Las menores transferencias de capital a fondos fiduciarios, empresas públicas y provincias derivaron en una caída de la inversión ejecutada por el Estado del 38,3 por ciento en términos reales durante 2022, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Al analizar el sobrecumplimiento de la meta fiscal de 2022 la OPC había advertido que los gastos de capital fueron determinantes para explicar la retracción del gasto real de la administración pública nacional en 7,4 por ciento en el año (y 19,5 por ciento en el último semestre).

La Inversión Pública ejecutada por la administración nacional (APN) durante 2022 ascendió a 1.178.200 millones de pesos (1,178 billones), distribuídos en gastos de transferencia de capital por 790.657 millones e inversión real directa (lo que habitualmente se conoce como obra pública) por 387.542 millones. Los gastos en transporte, vivienda y urbanismo y agua potable se llevan el grueso de los fondos, y son ejecutados básicamente por el ministerio de Obras Públicas, de Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Social y Hábitat, ahora a cargo de Victoria Tolosa Paz (Juan Zabaleta fue el ministro hasta octubre pasado).

Las transferencias de capital tienen por objetivo financiar proyectos y adquirir equipos para instituciones de la APN y en 2022 retrocedieron principalmente por los menores giros a fondos fiduciarios, que cayeron 55,8 por ciento en términos reales, impulsados mayormente por el recorte en el programa Procrear. En suma, se invirtieron 254.372 millones de pesos vía fondos fiduciarios. En segundo lugar, las transferencias destinadas a empresas públicas disminuyeron 49,6 por ciento y alcanzaron 227.862 millones de pesos. El ajuste se dio principalmente en AySA. 

En tanto que las transferencias efectuadas a provincias y municipios cayeron 33,4 por ciento real y totalizaron 246.512 millones de pesos. Los giros a Buenos Aires mermaron 43,2 por ciento y explicaron el grueso de la tendencia, pero también acusaron fuertes reducciones las provincias de Chubut, Córdoba y Salta.

En fondos fiduciarios el Procrear vio recortado el gasto en 244.918 millones de pesos, y el total de los fiduciarios (que incluyen obras hídricas y de vivienda social) en 321.248 millones. Entre las empresas públicas, el presupuesto de AySA cayó en 118.032 millones de pesos, el de Enarsa 55.000 millones e infraestructura en trenes argentinos 14.000 millones, entre los más importantes. 

El recorte de los giros a la provincia de Buenos Aires fue por 50.000 millones y la suma para todas las provincias y municipios cayó en 123.590 millones.

La inversión real directa retrocedió 9,9 por ciento en términos reales durante 2022. Se vio afectado su principal concepto que son los proyectos para construcción y mantenimiento de autopistas, autovías y rutas: lo que habitualmente se conoce como obra pública. Se realizaron 710 obras con estos destinos durante el ejercicio pasado.

En suma, en 2022 la inversión pública representó el 1,4 por ciento del PBI. Un ratio inferior al 2,4 por ciento de 2021, año en el que las transferencias a fondos fiduciarios y a empresas públicas realizadas durante el último bimestre registraron un máximo para el período. Aún así, la inversión pública se mantuvo en niveles superiores al trienio 2018-2020 que rondaba en 1,2 por ciento, con un mínimo en el último año debido al Covid-19, destaca la OPC.

Por último, el ratio de ejecución del gasto en inversión fue del 86,7 por ciento el año pasado. El grueso del financiamiento de este tipo de gasto proviene de fuentes internas y el 15 por ciento de fondos externos como los préstamos del BID, el BIRF y la CAF.