Las intervenciones y fallos judiciales se presentan en la opinión pública como grandes abstracciones alejadas de la vida diaria, limitadas al análisis de medios especializados y con una jerga poco amena. Conectarlos con el cotidiano es un desafío pero, al estudiar algunos de ellos, queda expuesta la enorme injerencia que el Poder Judicial tiene en ámbitos decisivos de la vida: los derechos al consumidor, la política económica, los derechos laborales, los derechos de mujeres y diversidades, el derecho a la información. 

Todas las intromisiones cuentan con un patrón particular, a beneficio de las grandes empresas y fortunas del país, y en desmedro de las y los argentinos. El Centro de Economía Política (CEPA) realizó un relevamiento de 50 fallos que así lo confirman:

Consumidores sin derechos

  • La boleta de telefonía e internet sería menor si la Cámara Contencioso Administrativa Federal no hubiese frenado el decreto que en 2020 fijó que las telecomunicaciones son un “servicio esencial” con precios regulados. Esa norma establecía, además, la Prestación Básica Universal Obligatoria, que permitía contratar telefonía móvil por 520 pesos de hoy (150 pesos de julio de 2020) y determinaba que si la empresa de TV por suscripción superaba los 500.000 abonados, el cliente debería recibir un descuento del 30 por ciento sobre el plan de menor valor. Cablevisión, por ejemplo, tiene más de 5 millones de equipos conectados, pero el descuento nunca se aplicó gracias al fallo judicial que frenó el decreto.
  • La cuota de la prepaga también sería menor si la justicia no hubiera habilitado aumentos indiscriminados luego de que, en julio de 2021, las prepagas impulsaran una cautelar para subir sus precios. Quien tomó la medida fue Pablo Cayssials, juez en lo Contencioso N°9, que apareció recientemente en los Patagonia Leaks por haber viajado al sur financiado por el Grupo Clarín. Cayssials anuló dos resoluciones del Ministerio de Salud y autorizó los aumentos. Como resultado, desde enero de 2021 a diciembre de 2022 las prepagas registraron subas de 216 por ciento superando la inflación de 193,7 por ciento. 
  • En 2017 el juez Cayssials  avaló aumentos en el servicio de agua del 375 por ciento para la Ciudad de Buenos Aires y 18 municipios del conurbano.
  • En diciembre de 2019 la justicia falló a favor de un engaño al consumidor. Fue cuando declaró que Mercado Libre no era responsable por la venta, en su propia plataforma, de un producto que resultó diferente al publicado. 
  • - La Corte Suprema frenó la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que ordenaba a varias empresas de indumentaria y a centros comerciales a mantener vigentes descuentos ofrecidos por algunos bancos. La empresa Cencosud se opuso y la justicia lo avaló con un fallo del año 2015 que sentó jurisprudencia.

Derechos laborales

- En el 2018 la Corte Suprema de Justicia negó los derechos laborales de un trabajador monotributista del Hospital Alemán que prestó servicios allí durante siete años, avalando que la empresa desconozca la relación laboral existente. El fallo que lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, sentó un precedente, contradiciendo otro de primera instancia a favor de este reclamo del trabajador para reconocerlo en relación de dependencia. Para el Poder Judicial se puede trabajar cumpliendo un horario y teniendo un jefe durante años, sin vacaciones, sin derechos laborales, facturando como monotributista y sin recibir indemnización.

- En septiembre de 2021 un fallo le otorgó constitucionalidad a las comisiones médicas, que son una instancia administrativa, como última palabra válida en un juicio sobre un accidente laboral. De esta manera, desconoció la afección de salud denunciada por el trabajador Jonathan Pogonza en un juicio contra su ART, Galeno.

- A ello se suma otra serie de dificultades en la justicia laboral que hacen difícil garantizar derechos: la paralización de expedientes, el desfinanciamiento del fuero laboral, los Juzgados del Trabajo vacantes. Todo ello denunciado por la Asociación de Abogados/as Laboralistas en 2022, sin respuesta de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

Poder Económico

Sobran ejemplos de cómo los fallos judiciales intervienen en las decisiones de gestión de un gobierno para favorecer, no casualmente, a los sectores económicos más poderosos. El Poder Judicial decide sobre la política económica, aunque no se lo vota para ese fin.

- En un contexto de escasez de divisas, las empresas importadoras deben respetar mecanismos para obtener dólares a valor oficial vía la Secretaría de Comercio y el Banco Central. Sin embargo en septiembre de 2022, una compañía pudo importar neumáticos en treinta ocasiones por 64 millones de dólares. Lo pudo hacer por decisión de un juez, que emitió una medida cautelar.

- Otra medida cautelar permitió la importación de 20 millones de dólares en “toallas”, limitando la política de administración de dólares. En el rubro textil ha sido una práctica habitual: el equivalente a casi el 40 por ciento de las importaciones de toda la cadena fueron a través de este mecanismo. Lo confirma el diario La Nación: “Desde el año pasado (2020) varias decisiones del Gobierno que intentaron frenar los aumentos de precios recibieron una dura respuesta por parte de las empresas afectadas, que pidieron medidas cautelares en la Justicia”.

- Las arbitrariedades con los dólares llegaron aún más lejos: el juez Pablo Cayssials, visitante de Clarín a Lago Escondido, decidió destinar dólares a la importación de un Porsche 911 Turbo y una Ferrari Testarrosa en un fallo de febrero 2021. La intromisión abierta en una facultad que le compete al poder ejecutivo, como es la administración de los dólares, no fue excluyente. Más atrás en el tiempo se encuentra la causa dólar futuro como el máximo ejemplo de pretensión de judicialización de decisiones de política económica. Causa tan absurda que terminó con el sobreseimiento de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía Axel Kicillof, entre otros. Eduardo Casal, el procurador interino, pide reabrirla.

- Cuando el gobierno nacional estableció, por única vez, el pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias para las empresas beneficiadas por la suba extraordinaria de los precios internacionales en el marco de la Guerra Rusia-Ucrania, algunas firmas fueron a la Justicia que, una vez más, frenó la medida aceptando una cautelar.

- El Poder Judicial le prohibió al Gobierno del Frente de Todos entregar un bono a los jóvenes antes de las elecciones de 2021 (aunque no hizo lo mismo con Macri en 2019). La jueza federal María Servini hizo lugar a una medida cautelar y frenó el lanzamiento de un bono de 5.000 esos denominado “Más Cultura Joven” destinado a jóvenes que buscaba reducir la brecha económica en el acceso a bienes y servicios culturales.

¿A quiénes favorecen los fallos?

Cuando tiene que elegir entre la mayoría de las y los argentinos y el poder económico, el Poder Judicial no parece tener dudas.

- El ejemplo más paradigmático fue la protección de los entramados empresariales ante la mirada de la AFIP. El 5 de mayo de 2021 el juez Pablo Cayssals hizo lugar a una cautelar contra la AFIP para que no se aplicara la resolución 4838 que permitía exigir planificación fiscal a los contadores y abogados de las empresas. Esta regulación estaba alineada con los estándares diseñados por la OCDE y el G20 desde 2013. Y ya en 2012 el GAFI incluyó esta normativa entre sus recomendaciones.

- Durante la pandemia, la AFIP impulsó una moratoria destinada a las pymes, a fin de proteger a empresas que generan gran cantidad de empleo en el país. El 11 de junio de 2020 la justicia habilitó a dos grandes empresas que solicitaron ser incluidas, porque la medida era “discriminatoria”. De esta manera la justicia volvió a meterse en una decisión de política económica de segmentación por tamaño, a favor de las grandes. La posición de AFIP oportunamente señaló: “pretender que un tribunal de justicia ordene judicialmente la inclusión a un Régimen de Regularización que prevé la condonación de intereses y sanciones así como el decaimiento de causas penales, de un contribuyente explícitamente excluido del mismo, resulta tan arbitrario como pretender que el Poder Judicial se arrogue facultades que no le son propias y determine, directamente, la condonación de deudas impositivas”.

- La justicia favorece sistemáticamente a la familia Macri en la causa Correo: avaló en mayo del 2022 la suspensión del trámite de quiebra del Correo Argentino, hasta que la Corte Suprema resuelva un conflicto de competencia pedido por la defensa del ex Presidente. En abril de 2021, Macri propuso pagar 1.000 millones de pesos sobre 70.000 millones de pesos de deuda (que equivalen a los 296 millones de dólares en 2001). lo que equivale a una quita del 98,5 por ciento de la deuda.

- En agosto de 2022 la Cámara Comercial rechazó el pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para declarar la nulidad de la sociedad Hidden Lake SA, más conocida como Lago Escondido, de Joseph Lewis, ya que se denunciaba el incumplimiento de la empresa de las sentencias firmes para el acceso al lago y el funcionamiento irregular de esa sociedad.

- La IGJ advirtió sobre el accionar sistemático de jueces de la Cámara Comercial que impiden investigar: el caso paradigmático es el “fideicomiso ciego” que administró parte del patrimonio de Macri, sospechado por ocultar bienes y falsear las declaraciones juradas como funcionario público.

- La Cámara Comercial impidió que la IGJ, el Banco Central, la UIF y la AFIP investiguen el origen y destino de fondos de José Aranda, uno de los accionistas de Clarín, a pesar de que podría tratarse de un caso de fuga, lavado de dinero o de evasión.

Es importante comprender que para poder interferir en todo lo mencionado, desde el Poder Judicial afectaron previamente el derecho a la información. En 2009 la justicia dio lugar a la cautelar que presentó el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y el juez Pablo Cayssials, en 2014, aplicó una cautelar para evitar la transferencia de oficio del Grupo Clarín.

El Poder Judicial interviene en la vida cotidiana, en los derechos, y en todos los sectores de la actividad económica. No casualmente, lo hace en favor de las grandes empresas. Si el Estado cuida a los y las argentinas, el Poder Judicial lo corrige del “error”.

*Economistas del Centro de Economía Política (CEPA)