Desde Santa Fe

Otra multitudinaria marcha hasta los Tribunales Federales de Santa Fe -a media cuadra de la casa donde el ex juez Víctor Brusa cumple su condena por delitos de lesa humanidad- volvió a reclamar ayer la destitución del presidente de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti -un "gestor de impunidad" de los genocidas, como lo llamaron- y ratificó su apoyo al juicio político en el Congreso para removerlo de su cargo, a él y a sus tres colegas, entre ellos el rafaelino Ricardo Lorenzetti. “Con esta Corte no hay derechos ni democracia”, planteó el documento que se leyó en el acto, convocado por el Foro contra la Impunidad y los organismos de derechos humanos. Y advirtió que la Corte debería “velar por el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional”, pero en los hechos hizo todo lo contrario: “Se dedicó a violar sistemáticamente el estado de derecho y quebrantar el orden constitucional” en lo que calificó como “un verdadero golpe de estado progresivo e invisible”.

El Foro contra la Impunidad –que integran Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de desaparecidos, entre otros- ya repudió a Rosatti en público. En 2017, lo declaró “persona no grata” en otra convocatoria masiva en la plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno cuando firmó el fallo del 2x1 para conmutar la pena a represores. Y luego, solicitó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL que lo separe de un cargo político: la dirección de una Maestría en Derechos Humanos, pero considerar que era “incompatible” con la sentencia PRO genocidas. Pero el petitorio no prosperó y el juez sigue en su puesto.

Ayer, en el documento, el Foro volvió a llamar a Rosatti “gestor de impunidad” y denunció que desde que asumió la presidencia de la Corte Suprema “boicotea el desarrollo de los juicios de lesa humanidad porque se niega a reunir a la Comisión Interpoderes, encargada de agilizarlos”. Su “actuación se condice con el conocido fallo del 2x1” que intentó liberar a “cientos de condenados” del terrorismo de estado con los votos del propio Rosatti y del juez Carlos Rosenkrantz.

La marcha en apoyo al juicio político a los cuatro supremos se convocó en la esquina de 9 de Julio y Monseñor Vicente Zape, frente a los Tribunales Federales de Santa Fe, en el mismo lugar donde se realizó la primera, el 1º de febrero de 2022, con el mismo objetivo: reclamar la destitución de Rosatti y sus colegas. Las dos tuvieron la adhesión de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y numerosos gremios, entre ellos la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los sindicatos docentes Amsafé y Sadop.

“Con esta Corte no hay derechos ni democracia”, alertó el documento. Y dedicó el primer párrafo a los dos jueces santafesinos: Rosatti, “ex intendente de obras inundadoras y gestor de impunidad” y Lorenzetti “con intereses en el negocio de la medicina privada”.

“La Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia judicial del país y la encargada de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución Nacional. Pero en los hechos, hizo todo lo contrario, protegida por el blindaje mediático del poder económico” y “se dedicó a violar sistemáticamente el estado de derecho y quebrantar el orden constitucional”. Una situación que “busca arrancarnos todos los derechos”, “transformar nuestra democracia en un mecanismo formal” y “representa un verdadero golpe de estado progresivo e invisible”.

El documento denuncia los fallos de la Corte, que coinciden con varias de las catorce denuncias que pesan sobre Rosatti y sus colegas:

*La Corte le quitó a Santa Fe y a las provincias “recursos económicos” coparticipables y se los dio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “violando la Constitución Nacional y pasando por encima del Congreso, que había votado el presupuesto del año 2023”.

*“Con jueces afines, garantizó la impunidad y el archivo de la denuncia del contubernio entre Rosatti y el jefe de gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta en el fallo que le otorgó en forma ilegal los fondos del Estado Nacional y de las provincias, para que pudiera hacer su campaña”.

*Antes, “en plena pandemia, sacó un fallo urgente también a favor” de Rodríguez Larreta, “que había decidido no acatar las medidas de aislamiento de las autoridades sanitarias nacional para evitar más muertes, solo para favorecer sus especulaciones políticas”.

*“Favoreció a las grandes empresas de Internet y TV por cable”, al desestimar el planteo del gobierno de considerarlos servicios públicos. Y así, les aseguró a esas compañías “la libertad de mercado”, la posibilidad de cobrar “precios exorbitantes y seguir enriqueciéndose a costa del pueblo, en particular el grupo Clarín que tenía como abogado a Rozenkrantz”.

*Avanzó “en el desmantelamiento del fuero laboral” y prepara “el terreno para la flexibilización”.

*Ratificó la “persecución inhumana de Milagro Sala. Una Corte integrada por cuatro varones, que sustenta una justicia sin ninguna perspectiva de género, que no actúa o lo hace tarde ante situaciones de violencia de género, femicidios, travesticidios”.

*“Se apoderó de la presidencia del Consejo de la Magistratura (el organismo que interviene en la designación y remoción de jueces), declarando inconstitucional una ley con 15 años de vigencia. De esa forma colocó a todos los jueces federales del país bajo su control, para que ninguno vaya a dictar un fallo que no le guste”.

*”Con su inacción, avala la infame actuación del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin pruebas, imponiéndole una verdadera proscripción política. Así como poco antes, a través de una jueza fiel a sus dictados, habían encubierto a los instigadores y financistas de su intento de asesinato”.

*“Boicotea los juicios por delitos de lesa humanidad por negarse a reunir a la Comisión Interpoderes, encargada de agilizarlos. Una actuación que se condice con el conocido fallo del 2x1 de 2017, cuando intentó liberar a cientos de genocidas condenados, con los votos de Rosatti y Rosenkrantz”.

*“Se ocupó de bloquear todas y cada una de las causas de corrupción y saqueo al país que realizó el ex presidente Mauricio Macri”, entre ellos “el pago ilegal de 10 mil millones de dólares a los Fondos Buitres y el endeudamiento del país por más de 50 mil millones de dólares con el FMI, sin la intervención del Congreso”.