Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti informó ayer a la Legislatura el destino de los 3.370 millones de pesos asignados por la ley 14.070 de emergencia en seguridad en 2022 y ratificó que el 99,45% de los recursos se invirtieron en bienes de capital. “Un nivel de ejecución altísimo”, dijo el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad Gustavo Bode. El 81% de los fondos: 2.737.800 se invirtió en la Policía de Santa Fe en la compra de 288 camionetas (4x2 y 4x4) para el patrullaje en toda la provincia y otros equipos; el 9%: casi 300 millones de pesos en convenios con municipios y comunas para la adquisición de sistemas de videovigilancia y el 10% restante en el Servicio Penitenciario (121 millones, 4%), el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (183 millones, 5%) y el Instituto de Seguridad Pública (27 millones, 1%).
La rendición de cuentas se realizó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad –con mayoría opositora- y estuvo a cargo del ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y funcionarios de su gabinete, entre ellos el contador Bode, quien el 6 de enero reemplazó a su colega Ana María Morel en la estratégica Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera. Bode –como antes Morel- es un funcionario muy cercano al ministro de Economía Walter Agosto. En la reunión, al equipo de Rimoldi se sumó también el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, número dos de la ministra Celia Arena.
La bicameral convocó a Rimoldi para que haga un balance de los fondos de emergencia en 2022 y eso fue lo que hizo el ministro: entregó a los legisladores un informe que discrimina el monto y el destino de las inversiones. Del fondo de emergencia de 3.370 millones de pesos, “se invirtió el 99,45%” de las partidas, que es “un nivel de “ejecución altísimo”, dijo Bode, autor del documento que Rimoldi entregó en la bicameral. “El 81% (los 2.737.800 pesos) se invirtió en la Policía de la provincia” en la compra de las 288 pick up para patrullaje, “el 9% en convenios con 141 municipios y comunas para reforzar sistemas de videovigilancia y el resto se asignó al Servicio Penitenciario, el IAPIP y el ISEP”, agregó.
“Ahora, si analizamos por rubro, el 89% de esos fondos se invirtieron en bienes de capital”, enfatizó Bode. “Es muy importante porque incrementa el patrimonio de la provincia. El grueso de los recursos (81%) se destinó a la compra las 288 camionetas de la Policía (240 pick up 4x2 y 48 pick up 4x4) para el patrullaje. El 9% (casi 300 millones de pesos o para ser precisos 299.937.000 pesos) para los sistemas de videovigilancia en 141 municipios y comunas. Más, otros importes para la reparación de móviles y refacciones edilicias” en la Policía.
“Estamos muy conformes con el nivel de ejecución de los fondos en un 99,45% que es altísimo. Las inversiones que se realizaron están acordes a las necesidades”, agregó Bode.
La ley 14.070 de emergencia en seguridad venció el 31 de diciembre de 2022. Asignó 3.000 millones de pesos de rentas generales y el 50% de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que sumaron 388 millones. “Total del programa: 3.388 millones”, precisa el informe que el ministro dejó en la Legislatura. “El 89% de los fondos se invirtió en bienes de uso y equipos para atender la seguridad pública y al sistema penitenciario”, con el consiguiente “incremento del patrimonio de la provincia”, señala.
“La inversión en bienes de uso se puede clasificar en los siguientes ítems: 80% en patrulleros (las 288 camionetas compradas en 2022), 9% para equipamiento de dependencias policiales y un 11% para el equipamiento de los complejos penitenciarios, para el Instituto Provincial de Industrias Penitenciarias y el Instituto de Seguridad Pública”.
El “equipamiento para la Policía” incluyó “410 equipos estructurales antidisturbios, mobiliario y equipamiento en general para las dependencias policiales, y bicicletas con sus elementos de seguridad para efectivizar las tareas operativo-preventivas de las fuerzas de seguridad”.
La inversión en “sistemas de videovigilancia” se concretó “a través de 141 convenios con municipios y comunas en los 19 departamentos. Más, 57.357.000 pesos en “reparación de móviles policiales y penitenciarios” y 7 millones en “refacciones edilicias y otros bienes de consumo”.
