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Con pedidos de condenas para todos los acusados que permanecen aún en el debate, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz inauguró la etapa de alegatos en el juicio de lesa humanidad que se le sigue a tres policías retirados por haber intervenido en el secuestro de cinco vecinos de la ciudad rionegrina de Sierra Grande, durante la última dictadura cívico militar. En representación subrogante del Ministerio Público Fiscal en General Roca, Vehils Ruiz solcitió penas entre 13 y 15 años para Rubén Codina, Victor Lobos y Elfio Navarrete, tres represores patagónicos que ya purgan condenas por su accionar durante el terrorismo de Estado. Los represores Vicente Forchetti y Néstor Castelli quedaron fuera de debate en diciembre pasado por condiciones de salud. Raúl Pedernera, el otro genocida que había sido acusado, falleció antes de que el juicio comenzara. Para las víctimas que exigían que la Justicia los condenara a ellos por los abusos sufridos, el fiscal solicitó en su alegato que se les haga valer su derecho a la verdad.
“Con el deber cumplido”, aseguró el fiscal en diálogo con Página/12 momentos después de culminar su alegato, el pasado jueves, ante el Tribunal Oral Federal número 1 de General Roca. Los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Alejandro Cabral lo oyeron calificar de “delitos de lesa humanidad” a los hechos debatidos desde agosto de 2022: la privación ilegal de la libertad agravada de nueve personas: Alberto Lima, Héctor Osorio, Miguel Saso, Julio Salto, Ramón Fernández, Wilfredo Woolcok y Omar Kader, que fueron mantenidos cautivos en la comisaría 1ra de Sierra Grande durante algunos días de abril de 1976; Jorge Palma, que permaneció ilegalmente encerrado en la Escuela de Cadetes local, y Eduardo Disnardo, encerrado clandestinamente en dos oportunidades entre abril y junio.
Vhils Ruiz consideró que los hechos habían sido probados durante el juicio así como la responsabilidad de los acusados, a quienes pidió se los condenara por integrar una asociación ilícita, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad cometida por ser funcionarios públicos y agravada por el empleo de violencia, en calidad de partícipes primarios. Para Codina, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comisario de la Unidad policial provincial número 13, situada en la ciudad de Sierra Grande, el fiscal solicitó 15 años de prisión a unificarse en esa pena la que ya cumple por haber sido condenado en 2011. Con la misma lógica exigió una condena de 14 años de encierro para Lobos, ex subcomisario de la Unidad policial 14 de Sierra Grande; y de 13 años para Navarrete, miembro del cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Río Negro.
Codina, Navarrete y Lobos son los únicos acusados que llegaron en condiciones a esta etapa del debate oral, pero solo fueron acusados por los casos de Lima, Osorio, Saso, Woolcok y Kader. Al quedar apartados del debate Castelli, que fue el interventor de la provincia durante el golpe militar, y Forchetti, a cargo entonces de la Delegación Viedma de la Policía Federal, el resto de las víctimas –Salto, Fernández, Palma y Disnardo– quedaron virtualmente sin represor a quien endilgarle responsabilidades. No obstante, el fiscal expuso los hechos que sufrieron y solicitó que sean tenidos en cuenta en la sentencia en pos del cumplimiento del derecho a la verdad.
La historia
El origen de este juicio, que desde agosto pasado se desarrolla semanalmente de manera presencial en la ciudad de General Roca, sin querellas y sin transmisión alguna, es la sentencia que emitió este mismo tribunal –aunque integrado por otros jueces– en julio de 2011.
Entonces, la mayoría de los acusados del actual debate fueron condenados por secuestrar y torturar a Daniel Ávalos y Carlos Lima, dos delegados del sindicato Uocra que, desde los años previos y contemporáneos a la dictadura cívico militar pujaban a favor de los obreros en un conflicto con los patrones de la Minera Hipasam, instalada en la ciudad de Sierra Grande.
De aquel debate surgieron hechos que tuvieron a otro grupo de hombres como víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero que todavía la Justicia no había investigado, así que el TOF envió el expediente a instrucción para que se avanzara en ese camino. Carlos Lima y Daniel Ávalos habían sido detenidos por un operativo dirigido por la Policía de Rio Negro –Lobos al frente– el 2 de abril de 1976, y trasladados a la comisaría 1ra de Sierra Grande. Compartieron encierro allí “el chileno” Woolcok y “el turco” Kader. Los cuatro fueron trasladados días después a la delegación de la Federal en Viedma.
El 2 de abril, al saber de la detención, Alberto Lima, hermano de Carlos; Miguel Saso, cuñado de Daniel, y Héctor Osorio, acudieron a la comisaría para saber qué pasaba. Los encerraron. La misma suerte corrieron Julio Salto, periodista del diario Río Negro, y Ramón Fernández, diputado. A Jorge Palma lo agarraron de sopetón caminando por la calle, le pidieron documentos, impuso levísima resistencia y se lo llevaron a la Escuela de Cadetes. Eduardo Disnardo fue ilegalmente detenido aquel abril y luego nuevamente en junio. Todos sobrevivieron. Los alegatos continuarán a cargo de las defensas el próximo 16 de febrero.
