Los ingresos de los trabajadores no se han recuperado después de la devaluación que puso en práctica el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), la crisis de la pandemia y el acuerdo con el FMI. Ese deterioro de los salarios es producto de la inflación desbocada. El gobierno necesita que desacelere el ritmo de avance de los precios.

Fue importante la recomposición de reservas de los últimos meses de 2022, gracias al acuerdo con los sojeros basado en conceder un precio especial al dólar a cambio de la liquidación de sus existencias. Los incrementos del consumo privado y de la tasa de actividad y el sostenido descenso del desempleo son variables alentadoras. En medio de un fuerte ajuste del gasto que le permitió al país superar la meta de déficit primario exigida por el FMI, transcurrió un enero positivo en términos turísticos. 

De esta forma, se consolida un modelo de crecimiento del empleo con bajos salarios. Si se logra mantener la estabilidad macroeconómica y se conserva la tendencia al descenso de la inflación, esto le permitiría al oficialismo recuperar competitividad de cara a las elecciones de 2023. O, al menos, terminar su mandato constitucional sin grandes sobresaltos, cosa que no parecía garantizada algunos meses atrás.

Desinstitucionalización

Pero si el camino macroeconómico parece algo más despejado a corto plazo, la mayor amenaza proviene de la desinstitucionalización del sistema político. Ni siquiera el triunfo de la selección argentina en el Mundial de fútbol permitió la tradicional imagen de logro nacional con los jugadores saludando a la multitud desde los balcones de la Casa Rosada. 

Aunque la pésima organización del dispositivo de seguridad no ayudó a que la caravana llegara hasta el centro de CABA, también influyó el ataque previo de los medios de comunicación a todo lo relacionado con la presidencia de la Nación. Alberto Fernández, a diferencia de sus antecesores del 1978 y 1986, no recibió a los jugadores en la casa de gobierno. Cualquier haya sido el motivo del desencuentro, algunas conclusiones surgen de este acontecimiento.

Por un lado, es una clara muestra de incomprensión política por parte del gobierno al no valorar la dimensión simbólica de la fiesta y su papel de comunión popular que permitiría refundar, aunque sea por un momento, la bombardeada idea de comunidad nacional que tanto rechaza el discurso opositor.

La oposición vernácula, a diferencia de las nuevas derechas europeas, tiene un profundo desprecio por lo popular. Ese desprecio incluye también a la democracia corporeizada en la figura presidencial. El rechazo a la figura del presidente como encarnación del cuerpo societal en los grandes eventos que deberían estar por fuera de la discusión cotidiana -fiestas patrias, desastres nacionales o, como en este caso, logros deportivos- y la insistencia en deslegitimar su figura, está en el trasfondo de la actitud de la oposición ante la obtención de la Copa del Mundo. Se trata de desconocer la legitimidad de Alberto Fernández para actuar en nombre de la Nación y, en última instancia, de deslegitimar toda acción política, una actitud que está en la base del discurso neoliberal que sueña con un mundo regido por el homo oeconimicus.

Paralización del legislativo

Como ya señalara hace años Norberto Bobbio, existe una fuerte tensión entre democracia y capitalismo. Esa tensión ha sido relativamente suavizada por los Estados de bienestar. Destruidos éstos, la construcción de hegemonía recayó, principalmente, en los medios de comunicación masiva. Así y todo, al menos en América Latina, esta estrategia ha resultado insuficiente para contener la voluntad de las masas, aunque sí ha sido un arma poderosa contra los gobiernos popular-democráticos.

Contando con el silencio de los grandes medios, la oposición se dispuso a anular la acción de cuerpo legislativo a través del sencillo mecanismo de retacear el quorum, sepultando así leyes importantes, por ejemplo, la ampliación de la moratoria previsional.

En cierto sentido, se produce la paradoja de que el neoliberalismo tardío recurra a una concepción de democracia similar a la de un teórico fuertemente estatista como Carl Schmitt, pues toda la acción política de JxC se basa en la lógica amigo-enemigo planteada por el teórico alemán. Sin embargo, Schmitt aclara que esa dinámica de enfrentamiento y estructuración del campo político implica una confrontación sujeta a reglas. Limitación que no parece respetar la oposición argentina.

En todo caso, paralizado el Poder Legislativo, deslegitimado el Ejecutivo, queda el campo libre para que actúe el único poder que no representa la voluntad popular: el Poder Judicial.

La Corte

Lo más preocupante es la toma de partido sin ambages de parte de la Corte Suprema de Justicia en favor de JxC. Los ministros de la Corte Suprema no sólo revivieron una ley --doce años después de haber sido demandada-- que altera el Consejo de la Magistratura, único órgano judicial donde hay atisbos de participación democrática, sino que lo "asaltaron" poniendo a uno de ellos como presidente del cuerpo. Posteriormente, desconocieron la autonomía del Legislativo para configurar bloques en el Senado, lo que le quita un consejero al oficialismo, pero no actuaron con el mismo criterio en Diputados, otorgándole un cupo más en el Consejo a la oposición.

Ante las tibias protestas del gobierno, la CSJN siguió avanzando contra el Poder Ejecutivo. A la ratificación de la condena a la líder popular Milagro Salas -detenida por el gobernador radical de Jujuy- se sumó un cierre de año con un fallo contra la Nación y a favor de CABA.

El fallo de la Corte ordena a la Nación restituir parte de la coparticipación que arbitrariamente había dado el gobierno de Macri a la Ciudad para pagar los gastos ocasionados por la transferencia de la policía. Dado que no existían datos que justificaran el monto otorgado y que la coparticipación debe ser el resultado de un acuerdo federal entre todos los gobernadores, Alberto Fernández disminuyó ese subsidio que el Estado Nacional daba a la ciudad más rica del país.

Así las cosas, este fallo fue una sonora cachetada al gobierno nacional pues, transcurridos varios meses desde la demanda interpuesta por CABA, la CSJN ni siquiera se expidió sobre la cuestión de fondo, sino que emite una medida cautelar a favor de la Ciudad. En ella, además, tampoco cuantifica el monto que debería transferirse para pagar a la policía de la Ciudad, sino que, con una lógica de regateo de plaza de mercado, decide “partir diferencias”; es decir, otorgar la mitad de la diferencia entre lo transferido y lo demandado. Por último, se inmiscuye en el presupuesto votado por el Congreso y el funcionamiento de Economía para ordenar un monto y una forma de efectivizar la transferencia.

Nación-Ciudad

Es difícil saber si el fallo sobre la coparticipación que emitió la CSJN se debió a un exceso de confianza ante la falta de reacción del Gobierno frente sus avances, si está relacionado con la necesidad de financiar la campaña presidencia del Jefe de Gobierno de CABA o si fue una provocación al FdT. En todo caso, la desmesura de la medida y el hecho de que afectara fuertemente a los gobernadores obligó al Poder Ejecutivo a rebelarse.

Se profundiza así el proceso de desinstitucionalización como resultado de la negativa de la oposición a reconocer la voluntad popular y las instituciones donde ésta se expresa. De allí su reiterado discurso antipolítico que, en la medida en que permea a la ciudadanía, significa un triunfo cultural del neoliberalismo tardío. 

En última instancia, toda desinstitucionalización implica, tarde o temprano, una posterior reinstitucionalización, a menos que aceptemos dejar de existir en tanto Estado nacional. Y ese proceso de reinstitucionalización sólo se puede hacer desde la acción política.

* Investigador y docente del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina