Una corte de El Salvador envió a juicio a cuatro exmilitares acusados de integrar un escuadrón de la muerte del Ejército y señalados por la masacre de San Andres que tuvo lugar en 1981 y en la que murieron cinco personas, entre ellas, dos adolescentes.
Tras la amnistía declarada en 1993 el país centroamericano pasó más de dos décadas sin poder juzgar los crímenes del conflicto armado (1980-1992). En 2016 la ley de amnistía fue declarada inconstitucional y el país comenzó a investigar las masacres ocurridas hace cuatro décadas.
Escuadrón de la muerte
Los escuadrones de la muerte eran grupos paramilitares integrados por policías y militares sin uniforme señalados por crímenes contra opositores políticos y presuntos guerrilleros.
Esta semana la jueza a cargo del caso leyó la resolución de la audiencia preliminar contra los exmilitares salvadoreños. Organizaciones de derechos humanos como la ONG Cristosal celebró que el caso sea conocido públicamente.
“El primer caso por una grave violación a los derechos humanos perpetrada por un escuadrón de la muerte que va a vista pública, después de que quedó sin efecto la ley de amnistía”, indicó David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal.
Delitos de lesa humanidad
En 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró inconstitucional la ley de Amnistía firmada en 1993. Esto permitió la reapertura de procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado que tuvo lugar entre 1980 y 1992.Un equipo de abogados de Cristosal que representa a familiares de varias personas asesinadas en abril de 1981 presentó “fuerte” prueba testimonial y documental. "La querella consideramos que el caso sienta un precedente importante", subrayó Morales.
Según el abogado de las familias de las víctimas “el tribunal consideró que hay prueba suficiente para ir a la vista pública, pero también valoró que se trata de un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra que, por lo tanto, no prescribe y que se da en un contexto de generalizadas y graves violaciones a los derechos humanos”.
Historia de la masacre de San Andrés
La Fiscalía identificó a los acusados como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez (quien no se presentó y fue declarado como rebelde por la fiscalía salvadoreña).En abril de 1981 Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, fueron secuestrados violentamente de sus viviendas por sujetos uniformados y con vehículos militares.
Según detalló la fiscal del caso en 2021 cuando fueron detenidos los exmilitares, “una de las víctimas era presidente de una cooperativa, también fueron asesinados maestros, estudiantes y trabajadores del campo. “Ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces ni mucho menos con el conflicto armado”, añadió citada por el diario salvadoreño El Mundo.
La fiscalía salvadoreña precisó que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados al costado de la ruta en el municipio El Carmen con heridas de bala, tortura y algunos estaban mutilados.
Conflicto armado en El Salvador
Entre 1980 y 1992 El Salvador vivió un conflicto armado que enfrentó al ejército salvadoreño, con fuerte apoyo de Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En 1993
las partes firmaron un acuerdo de paz. Ese año también se conoció el informe de
la Comisión de la Verdad de la ONU que daba cuenta de las graves violaciones a los
derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado.
Pero pocos
días después de la publicación del informe de la ONU se firmó la Ley de Amnistía que
mantuvo en la impunidad los crímenes cometidos durante el conflicto.
Después de que la Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional en 2016, El Salvador inició un camino para conocer a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Desde 2017 el caso de la masacre de El Mozote (en la que murieron cerca de mil personas a manos del Ejército) está en fase de investigación por un tribunal salvadoreño. En diciembre pasado se cumplieron 40 años de una de las mayores matanzas de la región y como todos los años cientos de personas salieron a las calles para reclamar justicia al Estado salvadoreño.
Unas 75 mil personas murieron en el marco del conflicto armado, 8 mil están desaparecidas.
