El gobierno de Colombia y las disidencias de las FARC acordaron el protocolo del cese al fuego iniciado el 1 de enero y que se prolongará hasta fines de junio. El mecanismo establecido por las partes incluye la “veeduría, monitoreo y verificación” para prevenir y atender posibles incumplimientos o incidentes.

Los diálogos de paz avanzan en Colombia con el protocolo firmado entre el gobierno de Gustavo Petro y las FARC. El ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitieron un comunicado conjunto en el que subrayan que el protocolo acordado “contiene las herramientas para la implementación” del cese del fuego entre la guerrilla denominada Estado Mayor Central de las FARC comandada alias Iván Mordisco y el gobierno.

Este fue uno de los cambios entre el borrador que se conoció en enero y el protocolo firmado esta semana: en el documento anterior las FARC figuraban como “las FARC aún en armas”, mientras que en el texto nuevo aparecen como “Estado Mayor Central de las FARC-EP”.

Las FARC-EP son la mayor disidencia de la organización armada que en 2016 pasó a la vida civil con los Acuerdos de Paz. Según medios locales, cuentan con cerca de 3.200 integrantes distribuidos en 23 frentes y cinco bloques.

Los puntos principales del acuerdo

Según el El Espectador de Colombia, en el borrador que se conoció en enero, firmado por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda y el representante de las FARC-EP, Audrey Avendaño, definen el cese del fuego como “la suspensión de acciones ofensivas entre las partes por un tiempo determinado”.

Además, precisa que la fuerza pública debe “enfrentar a cualquier grupo armado diferente al EMC de las FARC-EP que incursione con intenciones hostiles en el área donde hace presencia la guerrilla”.

También contempla que el grupo armado entregue a los miembros de grupos enemigos al Mecanismo de Verificación. En las zonas en las que esta organización tiene presencia el Estado podrá adelantar procedimientos judiciales y policiales, pero deben ser comunicados al mecanismo.

El protocolo también prevé el respeto a la atención de emergencias, misión médica, la prestación de servicios médicos y la vida e integridad de las comunidades que vivan en las zonas con presencia de las guerrillas.

También precisa que no podrán atentar contra la población civil, impedir el transporte de víveres y obstaculizar la labor del mecanismo. Los integrantes de la FARC-EP tampoco podrán portar armas en los pueblos ni interferir en procesos electorales.

Próximos pasos

Las partes activaron otro protocolo para que 20 comandantes de la disidencia puedan movilizarse hacia un punto del país para realizar una cumbre de la conducción del grupo armado.

Está previsto que el encuentro se realice entre el 14 y el 24 de febrero. Cinco de los participantes saldrán bajo libertad provisional de las cárceles de Jamundí, Popayán, Villavicencio y La Picota, en Bogota.

La movilización de los participantes estará a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja y tendrá el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Paz de la OEA y la embajada de Noruega en Colombia.

El encuentro permitirá que la FARC-EP designe a sus voceros ante la mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro. Tras esa reunión, los 20 comandantes volverán a los lugares desde donde fueron movilizados y los cinco que estaban privados de libertad vuelven a sus sitios de reclusión.

El presidente de Colombia Gustavo Petro había anunciado un cese del fuego con cinco grupos armados (entre ellos las FARC). Dos días después el ELN negó el pacto que calificó de unilateral y pidió discutir esa posibilidad en la segunda ronda de negociaciones que tendrá lugar la próxima semana en México.