"Desde que asumí, la preocupación central fue poner el foco sobre los cortes de ruta" 

El día después de la entrada en vigencia del decreto provincial 91/23, el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez, convocó a conferencia de prensa para adelantarse a posibles malas interpretaciones. “Desde el momento que asumí el cargo (el 12 de diciembre de 2022), la preocupación central del gobierno de la provincia fue poner el foco sobre los cortes de ruta del norte salteño”, se sinceró.

Se refería a los casi 200 piquetes que se registraron en todo 2022, según datos relevados por un vecino de la ciudad de Tartagal. La precarización de las condiciones de vida no es nueva en el norte salteño. Sus ciudadanos reclaman hace años acceso a derechos básicos. Al agua segura y la energía buena y barata, se suman salud, educación, y trabajo.

Durante la rueda de prensa, el ministro subrayó dos ítems. Por un lado, el gobierno busca asegurar el orden público y pretende evitar conflictos entre particulares. Por otro, su estrategia es evitar que se corten las rutas nacionales y provinciales en su totalidad. Para ello, dijo que promueve el diálogo con funcionarios y la negociación de demandas. “Analizamos la situación en la provincia”, mencionó en referencia a su tarea durante el primer mes en su actual cargo. Después de las fiestas de fin de año, prosiguió, “los cortes de ruta regresaron por la sequía, un fenómeno climático que nos afectó mucho, y también por el aumento en la tarifa eléctrica”. Opinó que el tarifazo eléctrico fue “inoportuno”, porque a su entender, “generó múltiples reclamos de la ciudadanía”.

El combo tornó “la situación” ingobernable, dijo. A los reclamos por agua segura que protagonizaron primero comunidades originarias y criollos asentados en distintos puestos rurales, se sumaron en enero de 2023 los acampes por el tarifazo eléctrico que concentró a una parte de la clase media de trabajadores (usuarios residenciales) y pequeños comerciantes de los departamentos Orán y San Martín. Justamente, los últimos a finales de enero cortaron la ruta nacional 50.

“El incremento significativo de los cortes en el norte de la provincia determinó reclamos de distintos sectores, básicamente de la producción y el trabajo”, sostuvo Domínguez. La marca contextual le permitió referirse al dominó de decisiones que desencadenó la redacción del protocolo y la firma del decreto por parte del gobernador Gustavo Sáenz. Puntualmente, la queja del sector agropecuario aceleró su aplicación, porque los cortes impedían el ingreso a los campos para comenzar la siembra, justo cuando comenzó a llover más regular y copiosamente. “Pusimos al alcance todos los recursos del Estado”, continuó el funcionario en alusión a los grupos antagónicos (manifestantes / producción agropecuaria), “pero tuvimos que tomar la decisión del decreto y el protocolo”.

“El protocolo”, aseguró Domínguez, “se aplicará cuando se impida la libre circulación de bienes, servicios y personas. La provincia también es víctima de los cortes”, mencionó después. A su entender, “la situación” de los cortes imposibilitó el desplazamiento de ambulancias y de vehículos que transportan (otra vez) productos, servicios y personas. Explicó luego que el DNU regula el poder de policía del Ejecutivo salteño al momento de buscar un equilibrio entre dos derechos constitucionales. “Ese ejercicio no es solamente de la Policía como fuerza de seguridad”, dijo. “La Policía (es un) custodio del orden social. La regulación de estos derechos amerita una consideración muy profunda. No queremos una actuación que implique la represión. El poder de policía en un sentido amplio, justifica este protocolo”. Y como nota al pie: “en ningún momento alude a represión. Se trata de resguardar el bien común”, insistió.

Justamente, organizaciones sociales, vecinos en acampes y una parte de la ciudadanía, analizan que, sin las protestas y la visibilización de sus demandas al cortar rutas, el gobierno no hubiese atendido los reclamos por agua segura y tarifas diferenciales para zonas cálidas. Sin embargo, la lectura del gobierno salteño parece ir por otro lado, probablemente apurado por el horizonte de elecciones (que serán en mayo). 

“La policía no va a ir al choque a enfrentar o desalojar a los manifestantes. Mediante el diálogo y la persuasión, escuchando los reclamos que plantean, se buscará una solución pacífica”, aseguró Domínguez. “No estamos persiguiendo a un delincuente”, aclaró inmediatamente. “Vamos a escuchar la problemática, vamos a invitarlos a que permitan la circulación de personas y vehículos, y con las autoridades vamos a ver si les damos una solución”. Más tarde, en respuesta a otras preguntas, dijo taxativo: “la policía no negocia, serán los funcionarios o sus representantes en la zona del conflicto quienes lo harán”.

El gran punto en cuestión fue echar luz sobre la verdadera aplicación de ese conjunto de acciones. “¿Hacía falta un decreto para regular el tema?”, consultó FM Noticias. “No hemos inventado la pólvora”, respondió el funcionario. “La otra alternativa era aplicar el Código Penal. La ocupación indebida del espacio público es un ilícito penal”, dijo reiterando dichos de otros funcionarios del gobierno. 

“Entendemos que de esta manera regulamos los derechos constitucionales en juego. Además, no somos quienes para prohibirlas”, se excusó. “Permitimos las manifestaciones, pero no a un nivel donde tengamos 20, 30 o 40 cortes de ruta por día”, se quejó luego. “¿Cuál es el nivel permitido entonces?”, repreguntó el mismo medio. “Los derechos constitucionales siguen vigentes, dentro de un orden. El parámetro es ejercer un derecho sin afectar los demás. Hacía falta un decreto” porque "con la normativa vigente, los resultados estaban a la vista”, aseguró. “¿Quiere decir que la justicia no actuaba correctamente?”, repreguntó otro medio. “No voy a emitir juicios de valor sobre la cuestión del poder judicial”, se limitó a contestar.

Los periodistas desgranaron también otras cuestiones ambiguas dentro del decreto que anexa el protocolo, como el momento en que la policía decide “despejar a los manifestantes”, términos utilizados por el ministro. “Hasta que los fiscales (federales y provinciales) lo dispongan y ordenen, no actúa la policía”, respondió. Otro tema consultado fue cómo evitar la flagrancia, en relación a la estrategia del gobierno para evitar los cortes. “La policía va a tener una presencia permanente en el lugar y va a impedirla”, mencionó. 

Justamente ayer, después de la conferencia, la Secretaría de Prensa del Gobierno informó en su web que Domínguez se reunió con legisladores de Orán para anunciarles un incremento “de recursos policiales y de videovigilancia en las distintas jurisdicciones del departamento”. Los diputados Gloria Seco, Carolina Ceaglio, Patricia Hucena y Martín Pérez escucharon la explicación pormenorizada de los alcances del protocolo, que incluyó el anuncio de nuevos móviles para el patrullaje en zonas urbanas y rurales, más cámaras de seguridad para videovigilancia en barrios y escuelas de distintas localidades.

Sobre el ejercicio de la prensa, mencionado específicamente en el apartado V del protocolo, Domínguez contestó: “jamás en la vida se me ocurriría manejar a la prensa, conducir a la prensa, decidir lo que tiene que hacer, escribir, o la línea editorial a seguir. Soy profesor de Derecho Constitucional”, dijo, “y uno de los pilares del sistema democrático es la libertad de expresión. Lo que protegemos es la integridad física de todos ustedes”. Sin embargo, a continuación ratificó el contenido del decreto en cuanto pretende regular la actuación de la prensa en la cobertura de despejes de rutas al afirmar que no debe obstaculizar la actividad policial: “Hoy con todos los medios al alcance como los drones y filmaciones, el actuar (policial) es transparente. Si un periodista se encuentra en medio de la tropa de la policía, le pedirán por favor que se retire”. Agregó después: “cuando la policía este organizando su desempeño en el lugar, no pueden estar los medios obstaculizando la labor del cuerpo”. 

Finalmente, Domínguez aclaró que en cada una de las protestas que se desarrollan en ciudades salteñas, “la policía seguirá actuando de la misma manera: asegurando el orden público y acompañando a los manifestantes en sus marchas. Hay que tener en cuenta", recordó, "que las manifestaciones implican desplazamientos de personas. Llamamos a la comprensión a la ciudadanía, para que tengan paciencia: la policía preserva la paz social”.

Ese cuerpo de efectivos regresó a su mando ayer. El boletín oficial salteño informó sobre una reorganización de la cartera a su cargo. Puntualmente, informó que la Policía de Salta está bajo las órdenes directas del ministro Domínguez, y ya no bajo el ala de su Secretaria de Seguridad, Frida Fonseca. “Se tomó la decisión porque hace a la necesaria conducción unificada de la fuerza de seguridad”, explicó el funcionario en la rueda de prensa de ayer. “Fue una decisión avalada por el gobierno de la provincia”, dijo, y recordó que ese cuerpo está compuesto por distintas áreas, perfectamente capaces de llevar adelante una negociación entre manifestantes que corten rutas argentinas del norte salteño, el método más efectivo para visibilizar sus demandas.

El senador nacional Sergio Leavy se refirió también ayer a las experiencias con la policía regulando cortes de rutas en el norte provincial. “Hablé con el ministro de Seguridad y hablé con el gobernador este tema”, dijo a Radio Nacional Tartagal. “Me tiene muy preocupado porque todos sabemos cómo comienzan los conflictos, pero nadie sabe cómo terminan. Ya nosotros en el norte (Leavy construyó su carrera política en el departamento San Martín) hemos tenido muy malas experiencias con las fuerzas de seguridad", recordó. El legislador mencionó que ofreció al ministro y al gobernador algunos consejos “para que vayan solucionando  los problemas antes que se generen. Hay muchos problemas que son sencillos de solucionar, pero bueno, la gente no tiene dónde ir a reclamar”.