Parece el cuento del Gran Bonete. ¿Yo señor? No señor. ¿Pues entonces quién lo tiene? El Gran Bonete. El avión venezolano de Emtrasur cumplirá la semana próxima ocho meses estacionado en Ezeiza. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, afirma que él ya lo liberó, pero que hay un pedido de preservación preventiva de la aeronave, originado en un juzgado de Columbia, Estados Unidos.

La empresa y el gobierno de Venezuela sostienen que ya pasaron ocho meses y que está excedido el plazo de esa incautación preventiva, que, además, ni siquiera tiene que ver con un delito, sino con una infracción al régimen comercial norteamericano, algo totalmente ajeno a la Argentina. El gobierno nacional tampoco le pone un límite a la colaboración preventiva con Washington, marcándole al Departamento de Comercio y de Justicia de Estados Unidos que no hay ninguna causa judicial que justifique seguir reteniendo el Jumbo 747-300. Lo más grave de las últimas semanas es que el magistrado autorizó a una empresa designada por Estados Unidos, especialista en desguace y remate de aviones, a que haga el mantenimiento, como si el Jumbo ya fuera propiedad norteamericana.

El saldo de semejante embrollo es que, pese a que ya se determinó que no hubo delito alguno en la llegada del avión, que todos los tripulantes ya están en Venezuela e Irán, el aparato sigue sin devolverse a la empresa venezolana Emtrasur que, según la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), es la legítima dueña del Jumbo.

Un conflicto político

La única manera de entender lo que sucede con el avión es que se trata de una maniobra geopolítica, con la derecha norteamericana y la DAIA como protagonistas. De entrada hablaron de una operación de inteligencia, de contrabando, que alguno de los pilotos era terrorista y de otras versiones con las que llenaron las tapas y tapas de los diarios. No encontraron nada de nada. Aún así apelaron la decisión de permitir que la tripulación vuelva a sus respectivos países. El 13 de septiembre la Sala III de la Cámara Federal de La Plata le ordenó a Villena que defina la situación y tras un demorado proceso, el 18 de octubre terminaron de salir de Ezeiza todos los tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes.

En todos esos meses, ni la fiscal Cecilia Incardona ni el juez Villena encontraron ningún delito. Aún así, el magistrado sólo les dictó una falta de mérito y no el sobreseimiento. De hecho, todos los tripulantes están en sus países, pero sin que se haya cerrado el expediente en su contra.

El deterioro en Ezeiza

El 11 de agosto pasado, Villena ordenó la incautación del Jumbo porque un Tribunal del Distrito de Columbia pidió la retención del Boeing 747-300. El pedido fue de “incautación de un bien sujeto a decomiso”. Es decir, se trataba de una medida provisional, esperando que un juez norteamericano resuelva el decomiso. Amparado en la existencia de un tratado de cooperación judicial, el juez consideró que correspondía preservar el aparato.

El cuestionamiento es que ya pasaron ocho meses desde que el avión llegó a la Argentina y los pedidos de esa naturaleza no son eternos. Los abogados de la empresa aérea venezolana, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, justamente presentaron escritos durante estos meses y esta semana los reiteraron, pidiendo la inmediata devolución del avión ya que “no hay ninguna razón para que siga incautado”. Rusconi, en diálogo con Página/12 señaló: “De entrada había una sospecha de un ilícito de la tripulación. El juez ordenó infinidad de medidas de prueba. Y quedó claro que no hubo ningún ilícito. El avión ya no juega ningún papel en la causa penal. Lo único que están haciendo es generar daños al aparato, gastos para el Estado argentino y un reclamo ante la OACI en Canadá”.

Estados Unidos mete la mano

A lo largo de la tramitación se produjo un hecho llamativo. A pedido de la Unidad de Bienes Personales, División de Confiscación de Bienes, Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el juez Villena aceptó la contratación de una empresa con sede en Fort Lauderdale, Florida, para realizar “tareas de mantenimiento”. Es como si le embargan un departamento a una persona y permiten que alguien ajeno a ese propietario entre a limpiar o poner orden.

La medida de Villena fue apelada ante la Cámara Federal de La Plata por Emtrasur, la empresa venezolana. Rusconi y Palmeiro sostienen que el juez debe autorizar a Emtrasur a hacer el mantenimiento y evitar que el avión se siga deteriorando.

El otro dato llamativo es que la empresa norteamericana de Fort Lauderdale se especializa en incautaciones de aeronaves y no registra antecedentes en mantenimiento sino en comercializar y vender aeronaves decomisadas. Los norteamericanos subcontrataron a una empresa argentina, proveedora de Shell. 

Un delito que no es delito

El pedido norteamericano no se origina en un delito penal sino en una infracción a las normas comerciales de Estados Unidos. Un bien --un avión-- fabricado en el país del norte no puede ser transferido sin el visto bueno del Departamento de Comercio y para ese visto bueno existen restricciones: por ejemplo, Mahan Air, la empresa iraní original del avión, no estaba autorizada a vendérsela a Emtrasur, la venezolana. Y la autorización no se la iban a dar porque Estados Unidos afirma que Mahan le suministró material militar u oro a la organización libanesa, pro-iraní, Hezbollah. Sobre eso no se presentaron evidencias ni existe una causa en ningún lado ni pedidos de captura. Sólo una objeción comercial. Por eso, la autoridad que interviene en el caso es el Departamento de Comercio.

Pero más allá de la trama entre Estados Unidos, Irán y Venezuela, lo cierto es que no se cometió ningún delito en la Argentina. Y, por lo tanto, si no se presenta evidencia y un pedido sólido de decomiso, transcurrido un tiempo lógico, el Jumbo debió ser liberado. Cuando se habla de aviones, que tenerlos parados tiene un alto costo, ocho meses es más que el tiempo lógico.

¿Yo señor? No señor

Lo cierto es que el avión que llegó al país el 6 de junio de 2022 sigue en Ezeiza. El juez podría, por ejemplo, permitir que el avión vuelva a manos de Emtrasur, pero con un embargo preventivo, o sea con impedimento de venderlo. Seguramente también hay otras medidas posibles y menos gravosas que tener el Jumbo parado.

También hay áreas de conflicto en el horizonte:

*Argentina puede considerar perfectamente que el caso del avión amerita denegar la asistencia porque se refiere a un delito político. Esto está contemplado en el tratado con Estados Unidos.

*También Venezuela podría reclamarle a la Argentina en tribunales internacionales, pero está tratando de preservar la relación con el gobierno de Alberto Fernández. La Casa Rosada designó embajador en Caracas y viene abogando por el cese de las sanciones contra Venezuela.

Y también hay dos factores que están jugando. La Casa Blanca ya no está en una actitud tan beligerante con Nicolás Maduro como lo estaba durante la gestión de Donald Trump. Por lo tanto, tampoco está poniendo en el asunto toda la presión del mundo. Eso no quita que sectores de la derecha norteamericana, que siguen a la ofensiva contra Venezuela e Irán, hayan conseguido un resorte judicial que haga planteos como los referidos al avión de Emtrasur.

El segundo elemento que juega en el conflicto es que el Boeing en sí mismo no tiene un real valor económico. Es un avión viejo, en desuso, caro, que sólo puede ser utilizado por un país como Venezuela que cuenta con combustible más que barato. Para Venezuela el aparato fue importante, por ejemplo, para buscar vacunas y material sanitario, que incluso se lo aportó a otros países. 

Por lo tanto, el caso tiene mucho -casi todo- de emblema político. No tiene lógica ni judicial ni comercial. Y, además, parece rancio, desgastado, porque la bandera anti-venezolana y anti-iraní quedó en la nada desde el momento en que la justicia argentina admitió que no hubo ningún delito en la llegada del avión al país.