos de DDHH o la defensa de Milagro o sus compañeros presenten algún recurso, se abra la intervención internacional y con ella se dé pie a la movida presidencial.
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Allegados a Fernández imaginan que una conmutación de pena podría ser una jugada intermedia. Jurídicamente afronta las mismas polémicas que el indulto. Quizá políticamente sería más digerible porque admitiría un tiempo de condena, ya cumplido.
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Está pendiente entre Alberto Fernández, defensores de Sala, abogados y organismos de DDHH con el presidente. A pedido de Fernández le harán una propuesta de decreto conmutando o indultando. Han decidido presentarse pronto, con todo el rigor formal del caso, ante los organismos interamericanos.
Saludables el accionar conjunto y el apego al derecho. La premura gravita también, tanto como la radicalización de la derecha autóctona. Ninguna medida de tutela de derechos contará con aprobación unánime ni salteará el odio, el racismo y la discriminación que signan la persecución a la líder social. En un punto, Alberto Fernández enfrenta como presidente una decisión que lo compromete. Hacer lo que es justo, ser creativo en materia jurídica y audaz en política.
Capítulo aparte, para notas futuras, merece el (des)trato de la Corte a Milagro Sala. Se tomó dos años para rechazar un recurso de queja. Significó dos años de prisión sin condena firme. El desprecio y el clasismo implícitos no valdrían como elemento de acusación ante la Cámara de Diputados. Pero sí la arbitrariedad de la sentencia, la pereza, la demora para resolver, la responsabilidad por las consecuencias del incumplimiento de sus deberes.