El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Abel Fleming y Domingo Batule, condenó el viernes último a Ricardo Torrez Gallardo y Gabriel Martínez a ocho y nueve años de prisión, respectivamente, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores.

Martínez recibió la condena más alta porque además portaba un arma de guerra. También se ordenó el decomiso del vehículo Fiat Fiorino en el que se transportaba la droga, teléfonos celulares, armas de fuego, y la aplicación de multas a los dos condenados.

Tanto las penas como los bienes decomisados, se corresponden con lo requerido por el fiscal federal José Luis Bruno -a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán-, quien representó al Ministerio Público Fiscal durante el debate que se desarrolló la semana pasada.

En los alegatos en la apertura del juicio y en el cierre, el fiscal ratificó la acusación contra ambos acusados. Recordó que Torrez Gallardo, oriundo de la localidad boliviana de Tarija, fue detenido el 4 de abril de 2022 a la noche, cuando una patrulla del Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional trató de ayudar al conductor de un vehículo que había volcado a la vera de la ruta nacional 34, en la localidad de Coronel Cornejo, en el norte provincial.

Estos gendarmes relataron en el debate que regresaban de realizar tareas en un puesto de control vehicular, cuando a la altura del kilómetro 1.415 de la ruta 34 vieron un Fiat Fiorino volcado. Al acercarse, uno de los ocupantes del vehículo salió corriendo y fue perseguido por dos efectivos. Mientras tanto, otro gendarme revisó el Fiat y descubrió la carga de droga.

El fiscal Bruno detalló que se encontraron 14 bolsas de tipo arpillera repletas de "ladrillos" de cocaína, por un total 234 kilos con 700 gramos.

Mientras tanto, los gendarmes capturaron al ocupante del vehículo que fue identificado como Torrez Gallardo, quien además llevaba una mochila con una pistola, un celular, un cargador y el DNI de otro implicado. En el Fiat encontraron además un arma de fuego y un teléfono.

A partir de estas evidencias, el 6 de abril del año pasado, la fiscalía formalizó el caso por el delito de transporte de estupefacientes, calificación que luego fue agravada por el número de personas intervinientes, ya que la pesquisa estableció que otras dos personas estuvieron involucradas.

Uno de ellos era Martínez, quien fue identificado a raíz del peritaje a uno de los teléfonos secuestrados, medida de prueba que la defensa había objetado, planteo que no fue aceptado por el tribunal.

En su momento el fiscal Bruno solicitó la detención de Martínez, que se pudo concretar el 15 de junio, cuando una patrulla del Escuadrón Salta de Gendarmería Nacional intentó realizar un control de rutina a un automóvil Hyundai Creta cuyo conductor no respondió a la orden de detención en un puesto de control ubicado sobre la ruta provincial 5, en la localidad de Las Lajitas, en el sur de la provincia. Se inició entonces una persecución y, pocos kilómetros después, el vehículo se detuvo en la banquina, sus tres ocupantes descendieron y escaparon hacia el monte. Los gendarmes los siguieron y atraparon a uno de ellos, que resultó ser Martínez.

En aquel momento Martínez tenía en su poder una carabina, descripta como arma de guerra. Al día siguiente se formalizó la imputación penal en su contra, tanto por su participación en el transporte de los 234 kilos de cocaína en Coronel Cornejo, como por la portación ilegal del arma de fuego.

En el juicio el fiscal Bruno solicitó la declaración de responsabilidad penal (culpabilidad) de los dos acusados, planteo que fue compartido por la jueza y los jueces. Ya en la etapa de cesura (determinación de la pena), luego de exponer respecto a los hechos y extremos de la escala penal y la situación personal de Torrez Gallardo y Martínez, la fiscalía solicitó 8 años para el primero y 9 años para Martínez, que finalmente fue resuelta y aplicada en la sentencia por el tribunal actuante.