Gabriela Rivadeneira: "El gobierno de Ecuador busca legitimarse con un referéndum pero tiene baja aceptación"

Este domingo 5 de febrero Ecuador tiene elecciones seccionales, de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un referéndum. Esto significa que se votan 23 prefectos/as y viceprefectos/as provinciales; 221 alcaldes/as; 864 concejales urbanos; 437 concejales rurales y 4084 vocales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes. Además se eligen 7 consejeras y consejeros principales y suplentes para el CPCCS. El referéndum se compone de ocho preguntas que apuntan a enmendar la Constitución en temas relacionados con el CPCCS, la cantidad de asambleístas y la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado, entre otros.

Desde que asumió Lenin Moreno en 2017 tras una década de gobierno de Rafael Correa, Alianza País, el movimiento político liderado por el expresidente, atravesó un largo proceso de desintegración y el correísmo tuvo muchas dificultades para competir en las últimas elecciones. En esta ocasión  se presenta con la estructura del Movimiento Revolución Ciudadana. En paralelo se dio un proceso continuo de persecución y exilio de muchos de sus dirigentes. Entre ellos, Gabriela Rivadeneira que fue una figura clave del gobierno de Rafael Correa. A los 29 años, se convirtió en la primera mujer y la persona más joven en presidir la Asamblea Nacional de su país y fue reelecta, completando dos períodos en el cargo. Además, fue concejala y vicealcaldesa de Otavalo y viceprefecta y gobernadora de Imbabura, una provincia con casi medio millón de habitantes.

Exilios

Aunque ella y sus hijos se acostumbraron a los chapulines y al tránsito del DF, extrañan Ecuador. Desde enero de 2020, es asilada política en México tras ser acusada de “instigación” por la justicia ecuatoriana por sus declaraciones durante las manifestaciones de 2019 contra las medidas económicas del gobierno. Junto con ella, hay numerosos dirigentes políticos de la Revolución Ciudadana que tuvieron que pedir asilo en el mismo país: Galo Mora, ex embajador ante la UNESCO; Ricardo Patiño, excanciller y exministro de Defensa; Soledad Buendía y Viviana Bonilla, ex asambleístas nacionales; Edwin Jarrín, ex director de Radio y Televisión Pública y Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación y de Administración y exministro de Turismo. Mientras tanto, Jorge Glas acaba de pasar a prisión domiciliaria por su estado de salud.

El 5 de febrero hay elecciones en Ecuador. La fuerza política liderada por Rafael Correa que se había quedado sin institucionalidad, sin partido, ahora vuelve a ser competitiva con Movimiento Revolución Ciudadana, ¿qué implicancias institucionales y políticas tiene esto?

Numéricamente seguramente sea positivo el saldo y es la primera vez que vamos a participar con partido propio desde que nos quitaron esa herramienta. Luego de la ruptura con Moreno, el Consejo Nacional Electoral le entregó Alianza País y nosotros nos quedamos sin partido. Estuvimos cinco años sin partido ya que el CNE no nos dejaba conformar un partido nuevo. A fin del año pasado pudimos armar una estructura sobre un partido existente y sobre esa base armamos el Movimiento Revolución Ciudadana para poder participar en estas elecciones. Entonces vamos a poder compartir a nivel electoral, al fin con partido propio. El 5 de febrero puede ser un parteaguas de la política nacional. Nosotros veníamos trabajando como un movimiento de oposición al gobierno de Moreno y luego al de Guillermo Lasso, donde coexisten actores comunes que lograron consolidar una política de derecha en Ecuador. Durante estos años ha aumentado el discurso del odio en cantidad e intensidad. Una de las características de la guerra judicial es la institucionalización del odio hacia el actor político como objetivo. El 5 de febrero volvemos a tener la oportunidad, desde lo local, de volver a tejer una red nacional de la organización política de la Revolución Ciudadana. Con eso vamos a poder hacer un contrapeso político desde la institucionalidad. Hasta el momento, esta tarea desde las calles la ha realizado el movimiento indígena con la CONAIE. Se trata de una CONAIE renovada que ha traído una línea política más interesante para el panorama ecuatoriano.

En una entrevista reciente que Juan Elman le hizo a Leonidas Iza, se percibe un tono más conciliador de la CONAIE con el correísmo.

Lo importante de Iza, no es solamente que introduce la posibilidad de romper la lógica correísmo-anticorreísmo. En eso estamos de acuerdo, porque el Ecuador está totalmente fracturado. Esto no es solo una perspectiva desde mi espacio político, la ruptura social es generalizada: Ecuador se convirtió en uno de los países con mayores indicadores de violencia en la región. Ante esto, tenemos que romper el debate de la grieta correísta y sentarnos en una mesa plural que defienda los intereses de la patria. En ese sentido es que tenemos coincidencia con Iza. Pero deben sumarse todas las organizaciones de izquierda para armar una mesa amplia para recuperar la paz social.

¿Cuáles son los y las candidatos/as principales del Movimiento Revolución Ciudadana? ¿Dónde ven posibilidades de obtener victorias en estas elecciones?

Han surgido nuevos liderazgos políticos. La dirigencia histórica de la Revolución Ciudadana está en el exilio. Sin embargo hay cuadros políticos emergentes que asumieron la conducción de sus territorios. Por ejemplo, la reelección de la prefectura de Pichincha con Paola Pabón es importante; como candidato para la alcaldía de Quito contamos con Pabel Muñoz que fue funcionario del gobierno nacional; nuestra presidenta del partido, Marcela Aguiñaga, se presenta por la prefectura de Guayas y Aquiles Álvarez que asumió la candidatura para la alcaldía de Guayaquil (donde se asienta el bastión de la derecha ecuatoriana). Es una disputa compleja, ya que los medios de comunicación nos vinculan con el narcotráfico.

En relación al referéndum, ¿Cómo evalúas políticamente las ocho preguntas que lo componen?

Los votantes se enfrentan a un referéndum que tiene un alto grado de desconocimiento. Es una consulta que busca legitimar un gobierno con bajo grado de aceptación. Hay una pregunta sobre la posibilidad de extraditar a ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado internacional. Eso no resuelve el problema de la violencia creciente. Por otra parte, sobre la reducción del número de asambleístas antes que fortalecer la democracia creo que la estaría debilitando ya que perjudica la representación territorial en la Asamblea Nacional. Hay muchos sectores políticos del país oponiéndose a esta pregunta. La pregunta en relación al CPCCS profundiza el debilitamiento institucional que inició en 2018 cuando se modificó la forma de elegir representantes. El espíritu inicial del consejo era la participación política ciudadana y ahora se ha convertido en una filial del ejecutivo.

Hablaste de la violencia en Ecuador. El 2022 cerró con más de 4 mil muertes violentas. Esto también se percibe en la política: en lo que va del año han habido amenazas e incluso asesinatos de candidatos. ¿A qué factores atribuís esta escalada? En varios países de América Latina las elecciones dejan muertos ¿Esto siempre sucedió en Ecuador?

Ya hay tres candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral. Nunca vimos algo así. La ultima muerte por violencia política fue durante los años 80’ con el asesinato del presidente Roldós. En la historia reciente no se ha visto una escalada de violencia que incluye el asesinato político. Es preocupante porque no solo demuestra la degradación social, sino la naturalización de este tipo de prácticas. Ecuador no estaba acostumbrado a ver este tipo de prácticas. Durante nuestro gobierno intentamos renovar a las fuerzas, enfatizando la formación en derechos humanos. Buscamos modificar la concepción de las fuerzas armadas para la represión, para organizar fuerzas comunitarias. Se hizo un proceso profundo de transformación, donde suele haber redes ancladas a la organización criminal. Así logramos ser uno de los países más seguros de la región. Cuando llegó el presidente Moreno rompió esa lógica eliminando el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pasando esas áreas al ministerio del Interior que estaba manejado por la policía y las fuerzas armadas. Con esto sucedió un enorme retroceso institucional. El sicariato, que no era una figura corriente en Ecuador, hoy es una situación cotidiana. El gobierno nacional no ha presentado un programa integral de seguridad.

¿Cómo conectas el proceso de disolución del partido, tu asilo político y las elecciones del domingo?

En 2019, cuando estallan las protestas en el país a raíz de las medidas económicas que impulsaba el gobierno de Moreno, acusaron a los dirigentes de la Revolución Ciudadana por supuesta manipulación del movimiento indígena. El saldo fue la prisión para tres dirigentes de nuestro espacio y en mi caso particular, tras una alerta para capturarme, me resguardé en la embajada de México. Llegué pedaleando en una bicicleta, porque había estado de excepción en el país y no podía llegar de otra manera. Finalmente ese país me otorgó el asilo político. Un año antes, en México había ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador y era el único presidente de izquierda de la región. En su gobierno teníamos compañeros decididos a abrirnos las puertas de la embajada. El 12 de octubre fui la primera en pedir la figura de protección al gobierno mexicano y después de eso siguieron otros asilados. Semanas después sucedió el golpe en Bolivia donde México se convirtió en un destino para los perseguidos políticos. La guerra judicial avanzó sobre los cuadros políticos, pero también sobre las instituciones y las herramientas que teníamos como fuerza política. En las elecciones del domingo esperamos que pueda reconstituirse un frente amplio y que logre consolidarse un polo democrático, progresista y de izquierda en Ecuador.