La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó este lunes que el Estado colombiano es responsable por el "exterminio", desde la década de los ochenta, de más de seis mil líderes sociales, políticos y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP). Según el fallo, el Estado colombiano violó los derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia de los integrantes de la UP, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió. El presidente Gustavo Petro se pronunció en contra de un "Estado asesino que no debe retornar más" y aseguró que su gobierno apoyará a la justicia nacional e internacional "contra la impunidad".
Un plan sistemático de exterminio
Según la sentencia de la Corte IDH, los actos cometidos por el Estado "constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".
La Corte IDH, con sede en Costa Rica, notificó este lunes la sentencia a las partes e indicó que valoró positivamente un reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado, como una herramienta para el desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas.
El tribunal interamericano estableció que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos del niño y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento.
También fue vulnerada la libertad de expresión, la libertad de asociación y derechos políticos de las víctimas, ya que su actividad política fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra del partido que era calificado como un "enemigo interno", detalló la Corte IDH, que en paralelo señaló "la ausencia de investigación y persecución penal de los hechos de violencia contra la UP" y que "el Estado vulneró el derecho a la verdad como derecho autónomo".
En el fallo, la CorteIDH ordena al Estado "iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales". El Estado colombiano también deberá efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
"El Estado asesino no debe retornar más"
Este importante fallo quedará en la historia por ser dictado durante el mandato del presidente Gustavo Petro, el primer gobernante de izquierda en la historia de Colombia. "Hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio", tuiteó Petro antes de que se publicara el fallo.
El presidente colombiano agregó que su gobierno "apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad" y recordó que el fallo está en sintonía con su propuesta de paz total al remarcar: "He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aún la mano está tendida. Pero no piensen que este gobierno se arrodilla".
Auge y caída de la Unión Patriótica
La UP fue fundada el 28 de mayo de 1985 dentro del proceso de paz entre el Estado colombiano, representado por el gobierno de Belisario Betancur, y las FARC. Logró trascendencia inmediata porque, apoyada no solo por guerrilleros desmovilizados, se convirtió en una oferta electoral de izquierda que intentaba romper con el bipartidismo de liberales y conservadores, estructuras de las que, incluso, algunos dirigentes y militantes se pasaron a la UP.
La UP se presentó en las elecciones presidenciales de mayo de 1986 con Jaime Pardo Leal como candidato y logró un 4,6 por ciento de los votos, con lo que terminó en el tercer puesto. El naciente movimiento presentó una plataforma de 20 puntos con proyectos ambiciosos como una reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales y un modelo económico nacional separado del capitalismo global.
"Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP", indicó la sentencia. Mientras una parte de la guerrilla que no se había adherido al acuerdo continuaba combatiendo, los desmovilizados nucleados en la UP siguieron adelante con la actividad política y empezaron a ser asesinados por paramilitares y narcotraficantes, sectores que se aliaron para defender sus intereses.
El ataque contra los dirigentes y militantes de la UP no cesó hasta haber asesinado a más de tres mil personas, empezando por el propio Pardo Leal que fue ultimado un año después de su incursión electoral. La misma suerte corrió el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo, quien fue asesinado a tiros el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto internacional de Bogotá.
