El papa Francisco designó al obispo auxiliar de La Plata como “comisario apostólico” para investigar los al menos 27 casos de abuso sexual denunciados en el Instituto Provolo, de Mendoza y La Plata, según informó la nunciatura apostólica en un comunicado. La novedad fue informada por la agencia AICA, que detalló que el comisariato implica que el obispo designado tiene la atribución de “todas las competencias que el derecho propio del Instituto y el derecho universal de la Iglesia Católica atribuye al gobierno del Instituto religioso en cuestión”. En diálogo con este diario, el abogado Sergio Salinas, que representa a las víctimas, advirtió que las autoridades eclesiásticas “no nos han informado de nada acerca de esta designación”. “Antes, habían designado un vicario judicial, que es algo así como  un investigador y no un interventor, es el rol del comisario, y ese vicario, Dante Simón, no nos dio información, aún cuando fue intimado por la Justicia para que lo hiciera. Estamos esperando que alguien de la Iglesia se comunique con nosotros. Ojalá este interventor cumpla con lo exhortado por el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, en las observaciones generales del 2014, cuando dice que la Iglesia debe cesar con estas investigaciones paralelas y con cambiar los domicilios de los párrocos acusados, porque eso genera más impunidad y más víctimas. Ojalá este comisario de informacióna  las víctimas”, dijo Salinas.

El designado como “comisario apostólico ad nutum Sancta Sedis para todas las comunidades y los sodales de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos”  es Alberto G. Bochatey, de 62 años, de la orden de San Agustín, y ordenado obispo en 2013 por el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Bochatey, además, preside la Comisión de Pastoral de Salud de la Conferencia Episcopal y es docente del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina.

El vicario que el Vaticano había designado anteriormente en el caso había asegurado, tras un encuentro con el fiscal Flavio D’Amore, que la investigación eclesiástica, que se realiza de manera paralela a la de la Justicia, “será muy compleja porque no hemos tenido contacto con las víctimas porque no las conocemos y sus abogados nos han dicho que no quieren hablar delante de nosotros”. 

Ayer, además, se suspendió la audiencia en la que iba a definirse si la monja Kumiko Kosaka, de 42 años, imputada en la causa como autora de abusos, accedía a la prisión domiciliaria. La postergación se debió a que la defensa técnica de la religiosa “cuestionó la pericia oficial porque era desfavorable y pidió que se incorporen más pruebas”, explicó Salinas. Hoy en Mendoza es feriado porque se celebra el “día del Santo Patrono Santiago”, de modo que las tramitaciones judiciales quedan suspendidas por lo menos hasta mañana. Fuentes judiciales señalaron a este diario, de todos modos, que la audiencia podría ser reprogramada para esta misma semana, y que la encuesta socioambiental que evaluó el lugar en el que la imputada pidió cumplir la prisión domiciliaria no reúne las condiciones necesarias para ello.

La semana pasada, la querella solicitó que se impute a nueve personas y sean convocados a declarar 200 ex alumnos del establecimiento de Luján de Cuyo especializado en alumnos hipoacúsicos y dependiente de la Iglesia Católica. De acuerdo con fuentes judiciales, los querellantes pidieron “que se cite a declarar a todos los alumnos que asistieron al Instituto entre el año 1998 al 2016, que según el registro de la institución serian 200” y también que “se investigue y proceda a imputar por participación criminal de los aberrantes hechos a otras nueve personas”, todos ellos ex empleados del Instituto.