El juicio por el asesinato de Lucio Dupuy tendrá su sentencia este jueves cuando la justicia pampeana determine la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez. Esto es, si son culpables o no las acusadas por el crimen del niño de cinco años. El caso conmueve no solo por la tragedia de esta muerte niña. Sino, y quizá más aún, porque expone los abusos en las relaciones intrafamiliares, y la violencia infantil que, pudiendo prevenirse, pasó inadvertida para los adultos que asistieron a Lucio en más de una oportunidad, en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa. Allí ocurrió el homicidio, en noviembre de 2021.

A la espera de la sentencia crece el debate por la responsabilidad del Estado en este crimen, por la ausencia de control que deviene en la tragedia de su muerte. Hoy, organizaciones civiles reclaman la sanción de la “Ley Lucio”, que busca capacitar en derechos de los niños a funcionarios públicos. En tanto la familia Dupuy demandará al Estado provincial y a su Ministerio de Salud, por no haber advertido la gravedad de la situación. Esto es un punto crítico para los expertos en infancias, que sin embargo, sostienen que la legislación vigente da respuesta, pero la falta de recursos impide la posibilidad de implementarla a consciencia, en todo el territorio nacional.

El de Lucio “lamentablemente, se convierte en un caso emblemático” explica la abogada Yael Bendel, especialista en infancias y adolescencias. Por el impacto del horror al que fue sometido, su muerte se transforma en referencia: “No es la primera y vez y no va a ser la última en la que el Estado tiene muchos indicadores, y avisos sobre una situación de vulneración de derechos contra un niño, y no interviene, o interviene de modo precario, o de mal modo”, detalla Bendel, quien fue asesora General Tutelar en CABA, y Presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo advierte que la creación de una nueva normativa –la Ley Lucio, que está previsto tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso--, no aporta más herramientas. “Nuestro Estado en este tema tiene una legislación comparable a la de los países más desarrollados. En todo caso se trata de falta de cumplimiento de las normas no de un problema de las normas” afirma. Por lo que se debería tratar de fortalecer el sistema vigente.

Bendel habla de “tres pilares": la Convención Internacional de derechos del Niño, la Ley 26.061, y la ESI, que no solo educa a los niños, también a los adultos. Y sobre la 26.061, la abogada repasa: “define un sistema de protección integral”. Esto significa “que todo el Estado y esto incluye a la sociedad –advierte-- debe velar por la integridad psicofísica de los niños. Y cada vez que alguien se contacta con un niño que puede estar siendo vulnerado, tiene que avisar, es su obligación dar aviso al sistema de protección, a los organismos de niñez especializados” explica.

En este caso “fallamos todos” lamenta. “No podemos naturalizar un golpe, hay que indagar por qué sucedió. Porque así le fallamos a Lucio, y también a cientos de miles de chicos cuyos casos no se hacen públicos” afirma la especialista. En este caso, aunque hubo alertas y aparentemente hubo denuncias –en tanto avisos al Estado, por caso una vecina--, no hubo un seguimiento sobre los ingresos anteriores de Lucio a centros de salud ni denuncias de quienes lo asistieron. Tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que concurría. Esto abrió la investigación para establecer responsabilidades en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado el desenlace.

El martirio de Lucio, su via crucis --demostrado en el juicio--, indica que ya había presentado signos de maltrato, y había sido atendido al menos cinco veces en tres meses, hasta el momento de su muerte, por politraumatismos a causa de golpes. A lo que se suma el abuso sexual. Esto demostró el juicio que tuvo 18 audiencias y contó con unos 70 testigos, entre ellos médicos, policías, familiares de la víctima y de las acusadas.

Sobre las responsabilidades institucionales, la familia paterna evalúa también un pedido de juicio político a la jueza del Juzgado de Familia Ana Pérez Ballester, quien restituyó al menor a su madre. Aun cuando la mujer lo había dejado al cuidado de un tío, hermano de su padre, Maximiliano Dupuy. Según los Dupuy, la jueza nunca ordenó seguir el caso. Silvia Gómez, la abuela de Lucio argumentó: “Magdalena hizo denuncias falsas hasta que la jueza revocó la tenencia, y le firmó la sentencia de muerte a mi nieto. No fue capaz de mandar un asistente social”.

Y mientras la querella introduce el agravante de “odio de género” y despierta monstruos adormecidos en relación a la convivencia de familias de personas LGBT, las acusadas plantean que “no quisieron matarlo”. Sin embargo, la fiscalía integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero acusa a la madre del niño y a su pareja de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”. Aunque la condena no será explicitada este jueves, si se las encuentra culpables, sino en 15 días.

"El abuso intrafamiliar es lamentablemente moneda corriente --aporta la especialista--, y en 8 de cada 10 casos, el autor es un hombre. Acá llama la atención porque las autoras son dos mujeres. Pero la víctima es el niño y el Estado no estuvo presente para este niño, independientemente de quien sea el autor del crimen. Eso no importa, lo importante es la víctima" enfatiza. Y destaca que fortalecer el sistema de prevención y alertas sobre las normativas vigentes, permitiría focalizar en el cuidado de las infancias. 

La ESI es central en este sentido, porque es "otra Ley que promueve cuidados", señala Bendel. “Porque no solo educa y concientiza a los niños acerca de la importancia de hablar, también a los adultos en la importancia de escuchar y la de ver lo que no muestran. Un niño que se duerme, un niño que esta triste, un niño que a veces va y a veces no va a la escuela, es una alerta. Aquí faltó escucharlo” evalúa. Y destaca el problema de los recursos y herramientas: “Es un problema sobre cómo están distribuidos los recursos en el territorio, esto es importante porque no es lo mismo abordar estas problemáticas en CABA que en el interior del país” afirma.