El gobierno de Salta emitió ayer el decreto 91/23, que aprueba el Protocolo de Actuación del las fuerzas de seguridad del Estado Provincial en manifestaciones. De acuerdo a lo comunicado por el Ejecutivo provincial,los motivos principales estuvieron guiados por las protestas realizadas en el norte salteño, en los departamentos de San Martín y Orán, donde se reclama hace dos meses el acceso al agua potable sana y segura, así como mejoras en la prestación del servicio de educación y salud, y se rechaza os aumentos en las boletas de energía eléctrica. 

No obstante, el gobierno de Gustavo Sáenz consideró que esos reclamos afectan "gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población en general". Además de que se perjudica a la economía de esas zonas, puesto que "gran parte de las manifestaciones públicas se desarrollan en rutas y caminos por los cuales se transporta la producción, se abastece la industria y el comercio, entre otras actividades", indica el protocolo. 

Oficialmente el Ejecutivo salteño había anunciado que trabajaba en el protocolo de actuación junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación. El propio gobernadr contó en sus redes sociales que convocó a una reunión al procurador General de la provincia, Pedro García Castiella; al fiscal federal general, Eduardo Villalba; al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; al fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, y la auxiliar fiscal federal Roxana Gual.

Según se informó, en el encuentro se consideró que "cada vez que se libera un corte de ruta, se reducen en gran medida los controles de colectivos, camiones y vehículos particulares". La conclusión fue que debido a los cortes de ruta en zonas de frontera, aumenta el "riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas". Tras anunciar la medida, el gobierno sostuvo que con el protocolo se "buscará dar respuestas a la preocupación de la ciudadanía que ve afectado su derecho de circulación".

Aún así, el protocolo generó manifestaciones en contra, y esa parece ser la razón que motivó al ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, a convocar a una conferencia de prensa para hoy a las 9 en el Centro Cívico Grand Bourg para referirse a los objetivos y la aplicación del decreto 91/23. El gobierno sostiene que la normativa resguarda y garantiza "los derechos constitucionales de protesta y de libre circulación promoviendo la resolución pacífica de los reclamos sociales y el diálogo con las áreas competentes". 

El protocolo establece que cuando se sepa de protestas, sean espontáneas o programadas, la cartera de Seguridad dará la orden para que intervenga el jefe de Policia, quien deberá elaborar un informe de la situación para ser remitido a la principal autoridad del Ministerio; el que a su vez se contactará "con el o los Ministros con competencia especifica en el objeto del reclamo", con el fin de que "encomiende a un funcionario con conocimiento en la temática y capacidad de negociación". El objetivo es "generar un ámbito de negociación para dar respuestas a las demandas". 

Simultáneamente, se designará un jefe del operativo de Seguridad que, "a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, indicará a los manifestantes que deben desistir" de la medida de fuerza. Las y los manifestantes deberán "retirarse y ubicarse en otra zona para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre el libre tránsito, dando a conocer que su negativa puede constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal de la República Argentina, debiendo dar inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial que correspondiere". 

Policía políglota 

El protocolo dispone por otra parte una medida insólita: si los manifestantes pertenecen a comunidades originarias -como está sucediendo desde mediados de noviembre en la localidad de Tartagal-, la autoridad policial "procurará la utilización de la lengua o idioma de dicha comunidad". En la provincia se hablan 8 idiomas de poblaciones originarias: quechua, guaraní, wichí, aymara, chané, chorote, tapieté y chulupí. 

Otra pauta que se destaca es que sostiene que luego de "liberadas las vías de circulación", recién se "comenzará la instancia de negociación con el vocero o representante del grupo de manifestantes". También afirma que las fuerzas de seguridad podrán "tomar las medidas que por ley correspondieren para prevenir la posible comisión de delitos, dando inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial", en caso de la presencia de "personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo". 

El fiscal federal general de Salta Eduardo Villalba, quien se reunió con autoridades provinciales para discutir el contenido del protocolo- dijo que la idea es que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia intervenga antes o en forma contemporánea al corte del tránsito. Por ello, descartó que vaya a ordenar el uso de la fuerza pública federal para despejar las rutas nacionales.

"Obviamente que colisiona con el derecho a circular", dijo sobre la protesta que incluye cortes de ruta, y aseguró, en respuesta a cuestionamientos de funcionarios de la provincia, que la fiscalía federal sí intervino en diversas protestas, "pero hasta eso pasaron cinco o seis horas". "No estamos de acuerdo con el despeje por medios violentos porque es muy complejo y puede ser peor el remedio que la enfermedad", previno.

Un protocolo restrictivo

Tras conocerse públicamente el decreto, la directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Marcela Perelman, aseguró a Salta/12 que se trata de "un protocolo fundamentalmente orientado a evitar los cortes como forma de protesta social". En ese sentido, aseguró que la normativa guarda una "visión muy restrictiva de las manifestaciones y de los derechos involucrados", dado que "no hay ninguna mención a los derechos de los manifestantes ni de la protesta". 

Si bien sostuvo que hay "algunas regulaciones interesantes", como la debida identificación de los funcionarios de seguridad o la disposición de una interlocución política para responder a los reclamos, aún así "no regula cuestiones fundamentales como la prohibición de portar armas de fuego en estos operativos o la regulación estricta del armamento mal llamado "menos letal (como balas de goma, gases, agua)". 

Además, señaló que los principios del uso de la fuerza que se mencionan en el protocolo "son muy genéricos y no específicos para el ámbito de actuación de las manifestaciones". "Desde 2001 se había avanzado mucho en regular la actuación policial en las manifestaciones en particular como forma de prevenir represiones y proteger los derechos involucrados", indicó Perelman. 

El CELS también destacó las razones de las protestas que se vienen sosteniendo desde hace semanas en el norte salteño -y que tienen como principal pedido el acceso a agua potable sana y segura. La organización sostuvo que se afecta principalmente a poblaciones vulnerables, como la campesina e indígena. Perelman afirmó que ante estos reclamos la respuesta del Estado provincial se redujo sólo al protocolo que "se orienta a interrumpir los cortes", lo que "implica que el corte de rutas o de calles quede descartado como un formato de protesta válido".

Si bien el protocolo dispone una interlocución política, este principio "queda condicionado a que los manifestantes levanten el corte", cuestionó. "Esta condición es esperable que trabe las posibilidades reales de la negociación y acorte los tiempos de un desalojo violento", agregó. 

Además, cuestionó la mención de la prohibición del uso de elementos contundentes, porque está expresada en "forma tan inespecífica", como lo es en la mención a la pirotecnia o "cualquier elemento". Consideró que esa enunciación "puede ser utilizada en forma laxa como forma de criminalización de manifestantes". "En general, la redacción es tan genérica que su aplicación puede resultar sumamente arbitraria", insistió la integrante del CELS. 

En una línea muy similar habló el abogado y presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Rodrigo Sola, quien adelantó a Salta/12 que en la mañana de hoy presentarán un escrito al Ejecutivo provincial expresando su preocupación a raíz del protocolo. Contó que no tuvieron conocimiento previo de su elaboración, sino que el único acceso se dio tras ser publicado en el Boletín Oficial. 

Sola subrayó que la protesta social es parte del ejercicio del derecho establecido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, convirtiéndose en "un eje central" para el ejercicio del sistema democrático. "Detrás de ese derecho fundamental, están otros derechos que son los que se están reclamando en el norte", afirmó al recordar las deudas históricas en el acceso al agua, la educación y la salud para poblaciones originarias que han sufrido las muertes evitables de niños y niñas por desnutrición. 

En ese sentido, se refirió a los tratados internacionales que establecen que los estados nacionales, provinciales y municipales deben garantizar la protección a colectivos vulnerabilizados, como las poblaciones originarias. Para Sola, con el decreto de Saénz "se invierte este rol" ya que "no sólo no se les cumplen determinados derechos, sino que se los disuade para que no puedan ejercer los reclamos". 

Sostuvo que "el foco debería estar primero en esos derechos que no se están cumpliendo de manera correcta y que llevan a que estos sectores o colectivos tengan que protestar para reclamar esos derechos". Por el contrario, consideró que el Ejecutivo provincial puso el foco en cuestionar la modalidad de la protesta y, en consecuencia, el ejercicio democrático de las personas. 

En un marco más legal, recordó que los tratados internacionales plantean que cualquier tipo de regulación sobre el derecho a la protesta se tiene que dar "sólo por motivos excepcionales y a través de una ley; no por un decreto". "Tendría que ser excepcionalmente y donde se plantee una absoluta necesidad", reiteró el letrado. 

También dijo que todo el abordaje del protocolo debería estar centrado en la prevención, el diálogo y la negociación, pero lo dispuesto por el gobierno de Saénz sólo se enfoca en "disuadir" las manifestaciones. En el protocolo "parece que hay un condicionamiento" porque "dice que para que se produzca una parte del diálogo, tiene que producirse el levantamiento de la protesta". 

La prensa no se calla 

El protocolo también incursiona en un intento de regular la labor de los medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones. "Los periodistas y comunicadores podrán ejercer su derecho constitucional a la libre circulación en la vía pública durante las manifestaciones", empieza el texto, pero enseguida afirma: "los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos. De igual modo deberán actuar los medios de comunicación audiovisuales que requieran el uso de vehículos de transmisión debiendo ser ubicados en áreas que no interfleran con los procedimientos de la fuerza de seguridad pero que, al mismo tiempo les garantice la adecuada cobertura y emisión de la información".

Esto generó malestar dentro de la prensa de Salta. Para el Sindicato de Prensa de Salta (Siprensal), lo dispuesto por Sáenz no sólo le da legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, sino que también "disponen condicionantes que puede ser discrecionales para el trabajo que cabe al sector de periodistas al momento de hacer las coberturas". 

En ese sentido, el Siprensal exigió que las autoridades revisen el punto que hace referencia a la tarea periodística, dado que "puede causar una censura al trabajo de comunicación que siempre debe ser garantizado en el marco de total libertad". 

En tanto, para la Asociación de Periodistas de Salta (Apes), el protocolo significó "un nuevo intento de atropello y ataque al ejercicio del periodismo en la Provincia de Salta por parte del Gobierno Provincial". Por ello, exigió que se revea a la brevedad el decreto y "se deje inmediatamente sin efecto" la mención a la labor de la prensa, puesto que existe una "clara vulneración de derechos constitucionales y de Tratados Internacionales en el que se rige el colectivo de prensa para ejercer el trabajo". 

La Apes también recordó "viejas solicitudes" que le hicieron al gobernador por "la obstaculización constante de las fuerzas de seguridad para desarrollar la labor periodística y la falta de garantías de seguridad con la que contamos como periodistas a la hora de realizar una cobertura".