La derecha neoliberal insiste en agitar viejos fantasmas a los que acude una y otra vez pensando en que, de ese modo, obtendrá su carta de triunfo en cada contienda electoral.

A la larga, se trata de una derecha violenta y regresiva en su modo de gobernar y de ejercer el poder, pero que en términos electorales, y pese a la proliferación de asesores, encuestadores amigos, etc., se puede mostrar inexperta y hasta ingenua en su manera de entender lo que ella misma interpreta como “voluntad popular”.

El caso más reciente lo tenemos en Ecuador, donde la derecha encarnada por el gobierno de Guillermo Lasso (foto) fue ampliamente derrotada en las elecciones del pasado domingo 5 de febrero, en la, entre otros, se eligieron alcaldes y prefectos (cargo que, en Argentina, es similar al de gobernador provincial).  

Las alusiones, veladas y explícitas, al correísmo como responsable de los grandes males del país esta vez no tuvieron eco en la ciudadanía, en gran medida, debido a lo difícil que es vivir hoy en Ecuador, cuando todavía se sufren los correlatos de una pandemia que tres años atrás se ensañó con una población absolutamente desprotegida en términos de salud pública.

La crisis

Los números de la actual crisis son elocuentes, cuando un tercio de la población económicamente activa tiene un empleo formal, u 8 de cada 10 familias cobran un bono social para sobrevivir apenas frente a una pobreza en ascenso.

O bien cuando la emigración de ecuatorianos al exterior, en cifras comparables a los de la plena debacle bancaria dos décadas atrás, convierte al envío de remesas, calculado en cerca de 4 mil millones de dólares, en uno de los ingresos más redituables para la nación. Finalmente, cuando uno de cada tres menores sufre en la actualidad de desnutrición infantil, un mal que había sido desterrado hace ya más de una década.

Sin embargo, más allá de la crisis social y económica, lo que sin duda permanecerá en la memoria popular de los ecuatorianos del actual gobierno de Guillermo Lasso será el nivel de violencia, inédito para la historia de este país, aunque típico en aquellos gobiernos que pretenden combatir la violencia con “mano dura”, incentivando aun más la muerte a través del culto a las armas y mediante políticas represivas.

En este sentido, y si bien es cierto que se trata de un proceso originado en el mandato de su antecesor Lenín Moreno (quien, con su transformación a la derecha más ramplona preparó el terreno para lo que vino después), fue a partir del año 2020 que existió una profundización de la violencia vinculada a la guerra entre bandas criminales que se disputan territorios para el tráfico de drogas y armas.

Violencia

Los más de 4 mil crímenes ocurrido en 2022 ubica a Ecuador como uno de los países más violentos de América Latina, con una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes

Un dato por demás negativo es que, debido a la violencia imperante, y según datos del Ministerio de Interior, 502 menores de edad perdieron la vida, la mayoría por disparos de armas de fuego. De ese total, 41 víctimas tenían menos de 12 años.

Además, a lo largo del año pasado y debido a distintas disputas vinculadas al reparto de drogas hubo un centenar de muertes en las cárceles. Por otra parte, también deben tomarse en cuenta las 280 mujeres que resultaron víctimas de femicidios, en algunos casos, con un llamativo impacto mediático y, supuestamente, cuando desde el gobierno se impartían políticas y capacitaciones para fomentar el respecto a las diferencias de género.

Por último, también deben tenerse en cuenta las víctimas fatales ocurridas durante el último ciclo de protestas en el pasado mes de junio, cuando una vez terminadas las instancias de diálogo, las distintas comunidades indígenas se dispusieron a marchar abriendo el juego a la represión indiscriminada del gobierno.

Por todos estos motivos, debería correrse el eje del gobierno de Guillermo Lasso asociado al “narcoestado” o a la “narcopolítica”, para en cambio, pasar a referirnos a él con el concepto de “necropolítica”, utilizado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, para dar cuenta de aquellos regímenes cuya principal aspiración consistiría en la “administración de la muerte”, ya como prerrogativa estatal.

Autoimplosión

Naturalmente, la autoimplosión del régimen de Lasso dio lugar a una redefinición del mapa político-electoral, con la pérdida de hegemonía del oficialismo y la reaparición de expresiones políticas que, desde la derecha, se pensó que se encontraban perimidas o que ya no volverían a representar un desafío o una amenaza.

El correísmo y la izquierda en general vive ahora un momento de trascendencia política como hacía mucho que no disfrutaba. En la jornada electoral de ayer no sólo logró conservar las prefecturas que ya tenía, sino que además pudo ganar en plazas que eran consideradas bastiones inexpugnables de la derecha.

Así, el Movimiento Revolución Ciudadana obtuvo la alcaldía de Quito y, de manera impactante e imprevista, conquistó la alcaldía de Guayaquil, el principal puerto y polo económico del Ecuador. Además, ganó la prefectura de Guayas, donde desde hace más de tres décadas gobernaba el Partido Social Cristiano, expresión de la más rancia y clasista derecha ecuatoriana, el que probablemente entrará en un período de declinación y, tal vez, también de desaparición.

Además, el gobierno de Lasso perdió una consulta ciudadana compuesta de ocho puntos y principalmente focalizada en políticas de seguridad y en la reforma de instituciones estatales, en su mayoría, dedicadas a la función de auditoría y contraloría. Tal vez, la ilusión inicial llevó a pensar a los artífices del gobierno que una oleada favorable de votos terminaría beneficiándolo en esta consulta popular.

En consecuencia, las elecciones del 5 de febrero no sólo exhibieron la soledad en la que se encuentra el gobierno: ya no únicamente frente a un Congreso con el que se encuentra en minoría sino respecto a una sociedad que empieza a señalar el hartazgo frente a una utopía neoliberal que sólo podía conllevar muerte y destrucción.

De este modo, y al menos esta vez, ya no sirvieron las reiteradas denuncias y las rutinarias culpabilizaciones hacia el correísmo y la izquierda: el mantra de la continua acusación a quienes no gobiernan hace ya casi seis años finalmente está encontrando su límite.