En Polonia, los obstáculos que debió enfrentar una adolescente con discapacidad mental para acceder a la interrupción de la gestación que cursaba producto de un abuso sexual, terminó desencadenando una ola de indignación y demandas para suavizar las leyes, que están "entre las más estrictas" de Europa. Las reacciones se registraron, inclusive, dentro del propio gobierno polaco. "Estamos conmocionados por este caso y nuestra respuesta es inequívoca", aseguró el ministro de Salud polaco, Adam Niedzielski, quien calificó al caso de "inaceptable".
La adolescente tuvo que sortear la "objeción de conciencia" alegada por varios médicos en hospitales del este del país para no realizar el procedimiento. La joven finalmente consiguió interrumpir su embarazo en Varsovia, con ayuda de Federa, un grupo de activistas feministas.
Desde enero de 2021, Polonia "solo permite abortar en caso de agresión sexual o si la vida o salud de la mujer se encuentra en peligro”. Sin embargo, incluso bajo estas condiciones "es difícil reivindicar sus derechos" en este país miembro de la Unión Europea.
Tras el revuelo provocado por el caso, la oposición pidió modificar la ley.
"La cláusula de conciencia es una ley atroz e inhumana (...) y debería de ser eliminada", declaró la diputada de izquierda Katarzyna Kotula.
Según el Defensor del Pueblo, Marcin Wiacek, el caso revela las deficiencias de la normativa porque los hospitales deberían haber informado a la niña sobre los centros dispuestos a practicar abortos.
Abortar es prácticamente imposible en Polonia desde que el Tribunal Constitucional declarara en 2020 que los abortos por malformación fetal eran "inconstitucionales".
La adolescente, que presenta una deficiencia intelectual, había sido "agredida sexualmente por su tío y no se dio cuenta de su embarazo hasta que su tía descubrió lo sucedido y trató de ayudarla para abortar", recordaron fuentes allegadas a la joven.
