“Esperamos que se haga justicia”, resumió Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo integrante de la Línea Fundadora. Eran sus expectativas tras el pedido de juicio político que presentó ayer en el Congreso junto a referentes de otros organismos de derechos humanos en contra de los jueces de la Corte Suprema que posibilitaron lo que ellos consideraron “el fallo de la impunidad”: la sentencia que, por mayoría, habilitó el 3 de mayo pasado, que el represor Luis Muiña saliera en libertad tras la aplicación del 2x1 a su condena. “Con ese fallo, el genocida (Alfredo) Astiz podría estar suelto. Pero, una vez más, nuestro pueblo le dijo no a la impunidad y desbordó las plazas y calles del país para impedir que los genocidas caminen por las calles”, consideró HIJOS en relación al pedido formal que realizaron junto a Madres, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otras agrupaciones dedicadas a sostener y fortalecer el proceso de memoria, verdad y justicia. La medida es contra los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
Los organismos de derechos humanos que realizaron la presentación ayer acusan de “mal desempeño de sus funciones” a los supremos que habilitaron el 2x1 para Muiña, condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Critican a los jueces por esa sentencia que, entienden, significó “el haber favorecido la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado”, según plantearon en el escrito.
La presentación, que va en línea con otras que se presentaron anteriormente con el mismo propósito, la realizaron ayer, a casi tres meses de haber ocurrido el fallo. “Esperamos un tiempo más que prudencial. Fuimos bastante pacientes, estuvimos más de dos meses expectantes ante una nueva decisión de la Corte que aún no llegó. El fallo está vigente”, planteó Carlos Pisoni, integrante de HIJOS. “Entendemos que la Corte debía revertir el fallo tras las masivas movilizaciones que se lo reclamaron días después de haberlo emitido. Y así debe proceder. Si con estos integrantes aún no ocurrió nada, entonces tienen que cambiar los integrantes de la Corte”, remarcó.
“Le digo a la señora justicia que se saque la venda de los ojos, que mire y que actúe como corresponde”, afirmó Almeida en declaraciones a Radio La Imposible, y vinculó el fallo del 2x1 con la gestión de Mauricio Macri: “Este gobierno todos los días, por una cosa o por otra, viola los derechos humanos, la memoria. Pero no lo van a lograr, seguiremos adelante”, evaluó. Tras realizar la presentación del pedido de juicio político en la mesa de entradas del Congreso, la Madre de Plaza de Mayo consideró el trámite “otro motivo para demostrar que los organismos no somos un curro, que estamos permanentemente defendiendo la memoria, la verdad y la justicia”. Su compañera de militancia, Vera Jarach, que llevaba puesto su pañuelo blanco al igual que ella, y Lita Boitano, de Familiares, coincidieron.
Para que progrese, el pedido debe ser tratado por la Comisión de Juicio Político, que es la encargada de solicitar formalmente medidas de esas características ante el Senado. Por eso, los 12 organismos de derechos humanos dirigieron al presidente de esa comisión, Álvaro González, el documento en el que plasmaron las razones por las que Rozenzkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco deben ser juzgados por el recinto y removidos de su cargo. Más allá de que el juicio político prospere o no, las entidades están “expectantes de que se revierta el fallo y que las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina sigan siendo políticas de Estado”, puntualizó Pisoni. La Corte Surpema, de hecho, ya anticipó que emitirá un nuevo fallo sobre el tema, luego de que el Congreso votara una ley “aclaratoria” sobre los alcances del 2x1 y la imposibilidad de aplicarlo a delitos de lesa humanidad.
