Tras el paso del ministro de Seguridad ayer por la comisión bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad, la oposición ratificó su tono crítico –y preocupado– por la actitud del gobierno de Omar Perotti frente a una ola de violencia urbana sin precedentes sobre Rosario. "Santa Fe perdió tres años de inversión en seguridad porque Perotti nunca tuvo un plan ni equipo para gestionar", reprochó la diputada socialista Lionella Cattalini al término de la reunión.
Pero Rimoldi visitó la Legislatura para rendir cuentas de la ejecución de los fondos (ver aparte). Al respecto, el titular de la comisión de Seguridad en Diputados, el radical Juan Cruz Cándido, confrontó algunos tramos la exposición del ministro. En rigor, la voz cantante no fue la de Rimoldi, el más silente del gabinete perottista, sino de su director de Administración Financiera, Gustavo Bode, quien afirmó que el Ministerio ejecutó 99,45% de los $3.388.328.500 asignados al fondo de emergencia durante el año pasado.
Cándido sostuvo que el Ejecutivo utilizó hasta el 70% del Presupuesto 2022 en cuanto a bienes de capital, más allá de la emergencia en seguridad. "Y sin contar una cuenta de 450 millones de pesos que hasta noviembre no la habían tocado y que se vino acumulando desde 2020", acotó.
La exposición ministerial versó sobre el destino aplicado a los casi 3.400 millones de pesos que Santa Fe dispuso en el marco de la Ley de Emergencia, la nº 14.070 promulgada en enero de 2022. De acuerdo con lo presentado, el 89% de esos fondos se asignaron a la compra de bienes de uso de la tropa policial.
El legislador, referente en el sector que conduce el exministro del área y diputado precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro por Juntos por el Cambio, definió la ejecución descripta por Rimoldi como "medio tramposa". Es que, explicó "para llegar al número se sacaron plata de encima: un 10% de los fondos los destinaron a transferirle a municipios y comunas para que compren sistemas de video vigilancia. La ley lo admite, pero es distribuir de manera directa un dinero en lugar de gestionarlo por política propia", advirtió Cándido. También marcó que otro 10% de los $3.388 millones "lo asignaron a transferencias directas y partidas especiales a las unidades regionales de Policía y al Servicio Penitenciario, y eso sí que la ley no lo permite".
De allí que, comentó el diputado, hay 7 observaciones del Tribunal de Cuentas provincial. "En el apuro porque se vencía el plazo y había que gastar, tiraron la plata a los demás, y eso es un retroceso en cuanto a control de dinero directo a la Policía. Es decir, se logró una ejecución, pero disfrazada", resumió el diputado opositor.
La ponencia de Rimoldi y equipo en Legislatura tuvo repercusiones también fuera del recinto. El ministro de Economía del gobierno de Miguel Lifschitz, Gonzalo Saglione, publicó en Twitter: "El gobierno muestra como un éxito la inversión de $3300 millones en seguridad, cuando ese monto es apenas el 14% de los $22.986 millones que tiene de presupuesto en la materia".
Cándido destacó, no obstante, la mayoría del presupuesto destinado a compra de móviles policiales. Pero criticó torpezas administrativas en la compra de chalecos antibala, licitación que se cayó por la demora del Ejecutivo en apurar el decreto y el trámite. "Ahora se comprará a Fabricaciones Militares y por 860 millones de pesos, cuando el año pasado se iba a pgar 260 millones", distinguió.
"Me da la sensación de que el gobierno no tiene dimensión de la escala y la magnitud del problema. Casi no hablan de lo que está pasando en Rosario. Los inhibidores de señal para las cárceles, parece que los trae el general Alais. Yo hubiera usado la emergencia para enfrentar lo que está pasando en Rosario", cerró Cándido.
Cattalini, por su parte, valoró la reunión al compararla con la anterior, en octubre, agitada por la antecesora de Bode, Ana Morel, que renunció luego. Pero atacó: "El gobierno no tiene claro el momento que está atravesando la sociedad santafesina. No puede ser que durante un año y teniendo ley de Emergencia no haya podido concretar la compra de 5.500 chalecos antibalas para proteger a la policía. Esto habla de una burocracia y una desidia inconmensurable y tampoco pudieron en tres años de gobierno concretar la promesa de inhibir los penales, lugar donde se piensan y llevan adelante los delitos”.
