La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires anunció que se duplicó el monto de facturación a partir del cual las empresas tienen la obligación de actuar como agentes de percepción y retención del fisco. El director del ente recaudador provincial, Cristian Girard, celebró la medida que posibilitará alivianar la tarea contable en casi 1.500 firmas a lo largo del territorio bonaerense. “Adoptamos una nueva medida que beneficiará a más de 1.470 empresas bonaerenses que verán reducida su carga administrativa”, señaló el funcionario.

La actualización de estos valores prevé que, recién aquellas empresas que a lo largo de 2022 hayan obtenido ingresos totales operativos tanto gravados, no gravados como exentos, superiores a 500 millones de pesos, son las que deberán actuar como agentes de recaudación del régimen general. En sintonía con estas reformas, para el caso de los contribuyentes que declaran como actividad principal el expendio público de combustibles líquidos derivados del petróleo la normativa consideró que el límite de facturación que posibilita contar con el beneficio anunciado asciende a 750 millones de pesos.

La nueva norma fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Girard explicó que “esta lógica de trabajo se implementó desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof”. El funcionario destacó que desde 2020 hasta la fecha “incrementamos cuatro veces el límite de facturación para actuar como agentes de recaudación”. “La primera vez, antes del comienzo de la pandemia se elevó un 175%; en 2021 un 36% más; el año pasado agregamos un 66%; y ahora un 100%”, detalló el director de ARBA. En lo que va de la gestión, 8.300 Pymes ya quedaron eximidas de esta obligación fiscal.

Las empresas que actúan como agentes de recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos tienen la obligación de retener o percibir dinero de los contribuyentes como pago a cuenta de ese tributo para luego depositarlo a la orden del fisco. El titular de ARBA, explicó que esta medida tiene un “doble impacto positivo en el tejido productivo provincial”, ya que, además de quitar peso administrativo a las empresas reduce la cantidad de operaciones alcanzadas por retenciones y percepciones de Ingresos Brutos a otros contribuyentes, “disminuyendo significativamente la acumulación de saldos a favor y favoreciendo el desahogo financiero del sector productivo”.