Dos policías de la delegación Lanús-Avellaneda de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Bonaerense fueron imputados por infracción a la ley específica de la propia agencia policial. Uno de ellos es el sargento que tuvo su momento de publicidad cuando difundió un video en el que mostraba drogas que mantenían ocultas en el techo de la delegación y que, según sostuvo (con mucha verosimilitud, habrá que decir), utilizan en la agencia policial para plantar drogas y coaccionar de esa manera ya sea para supuestamente resolver casos o para amenazar a víctimas de la acción policial. El otro, curiosamente, no parecía vinculado a las drogas del techo sino que en el momento del allanamiento encontraron en su escritorio algunas bolsitas con cocaína, paco y marihuana (¿uso personal?) Ambos fueron imputados pero no detenidos. Se trata de policías. Si hubiera sido alguna de las víctimas de las razzias de los polis antinarcos, seguiría detenida, escrachada en los medios, y en boca de algún/a funcionario/a embanderado en los éxitos de la guerra contra los narcos. Ambos fueron apartados y la delegación, intervenida, lo que no indica qué grado de licitud se puede esperar.
El sargento ayudante Adrián Javier Jiménez es quien difundió el domingo el video en el que realizó la denuncia contra las prácticas de la delegación de la Bonaerense que en Lanús supuestamente se encarga de investigar a los narcos. Jiménez fue apartado. El oficial principal Julio César Casarini, a su vez, también fue apartado y es investigado porque en su escritorio encontraron envoltorios con diferentes drogas. Es probable que su defensa argumente que el consumo personal no es punible tras el fallo Arriola, pero, posiblemente, la chapa policial en este caso pueda jugar en contra.
El auditor de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, informó ayer que Jiménez deberá declarar también en esa dependencia y que ingresará al Programa de Protección al Denunciante para garantizar su seguridad.
Tanto los voceros judiciales como Berra dijeron que el efectivo estuvo aprehendido unas horas, aunque luego quedó libre y sujeto a la convocatoria de la Justicia.
La filmación difundida por redes sociales “confirmó un hecho muy grave”. Berra explicó a quien quisiera escucharlo que ese hecho era investigado desde hacía un tiempo por la dependencia a su cargo, y el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y el fiscal de ese distrito, Leonel Gómez Barbella, a raíz de una denuncia anónima “muy similar a lo que se muestra en el video”. “Tras esa denuncia hicimos tareas de inteligencia, avistajes en el lugar, muchos de los cuales nos dieron positivos (...) veníamos avanzando bastante y en el medio de esto aparece el video, por lo que hubo que ir y encontramos la prueba que aparecía en la filmación”, explicó.
Si bien se desconoce por el momento –al menos a nivel público– los motivos por los que el sargento decidió subir a Facebook un video en el que denuncia lo que ya investigaba la justicia, es posible determinar los resultados que produjo su denuncia en la propia investigación judicial: aceleró los pasos y obligó al fiscal y juez a que tomaran medidas inmediatas. Los funcionarios no responden por el momento sobre si la exigencia de inmediatez impidió profundizar la investigación o, al contrario, aceleró el trámite por algún motivo (que hayan descubierto la investigación, peligro inminente para el denunciante).
Al mismo tiempo, como medida de cierta obviedad, la delegación fue intervenida y será dirigida por el comisario mayor Ubaldo Fuenzalida. Sus dos jefes, Ariel Skallia y su segundo, Mario Rosello, fueron enviados al clásico freezer policial.
