Después de 25 días de acampe en las principales ciudades del norte salteño en los departamentos de Orán y San Martín, los vecinos lograron dos de sus objetivos. Uno, que el gobierno de la provincia dialogue con ellos en la sede del Ejecutivo provincial en Salta capital. Dos, participar en la reglamentación del nuevo decreto que resolverá a futuro el cuadro tarifario provincial para zonas cálidas.

Los principales referentes no fueron invitados por el gobierno salteño. Fueron los acampes vecinales los que agendaron la cita; puntualmente, durante la asamblea en Orán el domingo 22 de enero. Esa noche los vecinos decidieron un plan de lucha. Concluyó el jueves pasado con una caravana por las calles de las principales ciudades con acampes y la despedida popular a los referentes que viajarían a Salta capital para la reunión del viernes 27. Fue el encuentro que se concretó al mediodía, en el Centro Cívico del barrio Grand Bourg en la capital salteña. El grupo que viajó está integrado por personas que viven en Orán, Embarcación, Pichanal y Tartagal principalmente. Se trasladaron 300 kilómetros para plantear sus demandas frente a un tarifazo eléctrico que elevó exponencialmente el valor final de la electricidad que consumen.

El gobernador Gustavo Sáenz no los recibió personalmente. Era una de las expectativas de los vecinos cuando ingresaron al encuentro. Un total de ventiún referentes de los acampes con mandato vecinal plantearon sus demandas a los funcionarios. Del gobierno provincial, asistieron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el gerente de usuarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), Pedro De Los Ríos; el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, y el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho.

De los Ríos, Dib Ashur, Camacho y Jarsún. 

“El gobierno, que se hizo el distraído hasta hoy, nos abrió las puertas porque no tuvo más remedio. La reunión fue posible gracias al pueblo. Las movilizaciones, los acampes, las caravanas, el cartelito de la vecina, todo sumó para que estuviéramos acá”, manifestó Rubén Tolay, referente del acampe de Orán y uno de los voceros del grupo. “Hicimos escuela. Leímos y nos asesoramos para debatir con este gobierno. Concretamente, vamos a discutir cómo y cuánto vamos a pagar”, informó. Se trata de la tarifa diferencial para zonas cálidas que declaró el decreto 50/23 el 19 de enero. El Poder Ejecutivo ordenó al Ente Regulador de los Servicios Públicos salteño entregar, en un plazo no mayor a 20 días, una propuesta con el nuevo esquema tarifario. Ese plazo vence el 13 de febrero próximo y será el proyecto que discutirán los vecinos en cada asamblea.

“Por otro lado, queremos discutir el valor del kilovatio por hora de consumo”, prosiguió Tolay en diálogo con Salta/12. “No queremos una nueva segmentación tarifaria. La trampa está en cómo se cobra en la boleta”, continuó. “Es la provincia que cobra la luz más cara del país. Pagamos cargo fijo, energía reactiva, energía activa, nos cobran hasta el alumbrado público”, detalló. Todos los vecinos advierten y comparten la misma sensación: el valor final de la tarifa resulta de cálculos caprichosos que sólo favorecen a las empresas encargadas de la distribución y transporte de la energía.

Una vez concluida la reunión con los funcionarios provinciales, a los referentes los esperaban más vecinos de los acampes del norte salteño, familiares, organizaciones sociales de la Unidad Piquetera, el Partido Obrero y el MST / Frente de Izquierda unidos. El miércoles 25, esas organizaciones sociales piqueteras más los dos frentes políticos se manifestaron frente a las oficinas de la empresa prestataria del servicio de energía, Edesa, en la ciudad de Salta. Incluyeron el reclamo del tarifazo en su pelea por los Potenciar Trabajo que descontinuó el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Aunque los usuarios de los municipios del departamento capital salteño todavía no reaccionaron por un tarifazo eléctrico en sus boletas mensuales, los asambleístas del norte provincial no dejan de aclarar que su lucha es por todos los usuarios del servicio en la provincia.

Pablo Cobos, Rubén Tolay y Josefa Cardozo, frente a los funcionarios. 

Desde el gobierno, ya no niegan la mala calidad del servicio de distribución de la energía eléctrica. “Partimos de decir que la prestación en esos departamentos no es buena. De otro modo no estaríamos en esta situación”, se sinceró el ministro de Infraestructura al finalizar la reunión con referentes de los acampes. Su respuesta no desentonó con la del presidente de ese organismo, Carlos Saravia, al ser consultado por este medio la semana pasada antes de la reunión. “Hay varios componentes en el servicio eléctrico que confluyen en la crisis. Hay responsabilidad compartida de Nación y Provincia por décadas (pero) cuando hay (una) crisis tan profunda, es difícil (…) porque la gente tiene razón”.

Distintas interpretaciones frente al problema

Los caminos se bifurcan en las respuestas y soluciones que cada parte propone frente al diagnóstico que ahora comparten. “Nosotros pedimos un nuevo DNU para reglamentar”, explicó Rubén Tolay. “El decreto 50/32 solamente obliga a la empresa y al Ente Regulador que se pongan de acuerdo para presentar un proyecto de tarifa reducida. Para nosotros, no es nada. Ellos (por los funcionarios salteños) hablan de la tarifa nacional y advertimos que quieren proponernos una nueva segmentación”, dijo en relación a los argumentos de la provincia en contra de la implementación de la segmentación tarifaria nacional. “Queremos que se eliminen todos los ítems, lograr una tarifa unificada”, prosiguió Tolay. Los asambleístas manejan, principalmente, dos opciones: pagar el 20 por ciento del total de la energía consumida y discutir el valor por kilovatio hora para llegar a una tarifa sin componentes adicionales, o que el porcentaje a descontar de la tarifa mensual sea el 80 por ciento del valor total de todos los ítems que la componen actualmente.

El gobierno maneja otra mirada, que construye según su serie de actos administrativos. Camacho los detalló al final de la reunión del viernes. Uno fue el decreto 38/23, del 17 de enero, por el que la provincia retrotrajo la facturación a los valores del periodo comprendido entre el 15 de octubre al 15 de noviembre. Antes, apareció el 37/23, que elevó las multas por mala prestación de servicio a la distribuidora Edesa y a la transportadora de energía Transoa. Y finalmente, el decreto 50/23 que Camacho sintetizó: “instruye al Ente a crear a futuro un sistema de subsidios que se vea reflejado en los departamentos cálidos. El plazo para entregar esa propuesta es de 20 días. En el próximo período de octubre 2023 a marzo 2024 seguramente se verá reflejado en las boletas del servicio”.

Dos días antes de la reunión de los referentes del norte con funcionarios provinciales, el Ente Regulador emitió la resolución 84/23. Dispuso una medida cautelar administrativa que recategoriza a todos los usuarios incluidos como N1 (residenciales) en los departamentos Orán y San Martín en la categoría N3 (ingresos medios). Será así hasta que culmine el proceso de revisión que realiza el organismo. Se fundamenta en que, en esos departamentos particularmente, la categorización establecida por la Secretaría de Energía de Nación para acceder a los beneficios de la segmentación tarifaria, no se realizó correctamente debido a problemas de acceso a la conectividad digital. 

Lo fundamental es el dominó impensado que provocó el tarifazo eléctrico en el norte salteño. Desde el amparo colectivo presentado por el abogado Cristian Illesca el 12 de enero, el gobierno provincial se adelantó a las decisiones que podía tomar la justicia provincial, y emitió una serie de decretos en plena feria judicial para desactivar los acampes. Sin embargo, la cintura política no parece haber estado a la altura. “Antes de esta reunión, fueron prepotentes y soberbios”, contó Pablo Cobos, otro asambleísta que viajó hasta Salta capital. Pequeño comerciante de Orán, se quejó por la persecución policial que sufrió en su viaje a Salta. “Me pararon en dos puestos policiales, me llamaron por mi nombre, me bajaron de la camioneta y me sacaron fotos. Desde que iniciaron los acampes, tengo tres policías frente a mi casa”, contó.

“Les marcamos el paso, la movilización popular les marcó el paso”, expresó Josefa Cardozo, también del acampe de Orán. “Si el gobernador no escucha a los usuarios, esto va a terminar en una crisis mayor. No vamos a abandonar los acampes”, dijo. Esta noche, en cada acampe en las ciudades de Orán, Embarcación y Tartagal principalmente, se informará a los vecinos y vecinas lo ocurrido en la reunión del viernes en Salta capital y decidirán en asambleas los pasos a seguir.