Perú llega a su segundo mes de protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. Desde entonces el país registró movilizaciones consecutivas que sólo pararon durante las fiestas de fin de año y que en enero volvieron colmar las ciudades peruanas.

En estos dos meses algo muy importante cambió: “Al principio hablaban de cerrar todo, que se vayan todos y hoy ya no estamos tan dispersos. Las demandas se uniformizaron, la población está concentrada en tres puntos que son la renuncia de Dina Boluarte, el llamado a elecciones y una nueva Constitución”, puntualizó Diana Pasaca, abogada y docente en la Universidad Nacional de Juliaca. 

La ciudad sureña de Juliaca, ubicada en el departamento de Puno fue el escenario de uno de los episodios de mayor represión en los últimos dos meses: la masacre que terminó con la vida de 17 personas. En los próximos días la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por referentes políticos, sociales y sindicales de Argentina estará en Puno para entrevistarse con la mayor cantidad víctimas de la represión y sus familiares.

Los tres reclamos más importantes

“La población está concentrada en tres reclamos: la renuncia de Dina y ya no hay marcha atrás en ese pedido; el cierre del Congreso, desde un punto de vista figurativo claro, lo que queremos es que haya nuevas elecciones; y el tema de una Nueva Constitución”, explicó Diana Pasaca.

La ola de protestas y la represión ordenada por el gobierno de Perú deja al menos 48 muertos (47 civiles y un policía) y más de 1.200 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

El pedido de justicia por los muertos en contexto de represión también forma parte de los reclamos de los miles de peruanos que se manifiestan contra el gobierno de Dina Boluarte, la exvicepresidenta que asumió como mandataria tras la destitución de Pedro Castillo cuando el mandatario anunció la disolución del congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente.

“Las personas que viajaron hasta Lima para manifestarse están pidiendo que se investiguen las muertes”, contó Pasaca.

Esta semana el ministerio de Interior informó que habilitó un canal para recibir denuncias relacionadas al delito de terrorismo. “Nos atrevemos a decir que es un gobierno dictatorial”, afirmó la docente de la Universidad de Juliaca. 

“Cualquier persona puede denunciar apología al terrorismo por publicaciones o comentarios en redes sociales. Estamos hablando de que se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión”, añadió.

Denuncias por discriminación

La más reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el mes pasado trajo a la luz la estigmatización y discriminación hacia los manifestantes. El vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralón aseguró en una entrevista con el diario El País que “hay un deterioro en el debate público, generalizaciones donde se utilizan términos como terroristas, terrucos, senderistas, incluso indios como un descalificativo”.

Las últimas declaraciones del diputado Juan Carlos Lizarzaburu de Fuerza Popular (partido de Keiko Fujimori, hija del exdictador peruano Alberto Fujimori), fueron una muestra de lo que denunció la CIDH.El diputado dijo que la bandera Wiphala, símbolo de los pueblos originarios, es como un “mantel de chifa”.

“Que este tipo de pronunciamientos vengan desde las más altas autoridades es un terible mensaje y ellos son los que han hecho que esta protesta crezca de este modo”, afirmó Diana Pasaca. 

“En vez de poner paños fríos, desconocen a la población de pueblos originarios, a mi región, Puno, nos dicen terroristas, vándalos, narcotraficantes....Y esto de la bandera, que es un símbolo de los pueblos originarios aunque no lo quieran reconocer existe. Tienen que respetarlo”, precisó. 

Para Diana, declaraciones como la del diputado de Fuerza Popular sólo incrementan el descontento. “La gente en las calles reclama porque se siente ninguneada ‘no quieren escucharnos’ y quienes deben escuchar no entienden o de repente prefieren que la población se mate”, añadió.

Unificar demandas políticas en las calles

Sin embargo, los dos meses de protesta dejaron algo importante. “Me parece trascendental que la población ahora habla de demandas políticas. Antes cuando había elecciones veías a una población apática a los procesos electorales, y ahora las demandas son políticas”, reconoció.

“Implica que sí están conectados con la problemática, entienden que los problemas son estructurales que por más que te instalen luz, agua, que haya carreteras, existen problemas de fondo relacionados con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, educación de calidad, acceso a la salud”, aseguró sobre la unificación de demandas.

Y en ese camino colectivo según Diana Pasaca “entendieron que la Constitución es parte de ese problema… necesitamos construir un nuevo pacto social y no con 15 o 20 personas como fue con la Constitución de 1993, sino a través de las voces de todos los peruanos. Es complicado, pero ahí está apuntando la población que quiere ser parte de la construcción de ese proceso".