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Organizaciones sociales y piqueteras de la provincia se sumaron a la jornada nacional convocada por el frente Unidad Piquetera ante la suspensión de 160 mil altas del programa Potenciar Trabajo. Además, la manifestación salteña sumó el pedido de anulación del decreto 91/23, que oficializó el gobierno de Salta y que aprueba el Protocolo de Actuación de las fuerzas de seguridad del Estado Provincial en manifestaciones públicas.
Enarbolando carteles con la leyenda: "Basta de represión y persecución a quienes luchamos", las organizaciones sociales se manifestaron en diferentes puntos de la provincia. Una de esas movilizaciones fue en la ruta nacional 16, en la ciudad de Joaquín V. González, en el departamento Anta, donde se produjo un corte desde las 8.
La referente del Movimiento Territorial de Liberación Rebelde (MTL) Rebelde, Alicia Pomo, quien vive en el departamento anteño, contó que a la jornada nacional sumaron una jornada provincial para manifestar su rechazo al decreto provincial que pretende frenar las protestas sociales.
"Nos parece dictatorial", afirmó Pomo, adelantando a Salta/12 que hoy mantendrán una reunión con referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos para definir una acción colectiva para enfrentar este protocolo. "Nos estamos organizando para hacer valer nuestro derecho a protesta", expresó.
A pesar de las diversas manifestaciones en contra que surgieron desde la aprobación del decreto, el gobierno de Salta sostiene que la normativa resguarda y garantiza "los derechos constitucionales de protesta y de libre circulación promoviendo la resolución pacífica de los reclamos sociales y el diálogo con las áreas competentes". No obstante, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se dijo a Salta/12 que es "un protocolo fundamentalmente orientado a evitar los cortes como forma de protesta social".
En ese sentido, el CELS sostuvo que la normativa guarda una "visión muy restrictiva de las manifestaciones y de los derechos involucrados", dado que "no hay ninguna mención a los derechos de los manifestantes ni de la protesta".
En esa línea, Pomo dijo que las protestas que se vienen generando en la provincia durante las últimas semanas se deben a "la pelea por nuestros derechos" ya que "hace rato que se olvidaron de nosotros". Señaló que dichos reclamos, sobre todo en el norte salteño, no son más que reclamos por deudas históricas de acceso a derechos básicos, como el agua potable, la salud y la educación. "La gente sale por necesidad, no porque los obliguemos desde las organizaciones", afirmó. Y concluyó: "Como no tienen la capacidad de gestionar y solucionar los problemas del pueblo, van a mandar a reprimir".
Por su parte, la dirigente de Movimiento Argentina Rebelde (MAR), Gabriela Albino, consideró que el decreto que emitió el gobierno provincial viene a "hacer que la gente tenga miedo de salir a reclamar y protestar". "En el norte, toda la vida se sufrió la falta de agua y hasta el día de hoy, siguen sin que les lleven nada", manifestó.
La dirigenta recordó las muertes por desnutrición de niños y niñas en los departamentos San Martín y Rivadavia, que llevaron a la declaración de emergencia sociosanitaria en 2020, y sostuvo que por ello salen a protestar. "Tenemos niños muriendo de hambre, pero el gobierno saca un decreto para que no salgamos a las calles", cuestionó.
Por ello, dijo que el colectivo de organizaciones también está evaluando la presentación de un recurso de amparo junto a los organismos de derechos humanos, dado que entienden que el decreto 91/23 es inconstitucional. "Es como que vas a la ruta y te reprimo", insistió.
Si bien el protocolo está vigente, según Albino, no se aplicó en la jornada de ayer. Es que uno de los puntos del protocolo dictamina que el Ministerio de Seguridad designará un jefe del operativo de seguridad que, "a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, indicará a los manifestantes que deben desistir" de la medida de fuerza.
Las y los manifestantes deberán "retirarse y ubicarse en otra zona para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre el libre tránsito, dando a conocer que su negativa puede constituir alguno de los ilícitos previstos en el Código Penal de la República Argentina, debiendo dar inmediata intervención al Fiscal Federal o Provincial que correspondiere", dice el protocolo.
Según Albino, el interlocutor de la cartera de Seguridad no se hizo presente, pero lo que sí se vio fue un gran número de efectivos de la Policia de Salta. "Era más de lo común", indicó. Aún así, dijo que continuarán con jornadas de lucha en las rutas y las calles de la provincia porque "el decreto no nos va a callar".
En la capital provincial, los cortes se hicieron frente a las oficinas de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. En el sur provincial también hubo protestas sobre la ruta provincial 5, a la altura de Las Lajitas, Apolinario Saravia, General Pizarro y Luis Burela, en el departamento de Anta. Mientras que los cortes sobre la ruta nacional 34, se produjeron en Güemes, Mosconi y Tartagal. Y hubo un corte en Pichanal, en el cruce la nacional 34 y la provincial 5.
La ruta nacional 50 también fue cortada a la altura de Orán, mientras que la ruta provincial 13 fue bloqueada en las entradas a las localidades de La Unión y Rivadavia. También, hubo un corte sobre la ruta provincial 41, a la altura de Salta Forestal.
"Un recorte a los más pobres"
En relación a las bajas del Potenciar Trabajo, Pomo manifestó que la reducción del programa nacional, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, representa "un recorte a los más pobres", dado que los 30 mil pesos que se cobran del programa por beneficiario, "no alcanzan para vivir, sino para poder subsistir". Por lo que afirmó que seguir recortando a este sector implica sostener una gestión que no va en favor de las poblaciones más vulnerables.
A modo de ejemplo, contó que la paga del Potenciar Trabajo es utilizada usualmente para abonar los servicios básicos y las compras mensuales de alimentos. Pero en un contexto donde los incrementos de la energía eléctrica llegaron a triplicarse, resulta difícil "hacer estirar la plata". "Con la factura de luz solamente pagás 20 mil pesos y quedan 10 mil, que tampoco es mucho para ir al super", afirmó.
En ese sentido, Pomo retomó los recientes datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que afirma que las familias que ganan menos de $83.373,63 por mes están en situación de “indigencia”. En cambio, quienes perciben, sumando los ingresos de todos los miembros del hogar, entre $83.373,64 y $152.962,95, son ubicados en la línea de “pobreza no indigente”.
"Al menos tenés que tener 60 mil para cubrir lo básico, pero no nos alcanza para nada", expresó Pomo. Contó que por eso quienes perciben el Potenciar Trabajo, además suman "changas". "Nosotros no queremos vivir de los planes, pero la mayoría de la gente que los percibe está excluida del sistema y no tiene trabajo formal", insistió.
Por su lado, Albino añadió que a las 160 mil bajas en el Potenciar Trabajo hay que agregar la reducción de un 50% del pago a algunos beneficiarios. "Les pasó a muchos compañeros que no pudieron validar su identidad en la auditoría que se llevó adelante", relató. Los beneficiaros debían validar su identidad a través de la aplicación Mi Argentina, donde se les pedía enfocar su rostro para corroborar con su documento nacional de identidad.
Sin embargo, "muchos no lo pudieron hacer porque el uso de la aplicación no es compatible con algunos modelos de celulares", ya que son de años anteriores. A ello, Albino sumó que algunas familias tampoco pudieron validar por falta de conexión a internet o de datos en la zona geográfica donde viven. También contó que un hombre no pudo hacer la validación porque tenía un sólo ojo y, por ende, la aplicación no lo reconocía.
"El ajuste no tiene que ser a los desocupados y, por eso, estamos en contra del pago al Fondo Monetario Interncional (FMI)", afirmó.
Pomo contó que durante los períodos de restricciones por la pandemia de covid-19, hubo un fuerte incremento de las organizaciones sociales porque "tuvimos que paliar el hambre en los comedores". Esta situación se dio porque muchas familias tenían trabajos que dependían de sus emprendiemientos, o algunos se desempeñaban en actividades independientes como bagayeros (pasadores en la frontera).
"Al no poder salir por las restricciones, tenían que acercarse a buscar un plato de comida a los comedores", relató la referente, quien además manifestó que las organizaciones supieron convertirse en "una gran contención" durante la emergencia sanitaria en el país.
