Desde Londres

La última huelga general en el Reino Unido fue hace casi un siglo, en 1926, y duró nueve días. La medida de fuerza que adoptaron este miércoles los sindicatos de trabajadores estatales es lo más parecido a ese evento histórico que hasta hace poco era más un tema escolar y folclórico que una amenaza presente de parálisis nacional. Las cosas están cambiando.

Cientos de miles de maestros, profesores universitarios y trabajadores de la administración pública junto a los ferroviarios que han mantenido el país en vilo en los últimos 8 meses, saturaron las calles de las principales ciudades de Inglaterra para exigir un incremento salarial que empate o gane a la inflación y una derogación del proyecto de ley laboral para restringir aún más el derecho a la huelga en el país.

En la manifestación en el centro de Londres, maestros, profesores y académicos resumieron sus demandas en un cántico: “No ifs, no buts, no education cuts” (que sin la rima equivale a un “ni quizás, ni peros, no a los recortes en la educación”).

Cambio de paradigma

La medida de fuerza no es ni el comienzo ni el fin de una ola de huelgas que está cambiando la ecuación político-social después de décadas de thatcherismo explícito (con los conservadores) o resignado (con el laborismo de Tony Blair y Gordon Brown 1997-2010).

Las huelgas empezaron en el verano inglés, se extendieron a las fiestas navideñas, recomenzaron en enero y continuarán en febrero (14 huelgas programadas para los 28 días del mes) y marzo.

En cinco días viene una de las huelgas más emblemáticas: la segunda ronda de paro del servicio de enfermería (unas 750 mil personas) que por primera vez en su historia se pliega a medidas de fuerza de esta naturaleza.

Los diferentes sindicatos que agrupan al sector educativo planean siete paros más de acá a fines de marzo. Fisioterapeutas, parteras, conductores de ambulancia, colectiveros han también votado a favor de medidas de fuerza en este período.

Cada sindicato tiene demandas específicas, pero todos coinciden en dos puntos: la exigencia de un aumento salarial en línea con la inflación y el freno a la ley laboral que impulsa el gobierno para contener esta ola de huelgas.

La ley y el tsunami

Es virtualmente imposible realizar una huelga general a la argentina en el Reino Unido. La ley laboral aprobada por el parlamento Thatcherista en la década de los 80 prohíbe explícitamente que la Central de Trabajadores, la TUC, coordine medidas de fuerza entre distintos sindicatos. Pero la legislación promulgada por la "Dama de Hierro" no consiguió ser tan draconiana como para que no quedaran lagunas. Nada le impide a los sindicatos convocar a huelgas en la misma fecha luego de someter la medida de fuerza al voto de sus miembros como estipula la ley.

Frente a este tsunami de los trabajadores estatales, el gobierno presentó un proyecto de reforma de la ley laboral para imponer niveles mínimos de servicio que coarten la posibilidad de futuros paros. La ley fue aprobada el 17 de enero en la Cámara de los Comunes, pero todavía debe pasar por la Cámara de los Lores donde es muy probable que sufra enmiendas que demorarán la aprobación parlamentaria. Los sindicatos ya han anticipado que recurrirán a la justicia por considerar que la medida atenta contra el principio básico del derecho a la huelga.

El diálogo entre sindicatos y gobierno está empantanado luego de meses de estériles negociaciones. El gobierno no se ha movido de la posición que adoptó en junio pasado. Según los conservadores, un aumento en línea con la inflación costaría el equivalente a 28 mil millones de libras (unos 30 mil millones de dólares). El argumento oficial es que, con una deuda pública del 100% del PBI e intereses mensuales de cerca de 10 mil millones de libras, no le dan las cuentas.

En las preguntas parlamentarias al primer ministro este miércoles en la Cámara de los Comunes, Rishi Sunak usó una segunda línea de defensa: politizar las huelgas. “Los sindicatos financian al laborismo. Así que la oposición fomenta a los extremistas que protestan y los capitostes sindicales. Nosotros estamos del lado de los británicos que trabajan y de los chicos que van a la escuela”, dijo Rishi Sunak.

Los sindicatos han moderado algunos de sus reclamos, que buscaban recobrar todo lo perdido durante los últimos 13 años de austeridad, pero no ceden en un punto. En el último año la inflación se quintuplicó: el incremento tiene que cubrir esa brecha con los precios.

El Sindicato de Bomberos, la Fire Brigades Union (FBU), que acaba de votar a favor de una huelga el 23 de este mes, acusó al gobierno de intransigencia. “ Los bomberos, con otros servicios públicos, fuimos los héroes de la pandemia que mantuvieron al país en pie. No puede ser que ahora Rishi Sunak se niegue a darnos un salario decente”, dijo el secretario general de la FBU, Matt Wrack.

El impacto de estos ocho meses de semi-parálisis de los servicios públicos se ve en la vida cotidiana y laboral: oficinas vacías por el paro de transporte, 88 mil cancelaciones de citas médicas en el Servicio Nacional de Salud, escuelas y universidades sin maestros, profesores, alumnos y clases.

Los reclamos

La misma prensa del establishment reconoce el deterioro del salario real de los trabajadores públicos después de cinco gobiernos conservadores y 12 años de austeridad.

Una análisis de los datos oficiales realizado por el Financial Times mostró a fines de enero que todo el sector público ha padecido el impacto “sea de la austeridad o de cambios estructurales”, a los que se agregaron la pandemia y la guerra.

Un enfermero o enfermera está ganando un 18% menos que en 2010, año en el que asumieron los conservadores con la consigna de sanear las finanzas públicas (golpeadas por el estallido financiero de 2008).

Un doctor “junior” perdió un 26% de su salario: los catedráticos ganan un 20 por ciento menos.

El gobierno reconoce esta pérdida del poder adquisitivo, pero se escuda en el déficit incurrido durante la pandemia, para justificar una oferta del 4% de aumento frente al 11% de inflación.

¿Quién financia los servicios públicos?

La deuda pública británica saltó del 60% del PBI en 2020 al 100% actual de la mano de los programa de ayuda al sector privado y a los trabajadores durante la parálisis económica causada por la pandemia y las distintas etapas de confinamiento.

Nadie discute este impacto en las arcas públicas que se agravaron con los subsidios concedidos a las empresas y la población para morigerar el alza de los precios energéticos por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo los sindicatos, la oposición, institutos especializados y hasta la BBC disienten con las 28 mil millones de libras que costaría en el cálculo oficial un incremento salarial que empate con el alza del costo de la vida.

Según el Instituto de Estudios Fiscales, suerte de árbitro en estos debates, el costo real de un aumento que logre ese objetivo de mínima para los 5,7 millones de empleados públicos sería 18 mil millones. Pero a esta suma habría que restarle la recaudación adicional que obtendría el gobierno de estos salarios que, al aumentar, pagarían más impuestos. La cifra cae a unos 15 mil millones.

La evasión de los ricos

Más allá de este minucioso cálculo de almacenero está un tema que cada día pesa más en el debate público por los escandalosos casos de evasión y elusión fiscal de ricos y multinacionales. La estimación oficial es que la evasión fiscal le cuesta unos 32 mil millones de libras anuales al fisco, pero esta cifra se duplica si se le añade la elusión fiscal y los diferentes agujeros legales que favorecen a los ricos.

Las revelaciones este fin de semana publicadas por el The Guardian sobre decenas de miles de propiedades en el Reino Unido registradas en paraísos fiscales a nombre de empresas fantasmas agitaron aún más la polémica sobre las reglas diferentes que rigen para distintos sectores en el interior de la sociedad británica.

Una cosa son las obligaciones impositivas para los millonarios, las multinacionales y su cohorte de contadores, abogados y paraísos fiscales: otra totalmente distinta para el resto de la población. En el debate público el déficit fiscal está dejando de ser un problema de gasto fiscal excesivo para convertirse en uno de insuficiente recaudación tributaria gracias al realismo mágico de los paraísos fiscales. “Si se solucionaran estas anormalidades que vienen ocurriendo desde hace ya demasiado tiempo, no estaríamos en la situación actual”, señaló a PaginaI12 Rob Palmer director de Tax Justice Network en el Reino Unido.

No es el plan del gobierno que, según ha manifestado su ministro de finanzas, Jeremy Hunt, quiere lanzar un “mini Canary Wharfs” (zona del sector financiero londinense con especiales concesiones impositivas) para relanzar económicamente al Reino Unido. La lógica del plan está tan gastada como el previsible conejo blanco que un mago viejo y cansado saca una vez más de la raída galera. El truco es prometer que estas zonas francas activarán el célebre derrame de riqueza de arriba hacia abajo (trickle down) que nunca ha ocurrido: concesiones impositivas a los ricos y multinacionales para que una lluvia de inversiones haga crecer la economía y los ingresos del conjunto de la sociedad. Sería un segundo tiempo a lo Macri con la salvedad de que, después de cinco gobiernos consecutivos, los conservadores están en los últimos minutos de tiempo suplementario y con la soga al cuello.