“El gobierno es responsable, seguimos en la calle”. El cartel, escrito a mano, resume lo que sucedió en la plaza 25 de Agosto de Villa Ortúzar, donde 17 familias que se quedaron sin sus casas por el incendio en Charlone 1645, el pasado martes 24 de enero, realizaron un acampe hasta el viernes por la tarde. “Señor, no tenemos adónde ir; ¿no lo entienden?”, le dice una mujer a Santiago Figueroa, de Buenos Aires Presente (BAP), organismo porteño que se ocupa de atender a personas en condición de emergencia social. “No tenemos ni una cocina”, agrega con la voz quebrada. El llanto, desconsolado, la deja sin palabras. Las lágrimas no conmueven al joven funcionario, que busca “dialogar”, pero impone condiciones: que acepten el subsidio de 240 mil pesos, que levanten el acampe y duerman transitoriamente en los Centros de Inclusión Social, hasta que consigan alquilar una vivienda. “Saben que no pueden ocupar el espacio público; hay que liberar el espacio tomado”, advierte Figueroa y aclara que si no se van de la plaza va a intervenir “seguridad”.

“Estamos acá pacíficamente”, responde una joven que inmediatamente interpreta las palabras de Figueroa como una amenaza. En el sector de la plaza que da a las calles Charlone y casi esquina Heredia, las 17 familias armaron un tinglado con varios rollos de plástico negro --que funcionan como techo--, tronco de árboles, maderas y palos. En el interior de ese tinglado hay tres carpas que fueron prestadas por los vecinos del barrio para que las niñas y niños puedan dormir “más protegidos”. Un colchón grande es compartido por varias mujeres. Los varones suelen dormir sentados en sillas o se quedan de pie, custodiando las tres carpas y una garrafa.

“Queremos un techo”

Marita Rodríguez, que tiene 29 años y tres hijas (12, 8 y un año y siete meses), explica por qué no quieren el subsidio. “Es una burla para nosotros 240 mil pesos. Si consigo un alquiler y el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) nos otorga la garantía para poder alquilar un departamento, ¿dónde duermen mis hijas? Esos 240 mil pesos no me van alcanzar para comprar una cama, una cocina para cocinarle a mis hijas; no voy a tener una heladera para comprarles una leche porque se pierde la cadena de frío y se malogra”, precisa Marita, que llegó desde Perú hace once años. El lunes pasado varias familias firmaron un acuerdo por el cual aceptaban cobrar el subsidio de 240 mil pesos que les ofrecía el Gobierno de la Ciudad. “Esas familias tienen casas de familiares adonde ir; con el subsidio se pueden comprar una camita, una cocinita, una heladera; pueden resolver su situación porque tienen un techo. Nosotros lo que queremos es un techo; todos somos gente que trabaja. Yo trabajo en relación de dependencia, soy asistente gerontológica, y mi esposo trabaja en delivery. Nosotras estábamos viviendo ahí (Charlone 1645), saliendo adelante, y nos vino a pasar esto... Nuestras casas se quemaron y no pudimos recuperar nada. Si nosotros tuviéramos un lugar adonde ir, no estaríamos acá con nuestros niños”, argumenta Marita.

El incendio en Charlone 1645 visibilizó la precariedad habitacional de las 33 familias que vivían en el sector 4 de la traza de la autopista que no fue, la ex AU3. El fuego arrasó las viviendas ubicadas en ese terreno de 8,66 por casi 45 metros de largo. La traza de la autopista inconclusa atravesaba la ciudad desde Saavedra hasta Nueva Pompeya, pasando por Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, Almagro, Balvanera, San Cristóbal y Boedo. Se expropiaron cientos de viviendas y hasta edificios enteros. Mientras que algunas quedaron vacías por décadas, otras fueron tomadas, como el edificio de la calle Charlone. Después del incendio, las familias durmieron dos días en la plaza 25 de Agosto, que está a dos cuadras de las viviendas incendiadas, hasta que apareció el Gobierno de la Ciudad y les ofreció “descansar en hoteles”, como cuenta Marita, y aceptaron para “resguardar a nuestros chicos”. A Marita le tocó el Hotel Paris (Donato Álvarez y San Martín), pero se tuvo que ir porque el Gobierno de la Ciudad dejó de pagarlo y volvió a la plaza el martes 31.

Bernardino Ävila

El representante del BAP continúa presionando: “Si van a cobrar el subsidio, no pueden seguir acampando”. Entonces las familias piden ver cómo son los Centros de Inclusión Social antes de aceptar. William Sevilla, de 40 años, reconoce que están evaluando las condiciones. “Nos están obligando a aceptar el subsidio”. ¿Por qué no quieren el subsidio?, pregunta esta cronista. “Decime con una mano en el corazón: ¿qué podés alquilar con 3 o 4 chicos por 240 mil pesos? ¿Te alcanza? Todos los chicos van a la escuela en el barrio. Los chicos nacieron acá, se criaron acá y están acá. Estamos todos en el aire, no nos quieren dar una solución. Vamos a ir a ver los Centros y dependiendo de eso levantamos el acampe”. Eric Machuca tiene 37 años y un nene de cinco años. “No queremos que nos regalen nada, queremos que nos garanticen una vivienda que podamos pagar. La vivienda es un seguro para nuestros hijos, para que no vivan con el miedo de quedarse en la calle”, afirma Eric, que trabaja como delivery y empezó a estudiar abogacía.

“La Ciudad no ha construido viviendas sociales”

“La Ciudad no ha logrado resolver la situación habitacional de nadie”, plantea Leonardo Luchesse, comunero por el Frente de Todos en la Junta Comunal 15. “La gente en situación de calle que va a los paradores no se quieren quedar porque son inseguros, no los pueden contener y el maltrato que reciben es terrible. La Ciudad no ha construido viviendas sociales; la propiedad que se incendió pertenecía a la Unidad Ejecutora de la ex AU3 y se la destinó al IVC para que construyera viviendas sociales. La realidad está a la vista”. Juan Martín Chippano, vecino del barrio, coincide. “No hay una política de vivienda social; hay una desidia absoluta --subraya--. Tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo y legisladores de la oposición, como Claudia Neira y Javier Andrade, para que el BAP primero y después el Ministerio de Desarrollo Humano y el IVC empezaran a dimensionar que no era el conflicto de unas personas que estaban en situación de calle sino que era el conflicto de personas que acaban de perder su vivienda. Si no hubiera sido por la presión política y por el acompañamiento de un montón de vecinos y vecinas del barrio, la Ciudad ni aparecía. Les tiraba los dos mangos del subsidio y se terminó”.

Representantes de cada familia visitaron uno de los Centros de Inclusión Social y los rechazaron como opción transitoria para dormir. Luchesse los define como “vergonzosos” porque hay personas en rehabilitación y con problemáticas de adicciones, por lo que no es un espacio adecuado para familias con chicos. Después de un viernes tenso y agotador, el Gobierno de la Ciudad cedió: las 17 familias recibieron el cheque del subsidio, que podrán cobrar el lunes, y tienen garantizadas cuatro noches de hotel, hasta el martes, cuando tendrán una reunión con representantes del IVC.