Una supuesta ONG de Buenos Aires recauda dinero con el argumento de ayudar en casos que involucran a menores de La Rioja. La misma trabajaría para restablecer el contacto de las presuntas víctimas de abusos sexuales intrafamiliares con sus perpetradores.

Quien recauda dinero a costa de menores de La Rioja involucrados en casos judicializados es una dirigente del partido celeste de CABA y dice presidir una fundación que señala que cuenta con el apoyo del libertario Nahuel Sotelo y el diputado de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff. La militante provida llegó a La Rioja tras ofrecer su ayuda a un progenitor que viralizó su caso en redes sociales aduciendo ser víctima de impedimento de contacto. En la página web de esta iniciativa porteña se pueden observar dos únicos casos en los que asiste, y coinciden ser dos causas judiciales riojanas atravesadas por denuncias de abusos sexuales intrafamiliares. Esta persona desfila en los medios nacionales hablando sobre la Justicia riojana tras difundir un video que llegó a más de 2 millones de reproducciones en Tiktok en el que se escucha una conversación privada entre los progenitores de una niña riojana envuelta en este conflicto judicial. La viralización de este audio se debe a la supuesta preocupación de un padre que sostiene que “su hija podría ser un caso Lucio más”, pero lo que omiten es que dicha conversación sucedió hace 4 años y fue presentado ante la Justicia riojana en 2019 cuando el progenitor pedía una medida cautelar para separar madre e hija. La Justicia intervino en aquel entonces y la madre de la niña fue diagnosticada por un problema de salud mental producto de circunstancias extraordinarias. En este caso el estado acompañó y tomó todas las medidas de protección necesarias para que esa niña se desarrollara en contacto de ambos progenitores.

En esta campaña de información falsa tampoco explican los factores de riesgo que el estado detectó para dictar medidas cautelares para la protección de la niña en cuestión. Esta pequeña, además de haber crecido atravesada por más de 10 causas judiciales, hoy es producto de debates estigmatizantes en redes sociales y medios de comunicación por iniciativa de su progenitor y su ayudante porteña.

Este caso se suma al caso Arcoíris que la dirigente del partido celeste de CABA vino a buscar a La Rioja para supuestamente defender a las infancias. Pero el fondo de esta cuestión es instalar en La Rioja una ONG similar a las que abundan en Buenos Aires agrupando hombres denunciados por distintas violencias en donde sus hijos pasan a ser la lucha en los discursos que encubren esos delitos que siempre adujeron que son falsas denuncias.

Los abusadores sexuales a menudo utilizan el discurso de las falsas denuncias como una estrategia para minimizar las acusaciones en su contra y evitar la responsabilidad por sus acciones. Los pederastas suelen retratarse a sí mismos como la víctima, argumentando que están siendo falsamente acusados y que su reputación y sus vidas están siendo dañadas por las acusaciones. Es habitual que nieguen que el abuso ocurrió, alegando que la víctima está mintiendo o ha sido manipulada por la contraparte.

El abuso sexual en la infancia atenta contra los derechos de millones de niñas y niños, y es considerada como una forma de tortura. Según datos de la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Por otro lado, el ex juez federal Carlos Rozanski, en su libro “Abuso Sexual Infantil, ¿Denunciar o Silenciar?” advierte que de cada mil abusos se denuncian 100, y 99 de 100 niños y niñas que denuncian abuso sexual pueden quedar a merced de quien los abusó. En la mayoría de los casos en donde se denuncia ASI, se repiten patrones que revictimizan, enlentecen el proceso y en la mayoría de los casos logran que el abusador quede impune.

La impunidad de los pederastas se debe a varios factores; el principal es la falta de denuncias. Pero en los casos denunciados la falta de pruebas, la influencia, el poder de los perpetradores, la falta de capacitación y recursos de las autoridades encargadas, la cultura de la violación y la desconfianza hacia las víctimas establecidas por estereotipos de género dificultan que se lleve a los perpetradores ante la justicia.

En este marco, las madres que atraviesan tribunales tratando de impedir el sometimiento de sus hijos ante estos delitos vienen denunciando que la defensa de los abusadores está organizada con sectores del poder mediático y judicial. Estas batallas judiciales se vuelven pujas políticas atravesadas por las creencias y prejuicios que existen en torno a la violencia sexual, pero por sobre todo, se vuelven un negocio millonario para la defensa de los pederastas a costa de la integridad psicofísica de niños, niñas y adolescentes sometidos a esta tortura, de la que en la mayoría de los casos, recién de adultos logran escapar.

Las ONGs que aducen combatir la obstrucción del vínculo parental abundan en Buenos Aires y suelen ser la fachada que recluta los clientes a bufetes de abogados que vulneran infancias a cambio de gruesos billetes. Es por eso que Rozansky advierte en su libro que los únicos pederastas que terminan presos son los pobres, esos que no tuvieron acceso a estas inescrupulosas defensas.

“Padres Impedidos” se llamaría la iniciativa social de esta emprendedora porteña con mediáticos abogados riojanos que lucran con la impunidad de pederastas, aparentemente habrían hecho un estudio de mercado en el que ya tendrían individualizados unos 120 potenciales clientes.