Los 14 proyectos que contienen las denuncias contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia comenzarán a tratarse finalmente el próximo jueves en la comisión de Juicio Político que preside la entrerriana del FdT, Carolina Gaillard. En total son 7 denunciantes particulares y 7 proyectos presentados por legisladores. Por estas horas el FdT trabaja en la estrategia que desplegará para dejar en evidencia las múltiples irregularidades en que incurrieron los miembros del máximo tribunal y que ameritan el proceso de enjuiciamiento.

Desde la semana pasada, cuando comenzó a trabajar la comisión, continuaron llegando nuevas denuncias de ONGs por el manejo de información privilegiada para beneficio personal y de exfuncionarios vinculados a Cambiemos, como la que presentó la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales -EXIGIR- sobre la edad de jubilación de los magistrados. En intervenciones de 15 minutos por cada proyecto de resolución se apuntará a demostrar que existen razones para iniciar el proceso. En esta reunión se escucharán los fundamentos de cada una de las acusaciones para que el próximo 9 de febrero, se defina la viabilidad del proceso y así se habilite el desfile de testigos, denunciantes y la recopilación de evidencia.

Uno de los aspectos en los que piensa profundizar el FdT son los recursos económicos que maneja la Corte Suprema. En ese sentido, se aferrarán a la denuncia impulsada por Elisa Carrió, y que hoy la Coalición Cívica parece querer borrar de su historial sobre el fondo anticíclico; para tirar de ese hilo y desandar el camino desde su creación en 2008 y que hoy alcanzaría más de 60 mil millones de pesos. Si bien la exdiputada en declaraciones periodísticas recientes sostuvo que su bloque mantendrá su acusación contra Ricardo Lorenzetti, por su administración durante su presidencia, y que viene cuestionando formalmente desde 2017; adelantó que su bloque no habilitará el proceso contra los otros tres miembros.

El fondo en cuestión es una serie de plazos fijos creados para “atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos y, con ello, asegurar un planeamiento con reducción de riesgos” según consignó en su momento el máximo tribunal a través de su Centro de Información Judicial. En el pedido de casi cien páginas redactado por la diputada Paula Oliveto y el presidente del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López, se denuncia además que durante la gestión de Lorenzetti entre 2010 y 2012 creció la planta de personal en mas de 400 empleados. Desde el FdT quieren saber cómo se administraron esos recursos que lejos está de impactar en una mejora de la prestación del servicio de justicia.

Pero además de esto hay otro punto que se busca esclarecer y es la fuente de recursos económicos que ingresan a partir de la tasa de justicia --obligatoria para el inicio de cualquier demanda legal--, y los depósitos judiciales que se custodian mientras dure un litigio. Como se abonan únicamente en el Banco de la Ciudad, el oficialismo en Diputados sospecha de algún tipo de connivencia en perjuicio de las arcas públicas del Poder Judicial ya que estos depósitos judiciales generan intereses durante el lapso que se encuentran en resguardo, y que son significativamente menores a los que puede generar cualquier otra herramienta financiera que ofrece la misma entidad bancaria. Desde el FdT explican que se trata de un tipo de plazo fijo que en lugar de capitalizarse a un promedio del 76% de interés anual, como se ofrece en la página web del banco, la justicia sólo capitaliza con una tasa del 12% lo que supone la perdida de más de 63 puntos en perjuicio de todo el sistema. En ese sentido buscarán que las autoridades del Banco público de la CABA explique porque establece una tasa diferencial que en definitiva perjudica al propio Poder Judicial de la Nación.

Las irregularidades en la administración de la obra social del personal del Poder Judicial es otro de los aspectos económicos que cuestiona el oficialismo y que viene siendo denunciado penalmente por las organizaciones sindicales que representan a los propios trabajadores. Los expedientes se iniciaron por denuncias en el deterioro de las prestaciones a partir de la administración de Aldo Tonón, un hombre de confianza del juez Maqueda. Si bien la Corte intervino desplazando a Tonón durante el año pasado, el proceso judicial abierto está en manos de juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli. Ya en agosto del 2022 la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado le solicitó al máximo tribunal que entregue información sobre la obra social y emitió una resolución advirtiendo estas irregularidades.

Los otros puntos que se suman a la lista de denuncias contra los miembros del máximo tribunal son el intento de beneficiar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad declarando en mayo de 2017 la aplicablilidad de la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, que estaba derogada ya en ese momento y que reducía el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna.

La reciente definición a favor de la medida cautelar interpuesta por el gobierno de CABA en relación a la disputa con el gobierno Nacional por el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables. Que el máximo tribunal resolvió el 21 de diciembre pasado y que suscitó la reacción de los gobernadores peronistas. También se suma la intervención del Consejo de la Magistratura donde se repuso una ley derogada en el año 2006 que amplia el número de integrantes y mantiene virtualmente paralizado ese organismo de designación y control de los magistrados de las instancias inferiores. La decisión que asumieron a través de la acordada del 16 de diciembre de 2021 que además impuso un plazo para el dictado de una nueva ley, dejó en un limbo las designaciones de decenas de jueces para los fueros de las primeras instancias.