La desigualdad socioeconómica en Argentina tiene su correlato en el acceso a información sobre cuestiones fiscales. Mientras que los datos personales de quienes reciben subsidios o transferencias directas han sido considerados de interés público por parte de la Justicia Nacional, los correspondientes a personas o empresas que logran pagar menos impuestos a través de exenciones fiscales o transferencias indirectas, todavía se mantienen ocultos.

La discusión sobre la apertura de datos de quienes reciben subsidios tomó la agenda pública cuando, terminando el 2022, la ministra de Desarrollo Social de la Nación pidió el levantamiento del secreto fiscal para acceder a los nombres de beneficiarias y beneficiarios del Potenciar Trabajo y así poder controlar incompatibilidades, hecho que derivó en la reciente suspensión de alrededor de 160 mil planes. 

Dicho programa incluye apoyo económico, al que se accede participando en proyectos socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa. Este apoyo equivale al 50 por ciento del salario mínimo, vital y móvil y está destinado a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, las más pobres dentro de las pobres. En un caso similar del año 2014, la Corte Suprema había considerado que se trataba de información de interés público, fundamental para controlar la gestión estatal.

Sin dudas, el Estado debe gestionar de forma transparente, diligente y eficiente los recursos públicos. Pero, ¿qué pasa con los gastos tributarios que se mantienen hace años sin revisión y en total opacidad? Desde 2018, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) busca acceder a datos sobre personas y empresas beneficiarias de gastos tributarios, es decir, de transferencias de recursos públicos que se implementan mediante reducciones de impuestos, apartándose de la legislación tributaria general, para favorecer a ciertas actividades, zonas, sujetos y/o consumos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es la única institución que interviene en la aplicación de todos los gastos tributarios. A pesar de ello, sus acciones no permiten dar cuenta de un control sobre el correcto uso de estos beneficios. 

Peor aún, haciendo una aplicación extremadamente restrictiva del secreto fiscal, el organismo recaudador se niega a brindar información relativa a sus beneficiarios y lo hace incumpliendo órdenes judiciales que la intiman a entregar esos datos. Es decir que prioriza el derecho a la intimidad y la tranquilidad del contribuyente (un interés netamente privado) por sobre el interés público en el control de la gestión estatal.

Privilegios

Así como las juezas y jueces están exentos de pagar Ganancias, tampoco afrontan este impuesto las empresas mineras ni las personas que se dedican a la compraventa de acciones y títulos valores con cotización en bolsas. Están exentos de IVA los servicios de agencias de lotería y otros explotados por el Estado, y de Bienes Personales los inmuebles rurales, depósitos en entidades financieras y las plataformas digitales, entre muchos otros. 

Todos estos beneficios suman un monto equivalente al 2,5 por ciento del PBI o el 13 por ciento del presupuesto total de gastos, mientras que el programa Potenciar Trabajo representa tan sólo el 2 por ciento del gasto.

La ministra de Desarrollo Social, en menos de dos días, consiguió acceder a los datos de quienes reciben el Potenciar Trabajo, mientras que ACIJ hace cuatro años que intenta que la AFIP cumpla en informar datos similares, pero de sectores de altos ingresos. 

Así, se da la paradoja de que los datos sobre los beneficios que el Estado otorga a la población más vulnerable son tratados con el mayor estándar de transparencia, mientras que los que otorga a algunos de los sectores más acomodados de la sociedad permanecen ocultos y gozando de la supuesta protección del secreto fiscal.

Acuerdo

En el marco de la búsqueda desesperada por aumentar las reservas internacionales de dólares, recientemente el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información clave en materia recaudatoria. Si bien esto significa un aliciente en términos de transparencia fiscal, no se debe desconocer que es sólo un primer paso para revertir la enorme desigualdad fiscal que condiciona y perpetúa una sociedad estructuralmente desigual en el acceso a derechos básicos.

Paralelamente a este acuerdo, se prevé una “exteriorización voluntaria de activos”, también llamado “blanqueo de capitales” en beneficio de aquellas personas más ricas que han evadido impuestos en el país, escondiendo sus fortunas en el exterior. 

Los “blanqueos” son en realidad amnistías fiscales, por las cuales el Estado se declara impotente para perseguir a evasores, otorgando beneficios para que declaren sus patrimonios ocultos. La fragilidad macroeconómica del país y la debilidad estatal transforman a los blanqueos en formas “fáciles” para que vuelva una parte de los dólares fugados y aumente la recaudación en el corto plazo. Argentina implementó seis de estos blanqueos desde el retorno de la democracia, casi uno cada seis años.

Para que todas las personas puedan vivir en condiciones dignas se necesitan políticas igualitarias y redistributivas. La transparencia y la justicia fiscal son fundamentales para lograrlo, pero sólo van a funcionar si se le exige a los sectores más ricos, como mínimo, lo mismo que a los grupos más vulnerables.

* Especialista en criminalidad económica e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

** Especialista en temas de sociología económica y economía política e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

***Coordinadora del Programa de Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).