"Hablan permanentemente de la urbanización de la 31 y cuando provocan una situación, dañando a 26 familias, las soluciones dejan en evidencia que el Estado está ausente”, denunció Matías Barroetaveña, legislador porteño por el Frente de Todos. Las familias de la villa 31, que se quedaron sin hogar debido a la errónea demolición de la empresa Villarex S.A hace más de 10 días, continúan viviendo en carpas debajo de la autopista Illia. En tanto, el Ministerio Público de la Defensa realizó una denuncia por incumplimiento de la medida cautelar que le impuso la justicia al Gobierno de la Ciudad para dar un plan de emergencia habitacional a los damnificados.
“El gobierno de la Ciudad dice que ya están en condiciones, que los vecinos se pueden mudar, pero las paredes están destruidas y el aire, por la cantidad de hollín que hay, no se puede respirar”, sostuvo Barroetaveña. En un relevamiento realizado el viernes 25 de enero se determinó que las viviendas se encuentran “inhabitables", por consecuencia del derrumbe y posterior incendio.
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad les había ofrecido a los damnificados ir a un parador o un hotel sin tener en consideración que las personas no quieren abandonar sus pertenencias. “Siempre está el riesgo de que después no les permitan volver. Muchas veces los desalojos temporales terminan siendo permanentes”, dijo Barroetavaña. Y añadió: "Deberían llevar adelante las limpiezas correspondientes para que estén habitables las casas nuevamente".
“Hablan permanentemente de la urbanización de la 31 y cuando provocan una situación, porque la provocó el propio Estado por medio de una empresa que no cumplió con los protocolos que debería haber cumplido, dañando a 26 familias, las soluciones dejan en evidencia que el Estado está ausente”, concluyo Barroetaveña.
