El juicio que revisa los crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de Investigaciones que manejó la Policía Bonaerense durante la última dictadura en Banfield, Quilmes y Lanús, retomará sus audiencias el próximo martes con una novedad muy importante. Porque a fines de 2022, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata habilitó la incorporación al debate de casi 150 casos de víctimas que sufrieron violaciones a los derechos humanos en el Pozo de Banfield y en El Infierno, dos de los tres campos de concentración bajo análisis, y también sumó a Luis Castillo a la lista de acusados. Los secuestros y las torturas impuestas a un grupo de integrantes del colectivo travesti trans de la provincia de Buenos Aires serán algunos de los hechos nuevos que serán juzgados. Tanto los casos nuevos como la vinculación de Castillo en los delitos de lesa humanidad integraron tramos de expedientes que el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la instrucción de esas causas, elevó a juicio en noviembre pasado.

“Desde nuestro punto de vista, era ahora o nunca”, declaró a este diario la auxiliar fiscal Ana Oberlin, que participa del debate junto a los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, y su par auxiliar Juan Martín Nogueira. “Nos parecía imposible que hubiera juicio por los delitos sufridos por aquellas personas cuyos casos habían quedado relegados en la instrucción”, completó la fiscal.

La unificación se conoció a través de una resolución que el TOF, dirigido por el juez Ricardo Basilico, emitió el pasado 27 de diciembre. Entonces, Basilico planteó que “disponer la acumulación de los procesos resulta la alternativa más eficaz, no solo por la evidente conexidad y el beneficio que reporta para las víctimas, testigos e imputados la realización de un único debate, sino además para asegurar el efectivo juzgamiento de los hechos recientemente elevados, y en consecuencia, cumplir con las responsabilidades asumidas por el Estado argentino de llevar a cabo el enjuiciamiento por hechos calificados como delitos de lesa humanidad, que se habrían cometido hace más de 45 años”.

La disposición fue determinante respecto de la acumulación de dos tramos pertenecientes a las instrucciones dedicados a establecer responsabilidades en los delitos de lesa humanidad que sucedieron en los centros clandestinos Pozo de Banfield y El Infierno en el debate que se viene llevando a cabo desde octubre de 2020 sobre hechos sucedidos en esos mismos lugares y también en el Pozo de Quilmes.

En noviembre pasado, el juez de instrucción Ernesto Kreplak elevó a juicio partes de su investigación en las que había procesado a una quincena de represores, entre los que figuran policías y militares retirados y civiles vinculados con el genocidio de los ‘70 por el secuestro y las torturas impuestas a alrededor de 300 personas en los campos de concentración de Lanús y Banfield.

De inmediato, la Fiscalía solicitó al TOF que fueran incorporados al juicio dada “la conexidad objetiva y subjetiva” entre los hechos bajo debate y los que integran el núcleo de los nuevos tramos elevados. “La gran mayoría de los hechos y la prueba por los que se dispuso la elevación a juicio ya son objeto del debate oral y público que se viene realizando en el marco de esta causa”, planteó la Fiscalía ante el Tribunal.

Casos nuevos

De los más de 300 casos mencionados en los tramos solicitados, más de la mitad ya integran el proceso que dirige Basilico y acompañan los jueces Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers. El resto –unos 148– son casos que, en su mayoría, quedaron “colgados” durante la instrucción.

“Muchos fueron mencionados en la instrucción y también durante el debate, pero por algunos problemas en la investigación preliminar no llegaron a juicio en un primer momento. Es decir, sobre muchos de ellos ya hay prueba producida”, aclaró Oberlin. Pero también hay casos nuevos, episodios de violencia sufrida por personas a las que, hasta aquel momento, la Justicia no había escuchado, como lo de los ocho integrantes del colectivo travesti trans, que podrán dar su testimonio ante un tribunal por primera vez en calidad de sobrevivientes del genocidio de la última dictadura.

“Los delitos materiales de este proceso han impactado de forma tan profunda en la subjetividad de quienes los sufrieron, que revertir sus efectos requiere un inmenso esfuerzo”, proceso en el que “el juicio oral se presenta como una forma de comenzar a reparar lo irreparable”, sostuvo la Fiscalía en su pedido. Para la representación del Estado, la espera de un nuevo debate significaría una revictimización de las personas que sufrieron el terrorismo de Estado y de sus familiares.

Un nuevo acusado

El otro punto que tienen en común los hechos en debate y los que fueron recientemente incorporados es que los acusados, tanto en uno como en otros, son prácticamente los mismos. Casi, porque se suma uno: Luis Horacio Castillo, un oficial inspector de la Policía bonaerense que fue reconocido por dos sobrevivientes de El Infierno. Tras su retiro, se dedicó a formar niñez y jóvenes en Avellaneda desde el colegio San Diego, que fundó y regentó hasta el año pasado.

Castillo será el acusado número 12 que se sentará en el banquillo. El juicio Brigadas había comenzado con 18 represores imputados, quienes a lo largo de los más de dos años de debate fallecieron, como Miguel Osvaldo Etchecolatz, o quedaron fuera de juego por deterioros diversos en la salud.