Para el Servicio Público de la Defensa Penal, la orden judicial de abastecer de agua potable al Complejo Penitenciario que alberga a la Unidad 5 de Mujeres significa un "importante precedente" para todas las unidades penitenciarias de la provincia, en relación a "derechos esenciales y el establecimiento de un piso mínimo". Fue en el marco de la resolución de un recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría pública en favor de las internas que además presentaron síntomas de gastroenteritis por las condiciones en la que estaba el agua proveída en bidones, y al que el juez Nicolás Foppiani hizo lugar.
Desde el SPPDP plantearon que la presentación se hizo a partir de la política institucional delineada por la Defensoría a cargo de Jaquelina Balangione. En ese sentido, y tras los reclamos por falta de agua en la unidad de 27 de Febrero al 7800, que alberga a 237 mujeres y algunos de sus hijes pequeños, el recurso fue interpuesto la semana pasada por el defensor público Francisco Broglia.
Así, en la audiencia del viernes, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo que establezca y asigne una partida presupuestaria -con la mayor celeridad- para la provisión de agua potable a las personas alojadas en distintos centros penitenciarios, para lo que dispuso de un plazo de treinta días para gestionarla. El Complejo también alberga las unidades de la Alcaidía y del Penal N° 3.
Para la Defensoría, la situación de falta del suministro elemental significa un "agravamiento de las condiciones de detención" y "generaba un tenso y angustiante clima dentro de pabellones penitenciarios, tanto por la problemática mencionada como también porque pudieron comprobarse afectaciones a la salud de las personas y varias situaciones de amotinamiento".
La problemática comenzó el 26 de enero a partir de las denuncias realizadas desde la cárcel de Mujeres, donde 70 mujeres y 4 niños sufrieron episodios de gastroenteritis. "A ello se agrega que un niño se encuentra internado debido a un virus", expresaron.
En audiencia se planteó que las internas "continuaban recibiendo bidones de agua no potabilizados, en escasas cantidades y que su consumo produjo malestar estomacal por contaminación". Al mismo tiempo, reflejaron que "los controles médicos no se brindaban de manera continua, a la vez que no se estaba respetando la dieta establecida para las mujeres y niños que habían contraído el virus".
Además, recordaron que en las unidades penitenciarias de la provincia existe superpoblación, y que "particularmente la cárcel de mujeres de Rosario se alojan 237 internas cuando la capacidad es para 171".
